Ortega pide al Fondo Verde 687,710 USD para fortalecer la gestión climática, pese a las concesiones mineras en Nicaragua

El régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ha solicitado 687,710 dólares al Fondo Verde para el Clima con el objetivo de fortalecer la capacidad estatal en materia de cambio climático.

La petición ocurre en un contexto de reiteradas denuncias internacionales sobre el otorgamiento de concesiones mineras y el despojo de territorios indígenas, mientras persiste la afectación a los bosques del país.

Según un documento oficial firmado por el ministro Javier Gutiérrez Ramírez y la directora de proyectos Vanessa Molina Cruz, la iniciativa pretende ejecutar sus actividades a lo largo de 24 meses, enfocándose en la capacitación de funcionarios, la elaboración de instrumentos de política climática y el desarrollo de proyectos que puedan acceder a financiamiento internacional.

De acuerdo con datos publicados por Artículo 66, la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia (SCCP) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) estarán a cargo de la gestión del proyecto. La propuesta incluye capacitaciones presenciales y virtuales, talleres destinados a diseñar estrategias de adaptación y mitigación, así como la creación de una plataforma educativa en línea para funcionarios estatales.

También se prevé el intercambio de experiencias con otros países de América Latina y la elaboración de una hoja de ruta para una estrategia climática nacional de largo plazo.

La solicitud actual contrasta con el antecedente inmediato del proyecto Bio-CLIMA, un programa financiado previamente por el Fondo Verde para el Clima con 116.6 millones de dólares, cuyo propósito era reducir la deforestación y aumentar la resiliencia de las reservas de Bosawás y Río San Juan.

En marzo de 2024, el Fondo Verde canceló este proyecto tras recibir denuncias sobre posibles afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes, así como incumplimientos de salvaguardas ambientales y sociales. Según la investigación interna realizada por el mecanismo independiente de rendición de cuentas del Fondo, las denuncias incluían la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.

A pesar de este precedente, el gobierno de Ortega volvió a presentar una solicitud de fondos, esta vez dirigida exclusivamente a fortalecer capacidades estatales para formular proyectos climáticos y captar recursos internacionales. De acuerdo con Artículo 66, el nuevo documento no se refiere a acciones directas de restauración de bosques ni a la protección de comunidades, puntos que habían sido señalados como críticos por organismos internacionales.

La propuesta oficial identifica cinco obstáculos principales para la gestión climática en Nicaragua: limitaciones en el diseño de proyectos y acceso a financiamiento, carencias técnicas, ausencia de una estrategia climática de largo plazo, falta de una plataforma de capacitación integral y escasa integración del cambio climático en los programas educativos. Entre las actividades programadas figuran la capacitación de funcionarios públicos, el desarrollo de materiales técnicos y la realización de talleres sobre adaptación y mitigación climática.

Según Artículo 66, el documento oficial menciona a los pueblos indígenas y afrodescendientes entre los grupos que se beneficiarían de las políticas climáticas previstas. No obstante, no identifica a organizaciones indígenas concretas como participantes en el diseño de la solicitud ni define mecanismos de consulta directa con estas comunidades. El texto incluye referencias a derechos sobre la tierra en algunos materiales educativos, pero omite detalles sobre la implementación de procesos de consulta.

El contexto en el que se presenta esta solicitud está marcado por cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y ambientales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado suspender la aprobación de concesiones mineras, forestales y de monocultivos en territorios indígenas y afrodescendientes hasta garantizar procesos de consulta previa, libre e informada.

Un monitoreo realizado por el medio Artículo 66 reporta que 83 lotes mineros afectan a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, abarcando más de 1,276,347 hectáreas. Además, se documentó el encarcelamiento de ocho guardabosques mayangnas, condenados por defender sus territorios frente a actividades extractivas.

A pesar de incluir a los pueblos indígenas entre los potenciales beneficiarios, la propuesta no contempla acciones dirigidas a la restauración de bosques ni a la protección directa de comunidades. En el diseño de la plataforma educativa y de las actividades previstas, la participación de sectores vulnerables aparece de manera general, sin precisar mecanismos de consulta ni integración de representantes de las comunidades en el desarrollo del proyecto.

El gobierno de Nicaragua sostiene que la propuesta busca fortalecer la institucionalidad para cumplir con compromisos internacionales en materia de cambio climático y ampliar la participación de sectores vulnerables. Sin embargo, organismos internacionales y grupos de la sociedad civil mantienen sus advertencias sobre el avance de concesiones mineras, la afectación ambiental y la falta de consulta efectiva a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

La nueva solicitud de fondos al Fondo Verde para el Clima se produce en un escenario donde persisten denuncias de despojo ambiental y cuestionamientos a la coherencia de la política climática oficial frente a la situación real en los territorios indígenas del país.