El Estado sigue sin indemnizar a los familiares de los soldados muertos en el ataque montonero al regimiento de Formosa

Un día antes de finalizar su mandato el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri dictó el decreto 829 mediante el cual estableció que se pague una indemnización a los familiares de las víctimas del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 organizado por Montoneros y también a quienes participaron de la defensa de la unidad militar. El ataque terrorista, bautizado como “Operación Primicia”, fue cometido el 5 de octubre de 1975.

A 46 años de aquel hecho y a dos de la publicación de la norma que ordenaba indemnizarlos los familiares de las víctimas de los guerrilleros aún no recibieron un peso.

En los considerandos el decreto señala que “el ataque fue perpetrado durante un gobierno constitucional lo que importó una afrenta a las instituciones constitucionales y democráticas” y agrega que “tuvo una innegable incidencia en los hechos de violencia que se sucedieron trágicamente en nuestro país durante la década de los años Setenta”. Hasta ese momento, el Estado Nacional no había brindado ningún homenaje ni reconocimiento económico a quienes murieron o fueron heridos en la defensa de la unidad militar del ataque montonero.

En esa acción guerrillera perdieron la vida el integrante de las Fuerzas de Seguridad provincial Neri Argentino Alegre, el Teniente Post-Mortem Ricardo Eduardo Massaferro, el Sargento Ayudante Post-Mortem Víctor Sanabria y los Cabos Post-Mortem Antonio Ramón Arrieta, Heriberto Dávalos, José Mercedes Coronel, Dante Salvatierrra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna. Todos ellos encontraron la muerte en cumplimiento del deber, en la defensa del regimiento y en la protección del orden constitucional.

Otro de los considerandos del decreto dice “aún cuando la pérdida de los seres queridos no puede ser reparada por ningún medio, es intención del Estado Nacional al menos ofrecer un reconocimiento de tipo económico que pueda mitigar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida por tantos años de olvido.”

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 829 los familiares de los caídos y aquellos que defendieron el regimiento iniciaron un largo proceso para que -tal como lo establece el artículo 5 de la norma- el Ministerio de Defensa lo reglamente, con resultado infructuoso hasta ahora.

Es así que realizaron una numerosa cantidad de presentaciones y solicitudes de audiencias. Además el diputado nacional formoseño de la Unión Cívica Radical, Mario Arce interpuso una acción de amparo por incumplimiento de la solicitud de acceso a la información pública por parte del Poder Ejecutivo Nacional con relación al estado del trámite de reglamentación del decreto que ordenó las indemnizaciones.

El 15 de septiembre de 2020 se inició un expediente en el marco de la ley de acceso a la información pública la cartera de Defensa informe el estado en el que se encontraba el trámite de reglamentación del decreto 829. Un mes después, una asistente administrativa de apellido Benetti notificó que el Ministerio se tomaría 15 días más de prórroga para responder. Finalmente, el 4 de noviembre de 2020, es decir, a casi dos meses, de presentada la solicitud de información, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa, Leonardo Garay Decándido respondió que las áreas ministeriales con competencia se encontraban analizando la temática objeto de la consulta referida al decreto 829.

En septiembre del año pasado, los familiares de las víctimas del ataque montonero le hicieron llegar una nota al Ministro Agustín Rossi solicitándole que arbitre los medios necesarios a fin de que se pueda dar cumplimiento al pago de las indemnizaciones. También en ese mes, junto al diputado Arce, enviaron una nota dirigida a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pidiendo que se incorporen a la ley de presupueso las partidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 829. En la sesión informativa del 8 de julio de este año le enviaron una pregunta al entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sobre el estado de la reglamentación de la norma que ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas del ataque guerrillero y a quienes participaron en la defensa del regimiento de monte de Formosa. La respuesta de Cafiero lució carente de certezas: “El Ministerio de Defensa informa que las áreas ministeriales con competencia en la materia se encuentran abocadas al objeto de la consulta.”

En diálogo con Infobae, Rogelio Mazacotte, soldado que sobrevivió al ataque guerrillero afirmó “seguimos esperando una respuesta del Ministerio de Defensa. Tenemos un beneficio asignado desde hace casi dos años, que el Gobierno no cumple” y agregó “muchos familiares han visto agravada su situación personal estos años y es profundamente injusto que se nos siga postergando, que sigan negando una respuesta. En honor de la memoria de nuestros caídos y de Jovina Luna que nos dejó este año, seguiremos exigiendo una respuesta de las autoridades.”

A 46 años del sangriento intento de copamiento de una unidad militar durante un gobierno constitucional, familiares de las víctimas y los que defendieron el regimiento aún siguen padeciendo la orfandad de respuestas de un Estado Nacional que ni siquiera les dice si va a reglamentar o no una norma vigente. Una suerte bastante distinta a la que tuvieron los parientes de los montoneros que a sangre y fuego quisieron tomar el Regimiento de Monte 29 de Formosa. De los 13 guerrilleros muertos en el ataque montonero, familiares de al menos 9 de ellos cobraron entre 2001 y 2014 cerca de 81 millones y medio de pesos a valores actualizados por inflación. Además fueron reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado -pese a que se levantaron en armas contra un gobierno democrático- y figuran en el Parque de la Memoria.

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