El consejo nacional redefine criterios para inversión y control social en Guatemala

La segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) 2026 marcó un viraje estratégico en la gestión del desarrollo nacional en Guatemala al presentar una propuesta integral basada en planificación articulada entre niveles territoriales, inversión pública trazable y transparencia mediante participación ciudadana activa.

El organismo busca corregir las debilidades históricas del CONADUR y fortalecer su papel como órgano rector del modelo nacional de desarrollo, orientando la acción pública a resultados tangibles desde 2027, según la intervención de Ana María Méndez, subsecretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Los desafíos estructurales del CONADUR y la respuesta institucional

Durante el encuentro, los integrantes del consejo señalaron que la principal limitación institucional ha sido reducir el mandato del CONADUR a la gestión financiera y la programación de proyectos, dejando de lado la discusión de políticas y el verdadero ordenamiento territorial.

El presiente Bernardo Arévalo, explicó que actores clave como la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas han tenido una participación limitada o inexistente, lo que ha debilitado la capacidad del CONADUR para cumplir su función legal y consolidar un enfoque participativo en el desarrollo.

Para revertir esta situación, la Comisión Especial Temporal presentada tras la primera reunión del año exhibió avances concretos. Ana María Méndez indicó que la hoja de ruta se basa en la articulación entre planificación y ejecución, la centralización y trazabilidad de la inversión pública a través del expediente único en el sistema SIGSISCOD, y la institucionalización del Observatorio Ciudadano en el SISCODE.

Méndez subrayó que, en cuanto a la planificación, el reto es evitar la dispersión de esfuerzos y se promueve un modelo que conecta la planificación nacional, sectorial, departamental y municipal, asegurando que las inversiones respondan a necesidades territoriales reales.

Además, sostuvo que la trazabilidad de la inversión pública se logra mediante la digitalización integral de expedientes —actualmente posible gracias al SIGSISCOD—, lo que permite controlar el ciclo completo de cada proyecto, desde la identificación de la necesidad hasta la verificación del resultado final.

Seis ejes estratégicos y nuevas reglas para la inversión y control social

La Comisión Especial Temporal precisó que el plan de reorientación del CONADUR, aprobado el 27 de febrero, fija seis ejes estratégicos: política nacional de desarrollo, democracia participativa y representación plural, descentralización y coordinación interinstitucional, fortalecimiento operativo del SISCODE, inversión pública territorial y monitoreo/auditoría social.

Cada eje contempla diagnósticos, desafíos y cinco decisiones estratégicas. Para consolidar la política nacional de desarrollo, se promoverá la institucionalización del sistema unificado de planificación, integrando presupuestos para medir el impacto real de cada intervención. Próximamente, se actualizará el plan Katún y SEGEPLAN elaborará mapas de priorización territorial, con el objetivo de alinear la acción pública a las mayores carencias detectadas.

En materia de democracia participativa, la estrategia busca fortalecer la representación y la rendición de cuentas, implementando nuevos programas educativos y certificaciones obligatorias a través del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En cuanto a la inversión pública territorial, la prioridad será actualizar las reglas de administración financiera y desarrollar un ranking municipal basado en indicadores de eficiencia e infraestructura. Por último, el eje de monitoreo y auditoría institucionaliza la supervisión y la retroalimentación, incrementando la capacidad ciudadana para vigilar la ejecución pública.

Cambios en los criterios de distribución y nueva fiscalización de proyectos

Un tema central fue la próxima actualización de los criterios de distribución del IVAPAS (Impuesto de Valor Agregado para el financiamiento de proyectos de inversión pública), que se presentará en el último encuentro del CONADUR de este año. De acuerdo con la presidencia, desde 2019 se han implementado normativas para ordenar el uso de estos recursos, aunque persisten vacíos regulatorios respecto a las posibles inversiones, lo que impulsa a perfeccionar los instrumentos vigentes.

La propuesta busca incorporar nuevos incentivos para premiar la eficiencia, además de considerar variables de pobreza y exclusión, sabiendo que toda fórmula modificaría los montos de algunos municipios: “No toda fórmula evitará que haya municipios que reciban más o menos recursos que antes”, advirtió Bernardo Arévalo.

La reorientación del CONADUR quedó consignada en la recomendación de la Comisión Especial Temporal, que solicitó la aprobación de las decisiones estratégicas —documentadas en el anexo uno— y su replicación en todos los niveles del sistema de consejos de desarrollo. Según Méndez: “la reorientación del CONADUR no es un documento, es una decisión de Estado”.

La aprobación de montos máximos y asignaciones para 2027

En el tramo final de la sesión, el consejo debía conocer y proponer a la presidencia los montos máximos de preinversión e inversión pública para el año 2027, a partir de las propuestas de los consejos regionales y departamentales presentadas durante la PreConadur. El organismo espera que estas decisiones permitan ejecutar recursos de manera más efectiva y alineada con las prioridades detectadas en los procesos participativos más recientes.

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