En El Salvador, las mujeres que atraviesan una emergencia obstétrica no solo enfrentan la pérdida de un embarazo: desde abril de 2026 también pueden enfrentar cadena perpetua.
Una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa amplió la pena máxima a los casos de homicidio, la misma figura penal con la que el sistema judicial salvadoreño procesa a mujeres acusadas de aborto.
El dato lo documenta un informe de Médicos del Mundo publicado el 6 de agosto, que reconstruye las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes y población LGBTIQ+ en cuatro países: México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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El estudio, titulado La Cuerpa que Migra, revela que nueve de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual atendidas entre 2021 y 2025 llegaron a los servicios médicos después de las 72 horas de la agresión, el umbral a partir del cual los tratamientos de emergencia, como la anticoncepción postcoital o la profilaxis contra el VIH, pierden efectividad.
El Salvador: criminalización que se profundiza
La situación salvadoreña parte de una base legal sin excepciones: desde 1998, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, y una enmienda constitucional de 1999 blindó esa prohibición al establecer la protección de la vida desde la concepción.
La consecuencia práctica es que las mujeres con complicaciones obstétricas son denunciadas por el propio personal médico, procesadas por homicidio agravado y condenadas a penas de entre 30 y 50 años.
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Una activista citada por la agencia EFE en abril de 2026 contabilizó 181 mujeres procesadas por aborto o emergencias obstétricas hasta 2019, y al menos 35 más entre ese año y 2025. Hasta diciembre pasado, 81 de ellas habían recuperado la libertad gracias a la presión de organizaciones civiles.
La reforma de abril endureció ese escenario. Al habilitar la cadena perpetua para casos de homicidio, el texto legal dejó a las mujeres bajo sospecha de aborto expuestas a la pena más alta del sistema penal salvadoreño.
Para las migrantes, el riesgo se multiplica: carecen de redes de apoyo legal, enfrentan barreras idiomáticas y, según el informe de Médicos del Mundo, los servicios de salud sexual y reproductiva diferenciados para personas en movilidad prácticamente no existen en el país.
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En la zona fronteriza de Ahuachapán, limítrofe con Guatemala, se registran altos índices de embarazo adolescente y migración forzada por violencia.
Los proyectos de atención a adolescentes son puntuales y dependen de organizaciones no gubernamentales. El Estado no cuenta con protocolos específicos para migrantes ni para la población LGBTIQ+.
En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló a El Salvador responsable de violencia obstétrica en el caso de Beatriz, una mujer a quien se le negó un aborto terapéutico en 2013 pese a un embarazo de alto riesgo.
El fallo fue un precedente regional, pero no modificó la legislación interna.
Honduras: la prohibición más blindada de la región
Honduras comparte con El Salvador la penalización total del aborto, pero su arquitectura legal es aún más difícil de revertir. En 2021, el Congreso reformó el artículo 67 de la Constitución para incorporar explícitamente la prohibición y estableció que cualquier modificación futura requiere el voto favorable de más de tres cuartas partes del Legislativo, un umbral superior al que la propia Constitución exige para otras reformas.
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En ese marco, El Salvador y Honduras son dos de los seis países de América Latina y el Caribe, junto a Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam, donde el aborto está penalizado sin excepción alguna, ni siquiera cuando la vida de la gestante corre peligro.
La situación de la anticoncepción de emergencia en Honduras tuvo un cambio en 2023: tras más de una década de prohibición total, vigente desde 2009, el gobierno reguló su venta libre en farmacias.
Pero la Corte Suprema hondureña ya había avalado antes la prohibición, al equiparar el uso de la pastilla del día siguiente con un intento de aborto. La activista Morena Herrera advirtió a Amnistía Internacional a fines de 2025 que sectores conservadores del país buscaban volver a prohibir la anticoncepción de emergencia.
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Para las mujeres y niñas migrantes que atraviesan Honduras, la combinación de esas restricciones legales con la escasez estructural de servicios genera un vacío de atención documentado.
En El Paraíso, el departamento que concentra los principales puntos de cruce fronterizo, como Danlí y Trojes, los centros de atención integral para personas en movilidad son recientes y cubren una fracción de la demanda. Las necesidades más reportadas allí son atención prenatal, gestión menstrual y atención a sobrevivientes de violencia sexual.
La cifra que resume la brecha
En Honduras, el 60.1% de los hogares vivía en 2025 por debajo de la línea de pobreza nacional, según datos del gobierno citados por Human Rights Watch.
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Ese dato no es accesorio: la pobreza determina quién migra, bajo qué condiciones y con qué posibilidades de acceder a atención médica en el tránsito.
El informe La Cuerpa que Migra subraya que la atención efectiva a la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes en ambos países recae casi por completo en organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que en San Pedro Sula completó en 2025 dos proyectos y reorientó sus actividades hacia un centro de salud sexual y reproductiva con servicios para población LGBTIQ+, trabajadoras sexuales y adolescentes.
En 2025, el equipo de MSF registró 530 consultas por anticoncepción y atendió a 93 personas por violencia sexual en esa ciudad.
Esa red humanitaria es, en la práctica, el único sistema que funciona. Pero opera con financiamiento internacional que, según el mismo informe, muestra una reducción sostenida desde 2024.
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El contexto regional que agrava el cuadro
En julio de 2026, la Organización Panamericana de la Salud y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica firmaron un memorando de cooperación para fortalecer políticas de salud integral con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, con atención específica a mujeres en movilidad. El acuerdo reconoce la brecha entre los marcos legales existentes y su implementación real.
Ese mismo mes, la OIM informó que Honduras recibió 23,952 migrantes deportados entre enero y junio de 2026, un aumento del 40% frente al mismo período de 2025. El 11% de las personas retornadas fueron mujeres. Cada una de ellas regresa a un país donde el sistema de salud no tiene protocolos diferenciados para atenderlas.
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Entre 2020 y el primer semestre de 2025, organizaciones de derechos humanos registraron 490 agresiones contra 65 defensoras y 36 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Mesoamérica. Honduras y El Salvador figuran entre los contextos más hostiles de esa contabilidad.
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