El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) transita por días decisivos. En medio de las tratativas y negociaciones que encabeza el Frente de Todos para alcanzar la aprobación de la norma, la mirada está puesta sobre los legisladores que no mantienen una disciplina partidaria estricta hacia los bloques mayoritarios y pueden sorprender con su voto.
A través de la plataforma Change.org, la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA) impulsó un petitorio para que los diputados no voten la modificación de la estructura del Ministerio Público. La solicitud, hasta este sábado, superaba las 92 mil adhesiones.
“Pedimos a nuestros DIPUTADOS que NO aprueben la Ley de Reforma al Ministerio Público girada por el Senado, pues ello importaría el sometimiento de los fiscales al Poder Ejecutivo Nacional, mutando su rol constitucional de defensores de los “intereses generales de la sociedad” y una evidente violación del principio republicano de división de poderes”, señala la convocatoria del grupo de entidades civiles.
El texto está dirigido hacia los diputados nacionales José Luis Ramón (Protectora), que encabeza el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, Antonio José Carambia y Felipe Álvarez (Acción Federal); Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano (Frente de Izquierda y los Trabajadores); y Flavia Lorena Morales, Diego Sartori y Ricardo Welbach (Frente Renovador de la Concordia).
“La reforma atenta contra la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, condiciona a los fiscales cuando deben investigar la corrupción del poder político y al mismo tiempo debilita al Procurador General, como cabeza del Ministerio Público y como defensor de la legalidad constitucional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, plantea la iniciativa de REJIA.
De ese grupo de diputados con capacidad de definición, José Luis Ramón es la figura que mayor capacidad de tracción tiene porque ostenta la conducción de un espacio de seis legisladores. En varias votaciones, su sector ya funcionó como aliado del Frente de Todos, pero ha mantenido una frecuente postura zigzagueante en el marco del vínculo con el Gobierno.
Las agrupaciones que conforman REJIA se constituyeron como un foro que “busca defender la independencia de jueces y fiscales de todo el país”. Desde un primer momento se pronunciaron en contra del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante el Gobierno.
“Es un espacio de vinculación, acción colectiva y comunicación de entidades de la sociedad civil que se propone impulsar iniciativas para defender la independencia judicial y del Ministerio Público”, señala la carta de presentación de la mencionada red.
Varias de las organizaciones civiles que integran Rejia ya expresaron anteriormente su desconfianza y rechazo hacia otras políticas judiciales que fueron impulsadas por el kirchnerismo y el Frente de Todos. El espacio está formado por los titulares de las siguientes entidades: CADAL (Sybil Rhodes), Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Máximo Fonrouge), Contadores Forenses (Alfredo Popritkin), Directorio Legislativo (María Baron), Fores (Alfredo Vítolo), Jubi jueces (Luis Herrero), Profesores Republicanos (Guillermo Mizraji), Será Justicia (Raúl Aguirre Saravia) y Usina de Justicia (Diana Cohen Agrest).
En un anterior comunicado, titulado “Sin fiscales independientes, no hay justicia”, la red Rejia advirtió que de ser aprobado el proyecto se configuraría “de hecho, la intervención por el oficialismo de turno en el Ministerio Público Fiscal”.
“El oficialismo podría desplazar al Procurador General interino y remover a los fiscales a discreción, ya que dicha reforma le garantizaría mayoría en el tribunal que los enjuicia”, señalaba ese texto.
Para esta red de organizaciones de la sociedad civil, “la designación del Procurador General es una deuda pendiente del Poder Ejecutivo que debe impulsar un candidato que obtenga el consenso de la mayoría del arco político para la aprobación de su pliego”. Pero para ello no se debe eliminar la mayoría agravada de 2/3 de los legisladores de cada cámara, como establece la norma actual y que se pretende derogar.
El debate parlamentario
El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría la semana pasada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación y modifica las mayorías necesarias para su designación, y también para su eventual remoción vía juicio político, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio y sectores académicos.
Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Luis Ramón, en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales. La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.
Si bien en su primera batalla el Frente de Todos logró conseguir los votos en el despacho de dictamen, en el recinto la situación está más ajustada, ya que el número de legisladores necesario para convertir en Ley el proyecto -que ya tiene media sanción del Senado- no está garantizado.
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