La Corte convocó a una audiencia entre la Casa Rosada y el gobierno porteño para resolver el conflicto de la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia privada para el 10 de marzo entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno porteño, en el marco del conflicto abierto por los fondos de coparticipación que reclama la ciudad de Buenos Aires. Los ministros de la Corte Suprema resolvieron este jueves citar al ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro, en nombre del Ejecutivo Nacional; y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, de cara a acercar posiciones en esta demanda.

No es la primera vez que el máximo tribunal opta por esta alternativa. Ya se había hecho en un conflicto desatado entre la provincia de La Pampa y la de Mendoza por la histórica disputa que mantienen ambas provincias por el caudal del río Atuel, según recordaron en el Palacio de Tribunales ante la consulta de Infobae. En aquella oportunidad, como las partes no se pusieron de acuerdo, la Corte terminó dando su veredicto.

En la causa, iniciada en septiembre del 2020, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta demanda al Estado Nacional invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. Puntalmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses.

A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

La disputa surgió luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad, tras el conflicto que tuvo el Gobierno de Axel Kicillof con la policía bonaerense. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad presentó un amparo para que esa decisión sea declarada inconstitucional y solicitó que se dictara una medida cautelar para seguir recibiendo ese dinero mientras se definía la cuestión de fondo. Entre otros puntos, habló de la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que atribuyó al decreto y reseñó todos los antecedentes del régimen de coparticipación.

Y en diciembre del 2020, CABA reforzó su planteo con una acción declarativa de certeza para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, relativa al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y se condenara al Estado Nacional a pagar a la Ciudad la suma total que resulte de la pérdida sufrida en los ingresos correspondientes a la coparticipación, desde el 10 de septiembre de 2020 y hasta su efectivo pago.

Al contestar la demanda, el Estado Nacional rechazó los planteos y defendió sus decisiones. Es más, sostuvo que había que condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a restituir los importes percibidos -según sostiene­- de forma indebida y en exceso durante la vigencia de los decretos derogados 194/16, 399/16 y 257/18.

En ese contexto, La Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación entre funcionarios de las Procuración del Tesoro de ambos gobiernos que no lograron avanzar.

Y por eso, entonces, ahora se genera esta convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a puertas cerradas entre De Pedro, en nombre del Ejecutivo, y Rodríguez Larreta y los propios ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La Corte Suprema ya tuvo que lidiar entre un conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo Nacional el año pasado, cuando Rodríguez Larreta quería retomar la presencialidad de las clases para los chicos en medio de la pandemia y Nación sostenía que crecería la circulación del virus. En aquel momento, Larreta ganó la partida en base a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando Nación decidió quitar esos fondos de CABA, Rodríguez Larreta decidió aplicar a partir de 2021 un nuevo tributo: el impuesto a los sellos para las tarjetas de crédito, que representará un 1,2% sobre el total del resumen de los gastos realizados con ese medio de pago para todos los porteños. Esa medida también fue judicializada en este caso por el Banco Central de la Nación contra CABA.

Durante la campaña de las últimas elecciones, Rodriguez Larreta justificó aquella medida: “Fueron 70 mil millones de pesos y me avisaron un minuto antes”. Y también dijo: “Si la Corte Suprema hace que nos devuelvan la plata de la coparticipación, bajo los impuestos que subimos”.

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