La Asociación de Fiscales redobló sus críticas a la reforma del Ministerio Público: “Atenta contra la independencia y la autonomía”

Un comunicado de la entidad que agrupa a los fiscales federales y nacionales de todo el país insistió en cuestionar la reforma al Ministerio Público y salió al cruce de ataques contra el procurador interino Eduardo Casal y varios fiscales

(Nicolás Stulberg)
(Nicolás Stulberg)

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación salió hoy a “alertar a toda la sociedad” sobre las intenciones del oficialismo para aprobar la reforma al Ministerio Público, acusando “con términos degradantes” y “tergiversados” al Procurador interino Eduardo Casal y a varios fiscales que defienden la no modificación de las dos terceras partes de los votos del Senado para nombrar y remover al titular del Ministerio Público. Para la entidad, esa actitud evidencia la falta de razones para hacer esta reforma con urgencia.

Dicho comportamiento evidencia no solo la ausencia de argumentos para fundar la razón de la tercera reforma legal que pretenden, sino que, además, con aquellas expresiones, procuran disimular la ausencia de destreza de la dirigencia política para lograr un sólido acuerdo que exige nuestro ordenamiento legal para designar un Procurador General que, por otra parte, tuvo como consecuencia que la Institución tenga una conducción interina como reglamentariamente se establece y durante casi cuatro años”, se señaló.

Una vez más se insistió en que el proyecto que fue aprobado en el Senado y tiene dictamen favorable en comisión de Diputados de la Nación “no solo afecta el principio de regresividad en la calidad de las instituciones estatales, sino que además atenta contra el principio constitucional de Autonomía e Independencia del Ministerio Publico Fiscal”.

“La AFFUN exhorta a todos los órganos oficiales a que cualquier modificación que se pretenda de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal se realice en un ámbito amplio de participación y con el suficiente consenso, que nos permita proyectar un mayor fortalecimiento institucional y perdurable, que consiga una concreta seguridad jurídica que contribuya a la paz social exigida en todo Estado Democrático”, se resaltó.

Gils Carbó (Adrián Escándar)
Gils Carbó (Adrián Escándar)

La última titular de la Procuración fue Alejandra Gils Carbó, quien renunció en octubre de 2017 luego de haber sido procesada por irregularidades en la compra de un edificio para el organismo. Desde entonces, el cargo fue ocupado interinamente por Casal, un funcionario de carrera que la seguía en el orden jerarquico.

El ex presidente Mauricio Macri propuso a la jueza de la Corte porteña Inés Weinberg de Roca, pero aunque fue a la audiencia en el Senado nunca consiguió el apoyo del llamado “peronismo federal”.

Cuando asumió, el presidente Alberto Fernández propuso al juez Daniel Rafecas para el cargo, pero en vez de avanzar con el tratamiento de su pliego –que cosechó más de 600 adhesiones- en el Senado se activó un proyecto para cambiar las mayorías que permitan elegir al procurador, ponerle plazos a su mandato y plantear modificaciones en el jury a los fiscales. El hoy ministro de Justicia Martin Soria prometió cuando asumió trabajar para que ese proyecto se convierta en ley.

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra a Martín Soria (d) mientras jura como nuevo ministro de Justicia ante el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hoy, en la Casa de Gobierno, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Presidencia Argentina
Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra a Martín Soria (d) mientras jura como nuevo ministro de Justicia ante el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hoy, en la Casa de Gobierno, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Presidencia Argentina

En ese contexto, la AFFUN publicó hoy un comunicado en donde aseguró que “en el ámbito del tratamiento de una nueva ley del Ministerio Público” y “con la intención de justificar las distintas posiciones políticas adoptadas, algunos funcionarios, dirigentes partidarios y magistrados del ámbito judicial, tanto en el ámbito parlamentario como en sus publicaciones mediáticas, no trepidaron en descalificar la persona del actual Procurador General interino y de varios fiscales, con términos degradantes, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, basándose en datos, muchas veces tergiversados y que no fueron sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud, como lo exige un Estado de Derecho”.

El comunicado lleva la firma del presidente de la entidad Carlos Rivolo, pero también del resto de las autoridades (Ricardo Toranzos, Maria Fernanda Poggi, Carina Jaime y Susana Pernas) asi como de los representantes de las distintas regiones del país Graciela Gils Carbo, Diego Luciani, Veronica Martina; Jorge Sica; Maria Alejandra Obregón, Carlos Schaefer, Flavio Ferrini, Alberto Losada; Carlos Alfredo Brito, Pedro Simon y, Marcelo Rapoport.

La entidad afirmó: “Coincidimos plenamente en la necesidad de contar con una conducción definitiva, pero no a costo de degradar al Ministerio Público, sino exigiendo que se respete por sobre cualquier corriente política, su ubicación institucional en el Título Primero, Sección Cuarta de las Autoridades de Gobierno de la Nación, conforme la Constitución Nacional sancionada en 1994”.

La AFFUN subrayó “en su artículo 120 prevé que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Y resaltaron que allí se estableció que la designación del Procurador General debe surgir “de acuerdos y consensos políticos que deben alcanzarse con una mayoría calificada de 2/3 de los miembros del Senado de la Nación”.

“Sobre todo – se añadió-, porque conduce una institución que representa y defiende los intereses de toda la comunidad -no los de un gobierno de turno-, y además porque aquel respaldo parlamentario le otorga la legitimidad necesaria para diseñar la política criminal y de derecho no penal del país garantizando el respeto de los derechos de los imputados y la participación y defensa de las víctimas, con especial atención en los casos de violación de los derechos humanos”.

Carlos Rivolo
Carlos Rivolo

La misma mayoría calificada se necesita para su remoción, que “lo blindan frente a cualquier decisión que pueda incomodar a los sectores de poder, público o privado, que impidan la promoción de justicia en defensa de los intereses de la sociedad”. Algo que “cobra mayor relevancia” en momentos en que comenzará regir el sistema acusatorio.

“Por ello, la AFFUN viene sosteniendo, en distintas administraciones de gobierno, una oposición coherente y crítica contra todos los proyectos que pretendan relajar esas mayorías calificadas, o que postulen una injerencia indebida a la autonomía funcional del organismo, y así lo ratificamos frente a este nuevo intento de debilitamiento del Ministerio Público Fiscal”, dijo. Pusieron como ejemplo todos los comunicados y los debates que se sustanciaron, para contrarrestar los videos que desde el oficialismo difundieron varios diputados buscando hacer ver que la asociación pudo haber estado de acuerdo con la modificación de las mayorías, algo que se desmintió.

La AFFUN también rechazó “cualquier posibilidad de ‘cogobierno’ institucional en contradicción con las premisas propias de una República, lo que se constata en algunos de los artículos del proyecto con actual tratamiento parlamentario” sobre el rol de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. El proyecto que fue aprobado en el Senado y tiene dictamen favorable en comisión de Diputados de la Nación “no solo afecta el principio de regresividad en la calidad de las instituciones estatales, sino que además atenta contra el principio constitucional de Autonomía e Independencia del Ministerio Publico Fiscal”.

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