Un diputado del Frente de Todos instó la toma de un predio en Misiones: el audio que se viralizó y el repudio del campo

Durante el fin de semana, el diputado nacional del Frente de Todos Héctor “Cacho” Bárbaro envió un audio en donde instó la toma de un predio, el corte de una ruta y convocó a resistir una sentencia judicial a favor de una propiedad privada en Picada Guaraní (San Vicente). “Vamos a apretar al Gobierno para que compre las tierras que estamos ocupando, que me haga la casita”, afirmó.

Fue tras la orden de desalojo de 14 familias firmada por el Juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, en un procedimiento por usurpación de tierras iniciado por el propietario.

A raíz de la difusión de este audio, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su “alerta” y “preocupación”: “Frente a las informaciones difundidas públicamente y atribuidas al Diputado Nacional Héctor Bárbaro en el que se escucha instigar a cortar rutas y a “apretar” a un juez por haber dictado una sentencia de usurpación; y al Gobierno Provincial para que otorgue tierras privadas, CRA se manifiesta profundamente preocupado por estos dichos y se solidariza con todos los productores de la Provincia de Misiones”.

“Agrava el hecho, que en dicho audio reconoce expresamente saber que la propiedad tiene titular de dominio, y a pesar de ello se escucha instigar y promover cortes de ruta, intrusiones y aprietes tanto al Gobierno como al juez con el evidente fin de presionar y lograr la revocación de una sentencia por vía del amedrentamiento público; y a apretar al Gobierno Provincial propiciando cortes de rutas para que compre las tierras y se las entregue a los presuntos usurpadores”, agregaron las autoridades de la organización rural.

Bárbaro, según consignó el medio de Misiones Plan B, admitió haber enviado el audio, donde además reconoce que el predio en disputa pertenece a una familia de apellido Kessler, y aseguró: “Hay un grupo de personas que viven desde hace más de diez años en una chacra que es de un tal Kessler, de Santa Fe, quien inició hace un par de años un juicio de desalojo y el juez le dio la razón, creo que de manera muy irregular en el proceso, porque ellos no son ocupas, no son usurpadores, viven y trabajan la tierra desde hace años, construyeron casas, plantaron yerba y tabaco”.

Bárbaro es líder del Partido Agrario y Social (PAYS), partido que en las últimas elecciones provinciales obtuvo un tercer lugar, con el 14,35% de los votos, detrás del Frente Renovador de la Concordia (46,56%) y Juntos por el Cambio (27,72 %).

Por otro lado, en el marco de la campaña electoral de 2019 recibió el respaldo de Juan Grabois, el dirigente social que en más de una oportunidad defendió las tomas de terrenos y cuestionó a los funcionarios que las consideraron un delito: “Ocupar no es usurpar”, señaló en septiembre de 2020.

En aquella ocasión, el referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y coordinador del Frente Patria Grande utilizó su cuenta de Facebook para publicar un extenso texto en el cual se refirió a la toma de terrenos que sucedían en diversos puntos del país.

“Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito”, dijo en el comienzo del comunicado, el cual tituló “Odio las tomas”.

“Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social”, indicó Grabois.

Y continuó: “Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica. La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte”.

Por otro lado, más allá de la resolución del conflicto en Misiones, en la provincia de Santa Fe también hay denuncias contra usurpaciones: entre el 9 y el 20 de junio, un total de casi 1.000 familias se instalaron en terrenos correspondientes a campos del sector privado en la ciudad de Reconquista, y la diputada la Coalición Cívica Lucila Lehmann acusó al kirchnerismo de estar detrás de las tomas.

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