La Cámara Federal apartó al juez Ercolini de la causa conocida como “Operativo Puff”

La resolución fue firmada por el juez Roberto Boico, a pedido del padre de Ramos Padilla y Baratta. Es porque Ercolini ya analiza una denuncia que radicó Stornelli contra D’Alessio

El magistrado Julián Ercolini   (Adrián Escandar)
El magistrado Julián Ercolini (Adrián Escandar)

El juez federal Julián Ercolini fue apartado de la causa conocida como Operación Puff”, que investiga un supuesto complot organizado desde la cárcel por procesados vinculados al kirchnerismo para desactivar la “causa de los cuadernos”, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Ahora, habrá que sortear un nuevo magistrado para que se haga cargo del expediente.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal, con la firma unipersonal del juez Roberto Boico, quien resultó sorteado para intervenir en la cuestión. El pedido de recusación había sido presentado por Juan Ramos Padilla, juez y también padre del ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien se consideró imputado en la investigación que nació en el juzgado de Claudio Bonadio mientras crecía la investigación conocida como el caso D’Alessio. El pedido de Ramos Padilla padre fue acompañado por la defensa del ex secretario de Planificación Roberto Baratta -a cargo de Alejandro Rúa-, quien aparecía en las conversaciones desde la cárcel que se usaron como prueba del expediente.

Esta compleja trama de cruces de expediente no logra entenderse si no se tiene en foco tres escenarios: la causa de los cuadernos, el caso que sustanció el juez Ramos Padilla y la denuncia conocida como “Operativo Puff”. A eso podría añadirse también la investigación por el espionaje que nació en Lomas de Zamora, donde se investiga si presos fueron monitoreados en la cárcel.

La llamada causa “Operativo Puf” nació casi en paralelo a la investigación de Dolores. Para ese entonces, la causa cuadernos, que había explotado mediáticamente en agosto de 2018, había logrado avanzar con los dichos de empresarios y ex funcionarios “arrepentidos” que habían desfilado ante Stornelli, como fiscal del caso y habían escalado, de la mano de Bonadio, con una seguidilla de detenciones y el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.

Fue Lilita Carrió, a través de un tuit de febrero de 2019, la que puso al descubierto lo que estaba investigándose en Dolores, una denuncia radicada apenas unos días atrás y que estaba por ser difundida en las siguientes horas a través de distintos periodistas, con audios y fotos del fiscal Stornelli en Pinamar.

En ese contexto, el fiscal Stornelli presentó una denuncia por una información que le había llegado anónimamente: la desgrabación de unas conversaciones de “presos k”, como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, junto al diputado Eduardo Valdes o el abogado Carlos Zelkovick- hablando de “Stornelli, Bonadio, Puf” o usando expresiones como “Domingo de Ramo” o “dolor de muela”. En ese momento el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello.

A las pocas horas, las legisladoras Paula Oliveto y Mariana Zuvic, del espacio de Elisa Carrió, radicaron otra denuncia con las mismas conversaciones y pidiendo que se excluyera del sorteo al juez Rodríguez. El caso, esta vez, cayó en el del juez Claudio Bonadio, quien motorizó una serie de diligencias.

Así las cosas, la causa Puff y el caso D’Alessio en Dolores se convirtieron en dos expediente que pulseaban entre sí y en donde cada uno de los jueces –Bonadio y Ramos Padilla- se imputaban entre sí.

Con la muerte de Bonadio, el juzgado federal 11 quedó en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien el año pasado dispuso el cierre de la causa Puff por inexistencia de delito. Según dijo, nunca estuvo en peligro el devenir de la causa cuadernos, ya elevada a juicio.

Pero Stornelli, ya procesado en Dolores por el juez Ramos Padilla, apeló esa decisión y la Cámara Federal, por dos votos a uno, resolvió reabrir la investigación. El juzgado federal 11 ya estaba en manos del juez Ercolini como subrogante. En ese contexto, Stornelli en su rol de querellante pidió una serie de medidas de prueba para activar la investigación, investigando incluso los teléfonos del propio Ramos Padilla -hoy juez de La Plata-.

¿Por qué se pedía ahora apartar a Ercolini? Porque Ercolini, como titular del juzgado federal 10, interviene en la denuncia que hizo Stornelli apenas unos días después que explotara el escándalo mediático de la causa D’Alessio. Allí Stornelli aseguró haber sido víctima de ese falso abogado que aparecía en los medios de comunicaciones hablando como un experto del narcotráfico y con vinculaciones con la DEA. También apuntó contra el denunciante del expediente de Dolores Pedro Etchebest.

Roberto Boico, cuando pasó por la audiencia en el Senado para ser juez
Roberto Boico, cuando pasó por la audiencia en el Senado para ser juez

En febrero de 2019, Ercolini le había pedido la causa a Ramos Padilla, promoviendo la competencia de Comodoro Py en esa investigación -uno de los argumentos sobre los que se sostiene la defensa de Stornelli). Pero Ramos Padilla también le pidió a Ercolini que se inhibiera de seguir actuando. En el mientras tanto, D’Alessio probó con ser arrepentido en la causa de Comodoro Py y también en Dolores. En ninguna fue aceptado.

Sin querer meterse sobre el fondo de la causa (“No resulta ésta la oportunidad para examinar la validez del inicio de estas actuaciones, ni del curso seguido hasta el momento”, dijo) Boico resaltó que la Cámara Federal de Mar del Plata ya dijo que tanto la causa de Ercolini en el juzgado 10 y la causa de Dolores versan sobre lo mismo, “pero con la particularidad, inédita por cierto, de que quien asume el rol de querellante” en Comodoro Py “es el imputado” en Dolores. “Es decir, son iguales los objetos procesales sometidos a investigación, pero uno de sus sujetos (Carlos Ernesto Stornelli) asume roles antagónicos en dichas causas”, se explayó.

A criterio de Boico, correspondía apartar a Ercolini. “Las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que enfrenta un proceso judicial, pues si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la tranquilidad de ánimo que exige el juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio de las personas, se impone el apartamiento del magistrado”, afirmó. Ahora, la Cámara Federal deberá sortear un nuevo juez para que se haga cargo del expediente, por el que pasaron cinco fiscales que rechazaron intervenir.

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