A raíz del fallecimiento de 24 personas por la cocaína adulterada en Puerta 8, la despenalización del consumo de drogas volvió a ser uno de los temas de debate.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti reconoció que “el abordaje de este Gobierno no es la penalización” de los consumidores y reiteró que “el Estado tiene que poner los recursos para combatir el narcotráfico y en la prevención y en acompañar a aquellos que tienen consumo problemático”.
“La problemática del consumo de drogas la debemos abordar, pero no es un solo abordaje. Y la posición de este Gobierno de ese abordaje no es la penalización; hay que trabajar en una cuestión de prevención y de acompañamiento a los que tienen consumos problemáticos. Estamos avanzando en la discusión de leyes que lleven este tema a una mirada global e integradora”, dijo Cerruti y recordó que en estos momentos “está en discusión en el Congreso la despenalización del cannabis medicinal y el cáñamo”.
En la Argentina el consumo problemático de drogas hoy está basado en el prohibicionismo. Sin embargo, la portavoz contempló la despenalización de algunas sustancias.
“Yo personalmente tengo presentados proyectos de ley tanto cuando fui legisladora porteña como diputada nacional, porque como todas las sustancias prohibidas y todo lo que es clandestino, se termina penando solamente al consumidor y no haciéndose cargo del gran problema que es el narcotráfico”, dijo Cerruti durante su tradicional conferencia de prensa de los días jueves.
En tal sentido, ratificó que “el Estado tiene que poner los recursos para combatir el narcotráfico y prevenir el consumo y acompañar el consumo problemático para ayudar a salir de esa situación. Es una temática en la que estamos abocados y trabajando”.
Cabe recordar que la legislación que regulará la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial ya tiene media sanción del Senado. El Poder Ejecutivo logró que sea incluido en el temario de proyectos que se tratarán en las sesiones extraordinarias de este mes.
En el Senado el tratamiento en comisiones y la votación fueron casi “exprés”. El consenso entre oficialismo y oposición -salvo mínimas excepciones que fueron acordadas en el texto de la ley- respondieron a la urgencia y la conveniencia de todos: el negocio detrás del desarrollo productivo de esta planta es prometedor para todas las provincias.
Una estimación “conservadora” del Ministerio de Desarrollo Productivo prevé para 2025 la generación de 10.000 puestos de trabajo, el movimiento de 500 millones de dólares en consumo del mercado interno y USD 50 millones en exportaciones.
La ley votada ya en el Senado -con el voto afirmativo de 56 legisladores, 5 negativos y una abstención- contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como función regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
Por fuera de esta iniciativa quedan los permisos de autocultivo para uso medicinal. En en marzo de 2021, el Ministerio de Salud creó el Reprocann, un registro para consumidores y cultivadores medicinales, y ya se inscribieron 75.000 personas y fueron habilitadas más de la mitad; unas 40.000, según confirmaron a Infobae desde la cartera que conduce Carla Vizzotti.
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