La inseguridad se metió de lleno en la recta final de la campaña

Ni en el escenario más pesimista el Gobierno se imaginaba llegar al último tramo de la campaña reprimiendo una protesta popular en contra de la inseguridad en su principal bastión electoral, La Matanza.

Fueron dos jornadas consecutivas de intensas manifestaciones. La primera con la herida social recién abierta, a pocas horas del crimen del kiosquero de Ramos Mejía. La otra sucedió anoche, cuando una multitud de vecinos marchó hacia la comisaría 2° que está a tres cuadras de donde Roberto Sabo fue asesinado de un disparo en la cabeza el último domingo. Un triple vallado policial impidió que la gente se acercara. Hubo forcejeos, gases lacrimógenos, botellazos, piedrazos y el grito de “que se vayan todos” contra políticos, jueces y legisladores, y un pedido constante por seguridad, justicia y perpetua para Leandro Daniel Suárez, el hombre sindicado como el autor del homicidio.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de la gente desde hace al menos una década. Trascendió a los años de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y persiste en la gestión de Alberto Fernández. Incluso se mantuvo como un tema latente en los meses más críticos de la pandemia de COVID-19.

El Gobierno está sorprendido, de ninguna manera esperaba que el asesinato del kiosquero derivara en tamaña manifestación popular donde por primera vez, en dos años de mandato, respondió con represión. Algo alejado a la estrategia proselitista del Frente de Todos tras la derrota en las PASO, que apunta a medidas concretas y a corto plazo para generar un contexto anímico positivo, la campaña del sí.

La marcha contra la inseguridad, y su posterior represión, atenta contra los manuales del oficialismo. Sobre todo al haber sucedido en el distrito donde el peronismo ha sabido definir elecciones. Desde el punto de vista económico, Ramos Mejía era una típica localidad de clase media que ahora es de clase media-baja producto de las reiteradas crisis. Desde el punto de vista político, pese a pertenecer a La Matanza allí se concentra un voto crítico contra el peronismo.

La Matanza es uno de los distritos oficialistas del conurbano donde el Kirchnerismo focalizó este segundo tramo de la campaña para recuperar el voto propio que en las PASO eligió otra opción o directamente ni se acercó a las urnas. Semanas atrás el propio Alberto Fernández visitó la intendencia de Fernando Espinoza.

Frente a semejante movimiento de réplica popular, en Casa Rosada medirán con extrema cautela cualquier definición antes de hacerla pública. A priori, guardarán silencio sobre el caso del kiosquero asesinado, en parte porque desconocen como tratar un tema tan sensible a tan poco de las elecciones y también porque el hecho ocurrió en un municipio donde los votos para el oficialismo están asegurados. Además tampoco pueden culpar la oposición ya que desde la vuelta de la democracia allí siempre gobernó el Partido Justicialista.

En el Frente de Todos sospechan de algún tipo de movimiento opositor detrás de la ebullición social que se vivió ayer en Ramos Mejía. Pero como no lo pueden probar, no lo pueden decir.

Según pudo saber Infobae, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández se puso a disposición de la Provincia pese a la interna con Sergio Berni. Recientemente desplegó seis mil agentes federales en el conurbano: había mandado 4.500 gendarmes a La Matanza y, tras la reacción de los vecinos de Ramos Mejía, este lunes mandó 500 más.

Entre Nación y Provincia hay desconfianzas mutuas, más allá del afecto entre Aníbal Fernández y Berni. Pese a los cambios de Gabinete, el ministro bonaerense recrudeció su enojo contra la gestión de Alberto Fernández tras la derrota en las PASO. Mientras que en Casa Rosada lamentan -mascullando bronca- estar recibiendo el impacto del crimen del kiosquero cuando la seguridad del área corresponde a la administración bonaerense, precisamente a Berni.

El momento de mayor tensión en Seguridad impactó sobre Axel Kicillof el año pasado con la protesta de efectivos de la bonaerense, pero las esquirlas llegaron al Presidente con una amenazante manifestación frente a la Quinta de Olivos. Alberto Fernández desactivó el conflicto con el recorte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que reasignó a la provincia.

Jamás, desde que el Frente de Todos es Gobierno, hubo una reacción social de tal magnitud como la de anoche en Ramos Mejía, menos aún con represión de por medio. La línea que baja Nación es la de no represión y la prueba está en que no sucede en los incontables piquetes que suceden a diario en la Capital Federal.

Berni fue el único funcionario que dio la cara en medio de los incidentes. El domingo se acercó al lugar, habló con la ex esposa de Roberto Sabo, y justificó ante las cámaras el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “Yo ayer (domingo) estuve 3 horas en la comisaría donde fueron los incidentes y estuve en el patio donde estaban los detenidos. Cualquier persona normal no puede estar más de un minuto en ese lugar. ¿Sabe por qué hoy tuve que actuar así? ¿Con los gases lacrimógenos? Porque tengo 30 detenidos adentro que si llegan a prender fuego la comisaría se me calcinan”, explicó en diálogo con TN.

La lectura que hacen en el Ministerio de Seguridad de la provincia sobre el hecho en Ramos Mejía es que se trató de “un fenómeno particular”, independientemente de la inseguridad que pueda azotar a la zona. Ante la sorpresa que generó la repercusión del crimen del kiosquero Roberto Sabo, el oficialismo intentará hacer pie mostrando gestión. El intendente Fernando Espinoza alega que su gestión sumó 250 patrulleros nuevos, 3.500 alarmas comunitarias, 15 torres de vigilancia con conexión satelital y cámaras 360, y adelantó que se están instalando dos mil cámaras de seguridad que se suman a las 1.000 ya instaladas en el municipio, anillos con detectores de patentes en los accesos y “tótems de seguridad” en los principales centros comerciales que cuentan con cámaras y botones antipánico.

De manera similar se movió Berni, difundiendo datos estadísticos de los delitos prevenibles entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019 y el 1 de enero y 31 de octubre de 2019. Si bien a nivel local el kirchnerismo no puede endilgar responsabilidades en la oposición, a nivel provincial el ministro de Seguridad utiliza los números para polarizar con la ex gobernadora María Eugenia Vidal: a excepción de las violaciones, el resto de los delitos -como robos, hurtos, y asaltos- bajó.

Según el informe elaborado por la Superintendencia de Análisis Criminal hubo 28.654 delitos prevenibles cometidos de enero a octubre de 2019 y 20.800 en lo que va de este año. En declaraciones a distintos medios, Berni volvió a insistir con que la inseguridad es “una enfermedad endémica” de la provincia. Con respecto a La Matanza, indicó que en 2019 hubo 112 homicidios y este año 96, un 14% menos. El funcionario apuntó contra los jueces y pidió que se alineen con las fuerzas de seguridad.

Este lunes el jefe de Gabinete Juan Manzur recibió a la vicegobernadora Verónica Magario y le consultó sobre la situación del municipio que gobernó entre 2015 y 2019. La expectativa por ganar en el distrito se mantiene, pero preocupa el aumento de la inseguridad. En el Frente de Todos temen que el crimen del kiosquero repercuta en los municipios donde pretendían acortar la distancia con Juntos por el Cambio.

Ayer, Alberto Fernández mantuvo conversaciones con Axel Kicillof. En materia estricta de seguridad, en las últimas horas el diálogo fue entre Aníbal y Berni, y de este último con el gobernador quien a su vez mantiene el teléfono abierto con Fernando Espinoza. En el oficialismo buscan homogeneidad en el accionar de los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal. Hoy seguirían las conversaciones cruzadas entre los protagonistas. No hay margen para más improvisaciones y respuestas fallidas.

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