La maniobra es sencilla pero nunca había sido detectada, y mucho menos investigada por la Justicia. Durante los últimos dos años, decenas de empresas y algunos organismos públicos habrían comprado aviones, preferentemente en Estados Unidos, con una enorme sobrefacturación. En cada operación interviene el Banco Central, que autoriza el giro de los fondos al exterior. Cuando el avión aterriza en el país, tampoco hay controles. Al menos hasta ahora.
El fiscal federal Guillermo Marijuán puso en marcha una investigación preliminar para recabar datos antes de iniciar un expediente formal. El primer paso, según pudo saber Infobae, fue pedir informes tanto al Banco Central como al Registro de Aeronaves.
En el caso del Banco Central, deberá contestar, con carácter de urgente, la “nómina de las personas físicas y/o jurídicas -públicas o privadas- a quienes se le vendieron divisas para el pago en el país y en el exterior de aeronaves”.
La información abarca los años 2020 y 2021.
Al Registro de Aeronaves, que depende de la titular de la Administración Nacional de Aviación (ANAC) Paola Tamburelli, el fiscal le solicitó “la totalidad de aeronaves que hayan sido inscriptas y/o matriculadas desde el inicio del año 2020 hasta la actualidad, debiendo acompañar la documentación que dé cuenta de sus propietarios, titulares, identificación (matrícula y nombre) de la aeronave y demás información con la cual pudiera contar ese organismo”.
La investigación recién comienza pero ya genera un temblor en el mercado aeronáutico. Según fuentes del sector consultadas por este medio, en los últimos dos años se habrían comprado más de 200 aviones. Muchos de ellos, con esa maniobra de sobrefacturación.
“La maniobra empieza con la sobrefacturación en Estados Unidos. El comprador pide una factura con un precio más alto del real. Con eso, las empresas solicitan la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llega el avión al país, no se controla en la Aduana y termina siendo un negocio redondo”, explicó a Infobae un empresario aeronáutico.
La mayoría de las operaciones involucran a empresas de taxis aéreos, que además tienen enormes facilidades impositivas. También habría empresarios de primera línea, algunos de ellos procesados por las maniobras descriptas en la causa de los cuadernos de la corrupción.
La investigación ocurre después de la polémica por la compra de un avión oficial para la provincia de Buenos Aires. Según una investigación publicada en el sitio Border Periodismo, la administración de Axel Kicillof autorizó el pago de USD 7.195.214 para adquirir un Beechcraft King Air B200GT/250, aunque el valor de mercado no superaría los USD 5 millones.
Hay más sospechas porque la operación se hizo a través de una firma radicada en Ohio (Estados Unidos) que no tiene antecedentes en la venta de aeronaves. La empresa RSLINK LLC pertenece a Rodolfo López Hower, un ex integrante de la Fuerza Aérea argentina, y solo tiene operaciones previas con el Estado Mayor Conjunto.
La compra del avión, con capacidad para 7 pasajeros, lleva la firma del ministro de Seguridad Sergio Berni, que tiene a su cargo la Dirección de Aviación de la Provincia, pero ya había sido autorizada por diversos organismos de control de la provincia de Buenos Aires. Ninguno detectó alguna irregularidad.
“La Provincia de Buenos Aires tiene 307 mil kilómetros cuadrados, es 1.523 veces más grande que la Ciudad. Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro y los funcionarios necesitan trasladarse en avión”, explicó Berni antes los cuestionamientos.
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