La fiscal de Bariloche que investiga a los mapuches recibió el respaldo de Casal y seguirá en el cargo

La renuncia de la fiscal federal subrogante Sylvia Little había impactado en medio de una nueva escalada del conflicto mapuche. Little, que tiene a su cargo las causas judiciales por las usurpaciones, los cortes de ruta, y los ataques perpetrados por esos grupos, presentó su renuncia este lunes por la falta de apoyo. “Se sintió sola, siempre fue al frente con las causas, está decepcionada”, había trascendido desde su entorno. El detonante de la renuncia fue la absolución de María Nahuel, usurpadora de Villa Mascardi. Pero el conflicto acaba de dar un vuelco: el Procurador Eduardo Casal decidió darle un fuerte respaldo por lo que seguirá en su cargo.

A través de una resolución a la que tuvo acceso Infobae, Casal conformó un equipo especial que apoyará a la fiscal de Bariloche. Ese equipo estará integrado por Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y Gabriel González Da Silva. Además, el Procurador dispuso que la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Penales (DATIP) “brinde la colaboración necesaria, en los procesos que así lo requieran, a la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche, a solicitud de la doctora Little”.

En esa misma resolución, Casal destacó “la labor que viene realizando (la fiscal) en una jurisdicción con una conflictividad particular y la experiencia que ella tiene a su respecto”.

La fiscal también recibió al apoyo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. “En el día de la fecha, si bien se ha dispuesto desde la Procuración General de la Nación ampliar la colaboración que pudiere demandar, se insta al resto de los poderes del Estado Nacional al apoyo en el mismo sentido, sin que ello determine conculcar o violar derechos constitucionales de los imputados”, dice un comunicado de esa entidad.

Little había presentado su renuncia este lunes ante la Fiscalía General de la Cámara Federal de General Roca. El detonante, tal como contó este medio, fue el reciente sobreseimiento de la dirigente mapuche María Nahuel, quien fue imputada por agredir físicamente a la propia Little y entorpecer la investigación. El hecho ocurrió en 2017 y fue una de las causas anexas del expediente principal por usurpación de dos predios en Villa Mascardi, por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Pero no fue el único motivo. “Estaba decepcionada”, repiten en su entorno. En la intimidad, Little admitía que no había tenido el apoyo suficiente. Entre los destinatarios de ese reclamo están las fuerzas de seguridad que deben controlar la escalda de violencia en la zona y el Estado nacional, que viene dando mensajes contradictorios sobre el conflicto mapuche.

Little es definida por sus pares como una fiscal “de la vieja guardia”. “Fue al frente siempre en todas la causas”, destacan en su entorno. En Bariloche es conocida también por su bajo perfil.

Desde que subroga la Fiscalía federal de Bariloche tuvo afrontar causas complejas como el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido 24 días después de haber asumido el cargo. En ese caso, solicitó la elevación a juicio de los efectivos de Prefectura Naval que participaron del operativo cuando se produjo la muerte del joven.

También mantuvo en pie la investigación por la usurpación de las tierras de Villa Mascardi cuando la Administración de Parques Nacionales decidió no avanzar con el expediente.

Ahora tiene a su cargo la causa por el ataque al campamento vial de Bariloche, en el cual incendiaron intencionalmente el lugar, dañaron máquinas y amenazaron a los cuidadores. Antes de irse dejaron escritos adjudicando el ataque al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y amenazas contra la gobernadora rionegrina Arabela Carreras, jueces y fiscales del fuero ordinario.

Little también estuvo a cargo del juicio de extradición de Jones Huala. Para ese proceso fue convocado el ex titular de la Fiscalía, Jorge Bagur Creta, que ya se había jubilado. Finalizado el juicio, Little quedó a cargo de la Fiscalía hasta ahora.

Huala fue extraditado a Chile en septiembre del 2018. Tres meses después, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a nueve años de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué, el 9 de enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera.

El 5 de octubre, su defensa acaba de pedir la libertad condicional. La petición fue analizada por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, con la participación del embajador de la Argentina en Chile, Rafael Bielsa. Esto se suma a la negativa del ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández de reforzar la seguridad en la zona de Bariloche y El Bolsón, tal como había pedido la gobernadora Arabela Carreras. Recién hoy el Gobierno informó que enviará más efectivos de Gendarmería.

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