Toque de queda en Ecuador dejó más de 5.000 detenidos, pero solo el 14% tenía nexos con bandas criminales

El balance oficial del toque de queda decretado por el Gobierno de Daniel Noboa entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 dejó una cifra que ha reavivado el debate sobre la efectividad de esta medida de excepción: 5.023 personas fueron aprehendidas durante los operativos, pero solo 717 estaban presuntamente relacionadas con estructuras criminales.

Los datos fueron difundidos por el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, tras los 15 días de restricción nocturna que rigió desde las 23:00 hasta las 05:00 en varias provincias y cantones considerados de alto riesgo.

Las cifras muestran que únicamente el 14,3% de los detenidos tenía supuestos nexos con grupos delictivos organizados, mientras que el 85,7% restante fue arrestado por incumplir el toque de queda o por otros delitos no asociados directamente a bandas criminales.

El Gobierno dispuso la medida a inicios de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos y parte de Pichincha, además de cantones específicos como Camilo Ponce Enríquez. La decisión fue adoptada luego de una nueva escalada de violencia atribuida al narcotráfico y a la disputa territorial entre organizaciones criminales.

Durante ese período, las autoridades instalaron 2.373 puntos de control y ejecutaron 56 operaciones específicas contra estructuras delictivas. También realizaron 378 allanamientos y 24 intervenciones en entornos considerados estratégicos para la logística criminal.

El reporte oficial destaca que fueron decomisadas 9,2 toneladas de droga, 630 armas de fuego y armas blancas, 3.078 municiones, 131 alimentadoras y 1.140 explosivos. Asimismo, las autoridades retuvieron o recuperaron 1.039 vehículos y 882 motocicletas.

El informe también da cuenta de cuatro presuntos delincuentes abatidos, dos oficiales heridos en actos violentos y 85 personas puestas a órdenes de la justicia para investigación y procesamiento.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del balance fue la inclusión de resultados relacionados con la lucha contra la minería ilegal, una actividad que en los últimos meses se ha consolidado como una fuente creciente de financiamiento para grupos armados y redes criminales.

En ese ámbito, el Bloque de Seguridad reportó la incautación de 370 retroexcavadoras, 17 camiones tanqueros, 14 embarcaciones, 17 motores fuera de borda, 566 sacos de material aurífero, ocho bocaminas, tres pistas clandestinas y diversos equipos de comunicación.

También se informó sobre la afectación de 153 infraestructuras utilizadas por organizaciones delictivas y el decomiso de USD 9.353,85 en efectivo.

El Gobierno ha defendido el toque de queda como una herramienta para reducir la movilidad de las bandas y facilitar el control territorial por parte de las fuerzas del orden. Desde enero de 2024, Noboa mantiene vigente la declaratoria de conflicto armado interno y ha catalogado a varias organizaciones criminales como grupos terroristas.

No obstante, los resultados alimentaron cuestionamientos sobre el alcance real de la medida. Aunque el Ejecutivo resalta los decomisos y las operaciones, el hecho de que menos de dos de cada diez detenidos estuvieran vinculados con estructuras criminales sugiere que la mayor parte de los arrestos correspondió a ciudadanos sorprendidos incumpliendo la restricción o involucrados en delitos comunes.

Sectores productivos ya habían expresado preocupación por el impacto económico del toque de queda, especialmente en actividades como restaurantes, transporte, comercio nocturno y turismo. En ciudades costeras y zonas urbanas, la restricción afectó el funcionamiento de negocios y redujo la actividad comercial durante dos semanas.

El Gobierno aún no ha informado si evaluará nuevas restricciones de movilidad en las provincias más violentas. Sin embargo, el balance oficial muestra que, más allá del elevado número de aprehensiones, el principal resultado que destaca el Ejecutivo está en la cantidad de droga, armas y maquinaria decomisada en una operación que combinó controles urbanos con acciones contra economías ilegales.

En un país que cerró 2025 como uno de los más violentos de América Latina, la pregunta que deja el operativo es si este tipo de medidas excepcionales logran debilitar de forma estructural a las organizaciones criminales o si, por el contrario, terminan concentrando sus efectos sobre miles de ciudadanos sin vínculos comprobados con el crimen organizado.