El Gobierno y el FMI discrepan por la reducción de los subsidios a la energía y se postergó la firma del acuerdo

Los negociadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mostraron sus dientes en las última horas para exigir un mayor ajuste del gasto público destinado a subsidiar las tarifas de energía eléctrica. Alberto Fernández rechazó la exigencia del staff del Fondo y el acuerdo programático para evitar un default en marzo quedó en un impasse hasta que se resuelva este inesperado conflicto político que sorprendió a Balcarce 50 y la Casa Blanca.

El Presidente ratificó su decisión de rechazar la presión del FMI durante un encuentro a solas que mantuvo ayer con Martín Guzmán en la quinta de Olivos. No se descarta una reunión urgente entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva -directora gerente del Fondo- para encontrar una salida al inesperado escollo técnico -político.

Tras largos meses de negociación en Washington, Roma, Venecia y Buenos Aires, Guzmán se comprometió a cumplir con el staff y el board del FMI un sendero fiscal que reduce muy fuerte el déficit en los próximos años. Desde la perspectiva de Alberto Fernández esa promesa al Fondo no implicaba un ajuste económico y a su vez abría la posibilidad de un crecimiento constante y sostenido.

El sendero fiscal diseñado por Guzmán fue presentado por el staff al board del Fondo durante una reunión que fue clave para avanzar en las negociaciones. En ese directorio informal ocurrido hace diez días, la Casa Blanca dejó en claro que había una decisión política de acompañar a la Argentina para que pueda refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en 2018.

Sin embargo, y pese al apoyo explícito de la administración de Joseph Biden, los directores de Estados Unidos, Japón, Canada y Alemania evidenciaron sus cuestionamientos técnicos al plan que está tratando de cerrar Guzmán con Julie Kozack y Luis Cubeddu, dos importantes funcionarios del FMI que responden a las órdenes directas de Kristalina Georgieva.

Los representantes de Estados Unidos, Alemania, Japón y Canadá fueron críticos respecto a la viabilidad del sendero fiscal y a la ausencia de reformas estructurales (en materia laboral, impositiva y jubilatoria).

Kozack y Cubeddu hicieron su mayor esfuerzo para convencer a los integrantes del board, y quedaron perplejos cuando vía zoom se hizo una pregunta puntual sobre los subsidios para la energía eléctrica.

“Nos prometieron aumentar la producción, bajar los costos y subir las tarifas para los hogares de ingresos altos”, contestaron los dos negociadores del FMI.

-De acuerdo, ¿ y a cuánto van a bajar los subsidios?-, insistieron en el board a Kozack y Cubbedu.

-No sabemos los porcentajes-, reconocieron los dos funcionarios del Fondo.

El sendero fiscal es una pieza fundamental en el acuerdo que intenta cerrar Argentina con el FMI. Y ese sendero -que establece un déficit fiscal de 2.5 del Producto Bruto Interno (PIB) para 2022-, se construye con una reducción importante de los subsidios a las tarifas eléctricas.

Alberto Fernández y Guzmán aseguran que la suba del casi 20 por ciento de las tarifas públicas y la segmentación por usuarios satisfacen la necesaria reducción del gasto público para llegar a un déficit de 2.5 del PIB en 2022.

“De ahí no nos movemos”, afirmó un miembro del gabinete que conoce todos los secretos de la negociación.

Por su parte, el staff del FMI argumentó en los últimos días que ese 20 por ciento de aumento y la segmentación de usuarios no alcanza para asegurar la sustentabilidad del sendero fiscal que Argentina promete cumplir a cambio de refinanciar la deuda millonaria que contrajo Macri.

Guzmán -por instrucción presidencial- rechazó las exigencias del FMI, y desde ese momento el Staff Agreement quedó en suspenso. Alberto Fernández sostiene que más del 20 por ciento de aumento es un ajuste de la economía que no avalará, y los negociadores del Fondo replican que sin un incremento mayor de las tarifas, el board no avalará un programa que ya considera endeble y poco fiable.

El jefe de Estado deseaba anunciar hoy el Staff Agreement y mañana enviar a Diputados la Ley FMI que se sancionaría durante los primeros días de marzo. A continuación, el board del Fondo aprobaría el acuerdo que permitirá refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares y evitar un nuevo default de la Argentina.

Alberto Fernández anoche hacía un nuevo cálculo político: desea cerrar el jueves, enviar la Ley FMI a Diputados el viernes, forzar su tratamiento parlamentario en la segunda semana de marzo, y lograr que el board apruebe el acuerdo de refinanciación antes del 22 de marzo.

Ese día, si no pagamos 2.800 millones de dólares, caemos en default.

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