El Gobierno apuesta al cannabis: qué dice el proyecto de ley que incluyó en las sesiones extraordinarias

El gobierno nacional imagina que la planta de cannabis podrá potenciar en el corto plazo la recuperación económica pospandemia, con la creación de miles de fuentes de trabajo de acá a 2025, y un circuito de dinero por el consumo interno y el comercio internacional que sumará divisas a una caja flaca que, contexto de deuda con el FMI mediante, necesita dólares como nunca antes.

Es por eso que el Poder Ejecutivo Nacional incluyó entre los 18 temas que mandó al debate para las sesiones extraordinarias en Diputados, previstas para febrero, el proyecto de ley “tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones”, que ya tiene media sanción del Senado.

“Es uno de los cinco o seis proyectos que creemos que se van a tratar y que debería salir porque hay consenso con una parte mayoritaria de la oposición”, comentó a Infobae una fuente influyente del bloque del Frente de Todos, que comanda Máximo Kirchner.

El interés económico y productivo no es propiedad exclusiva del ministro de Desarrollo Productivo nacional, Matías Kulfas, encargado de la iniciativa por el presidente Alberto Fernández a principios de 2020. Provincias gobernadas por la oposición como Jujuy y Corrientes, y oficialistas como San Juan o La Rioja, trabajan en emprendimientos industriales de cannabis públicos y privados.

San Luis, por caso, será la sede de una exposición sobre cáñamo industrial en junio y su gobernador, Alberto Rodríguez Saa, ya se manifestó durante las reuniones de comisión del Senado no sólo a favor de esta ley sino también de avanzar en una regulación de la tenencia y el cultivo de marihuana para consumo personal.

El proyecto había conseguido en noviembre pasado el dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto de Diputados con el apoyo unánime de los 17 legisladores del Frente de Todos y de seis del bloque Juntos (cuatro de la UCR y dos del PRO), integrantes de la anterior composición de la Cámara. Entre los que rechazaron la iniciativa se destacaron llamativamente el vicepresidente de la comisión de Agricultura, Pablo Torello, y el ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, por lo que se descarta que serán dos de los diputados opositores que voten en contra de un proyecto que, se prevé, mejoraría el sector agroindustrial.

Sin embargo, deberá volver a las comisiones porque Diputados tiene nuevos representantes. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, trabajó en estos días para ordenar el temario y la confección de las comisiones. La expectativa, o el plan, en el Gobierno es que al final de la semana que viene salga el dictamen y la otra se vote. “El acuerdo de los bloques está”, es la información que compartieron con este medio fuentes de un lado y del otro de la ”grieta”.

“La ley de uso medicinal no garantizó el acceso a la salud de los pacientes, no garantizó la producción para emprendimientos, a la ley le falta una parte y esa parte es esta ley, que da permisos para cultivar, comercializar, exportar no solo cannabis medicinal sino cáñamo industrial. Es una regulación para el desarrollo productivo, central porque si no las familias tenían que importar productos de Uruguay, Chile o acudir a los cultivadores solidarios o cultivadores que cobran de manera ilegal, con productos que pueden no tener los estándares de calidad”, comentó la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) en las discusiones en comisiones de noviembre del año pasado para explicar el alcance del proyecto.

Aquella vez parecía que se votaría en Diputados, pero la disputa con la oposición frenó los planes y los demoró para este 2022. Aunque existe cierta división entre el “ala dura” y el “ala blanda” y entre sectores del PRO y de la UCR, mayoritariamente la coalición Juntos votaría a favor, si es que decide dar quórum. A nivel político, el proyecto cannabis es uno de los “caballos de batalla” de uno de los aspirantes a la Presidencia de la Nación en 2023, Gerardo Morales. De hecho, el contador jujeño fue uno de los que “convenció” a Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, para que en el Senado sus legisladores acompañaran el proyecto oficialista.

En el Senado el tratamiento en comisiones y la votación fueron casi “exprés”. El consenso entre oficialismo y oposición -salvo mínimas excepciones que fueron acordadas en el texto de la ley- respondieron a la urgencia y la conveniencia de todos: el negocio detrás del desarrollo productivo de esta planta milenaria -prohibida y demonizada durante los últimos 90 años- es prometedor para todas las provincias, no sólo Jujuy. Casi todos ven lo resultados y las proyecciones alentadoras que se dan en países donde la industria comenzó a desarrollarse en los últimos años, como Estados Unidos, Canadá, Israel o Colombia.

Una estimación “conservadora” del Ministerio de Desarrollo Productivo prevé para 2025 la generación de 10.000 puestos de trabajo, el movimiento de 500 millones de dólares en consumo del mercado interno y USD 50 millones en exportaciones.

La industria del cannabis en el mundo -para usos medicinal, industrial y también consumo adulto- creció drásticamente en los últimos años como reacción a las legalizaciones en distintos estados y naciones y una avalancha de inversiones de empresas de capital de riesgo. La industria se expandió el año pasado cuando Nueva Jersey, Montana, Dakota del Sur y otros estados y jurisdicciones de Estados Unidos legalizaron el uso “recreativo” del cannabis, junto con Nueva York, Virginia, Nuevo México y Connecticut.

Según estimaciones publicadas la semana pasada en el sitio Statista, se espera que las ventas globales de cannabis aumenten de $13.400 millones en 2020 a $33.600 millones en 2025, generado por las legalizaciones que podrían aprobar México y Alemania en 2022, dos mercados inmensos, y una larga lista de nuevas empresas dedicadas a la producción, distribución, infraestructura, venta, entre otras. Esa ola crece en Argentina y los inversores sólo esperan la firma de la ley para empezar a producir, aunque algunos emprendimientos ya están avanzados. Kulfas lo sabe.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que Argentina se convierta en un líder regional en el negocio del cannabis industrial, basado en las reconocidas capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas del país en todo el mundo.

Por eso, es probable que en marzo Kulfas y su par de Salud, Carla Vizzotti, viajen a Israel a conocer procesos productivos, regulaciones estatales y experiencias de un país que es pionero a nivel científico en este tema. La idea, incluso, es conocer y entrevistarse con Raphael Mechoulam, el hombre que en los años 60 logró dilucidar la estructura molecular de la planta: descubrió el THC y el CBD y se convirtió en el padre de lo que hoy se conoce como “cannabis medicinal”. El viaje estaba programado para enero pero el rebrote global de COVID-19 lo suspendió.

Con el cannabis y sus semillas se elaboran infinidad de productos desde hace cientos de años. De hecho, fue una commoditie clave para la economía del mundo hasta el siglo XIX, al nivel de lo que hoy podría ser el petróleo o la soja. Manuel Belgrano escribió sobre los beneficios del cultivo de cannabis para uso industrial en sus memorias de 1797.

Argentina produjo en distintos momentos de su historia en casi todo el país fibra de cáñamo para fabricar yute o material textil como lonas y sogas, hasta que en 1977 la última dictadura militar prohibió el uso y cerró la última empresa que trabajaba con la planta, la Linera Bonaerense, en la ciudad de Luján.

Con esta regulación, el mercado local estará en condiciones de producir ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, autopartes o “súper alimentos” fabricados a base de esta planta y sus semillas, entre otros productos. Y que también se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva. Además, por supuesto, de aceites, cremas y tinturas para aplicaciones medicinales.

La ley votada ya en el Senado -con el voto afirmativo de 56 legisladores, 5 negativos y una abstención- contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como función regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

El proyecto original quedó levemente modificado después de que senadores y senadoras plantearan en el plenario de las comisiones la necesidad de una participación más concreta de las provincias en la Agencia. De este modo, después de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el proyecto propuesto en el dictamen de las comisiones incluye la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis medicinal y un Consejo Consultivo Honorario, una instancia que habían pedido los representantes de las organizaciones civiles que militan el uso del cannabis desde hace décadas. Además, por pedido de los y las senadoras, la ARICCAME podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.

Las normas de procedimiento, las autorizaciones para importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de plantas, semillas y derivados estarán a cargo de la Agencia.

En el Gobierno prometen que la reglamentación de la ley apuntará a preferencias y facilidades para Pymes y cooperativas, políticas para financiamiento y acompañamiento para ONGs con el fin de que se adecuen al marco regulatorio. Y aseguran que el mecanismo para la autorización de producción del cáñamo no medicinal será “flexible”.

Por afuera de esta ley quedan los permisos de autocultivo para uso medicinal, algo ya contemplado en la ley 27.350 y que se efectiviza a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Lo que sí garantiza esa ley que ya tiene media sanción del Senado, es que se puedan fabricar aceites, cremas y tinturas para uso medicinal que actualmente son muy difíciles de conseguir en el mercado legal.

“Un marco normativo que regule la producción, industrialización y comercialización de productos derivados del cannabis con fines terapéuticos contribuirá a desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad”, remarcó el Poder Ejecutivo en el mensaje que antecede el articulado del anteproyecto que entrará en las sesiones extraordinarias.

La idea presentada por el Gobierno busca fomentar la producción en las provincias y que la industria cannábica reemplace rubros estancados, como el tabacalero: “Por su alta adaptabilidad ambiental, el cáñamo puede ser la solución para la reconversión de sectores productivos hacia actividades más amigables con el medio ambiente y más rentables económicamente, y una oportunidad de crecimiento para zonas aún no desarrolladas en materia agroindustrial”. Un caso testigo es el de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales aspira a que los productores de tabaco migren hacia el cannabis.

“Hoy ya no estamos para discutir qué es el cannabis medicinal y su relevancia sino un pasito más: pensar el futuro de esta industria en Argentina, cómo trabajamos una industria de calidad y aportar soluciones a mucha gente que lo necesita. Es un desafío hermoso pensar una industria nueva desde cero, cómo la desarrollamos con presencia de cooperativas, de Pymes, con investigación aplicada, que pueda plantear un producto de calidad”, dijo meses atrás Kulfas. La frase sintetiza la expectativa del Gobierno.

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