La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dio a conocer la alerta roja que emitió para detener a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en respuesta al pedido de captura que había dictado la jueza María Servini. De esta manera, el operador judicial de Mauricio Macri, que pidió refugio político en Uruguay, figura oficialmente entre las más de 7.600 personas buscadas en el mundo por la mencionada organización.
En el documento, al que tuvo acceso Infobae, se especifican los datos personales de Rodríguez Simón: desde su documento de identidad, hasta sus direcciones (tanto en Argentina como en Uruguay), los nombres de sus padres y una foto suya.
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Asimismo, se detallan las medidas que se deberán tomar en caso de localizarlo: “Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”.
El documento, que debe ser tratado como “una solicitud de extradición oficial de detención preventiva”, indica que en caso de localizar a Rodríguez Simón se debe dar aviso “inmediatamente” a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Buenos Aires y a la Secretaría General de la organización.
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Según se expresa en la alerta roja, Rodríguez Simón es investigado por los delitos de amenazas y extorsión, que son condenados en los artículos 149 bis y 168 del Código Penal argentino.
En la página web de Interpol se explica que las notificaciones rojas se emiten sobre “fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.
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El viernes pasado la Justicia uruguaya había suspendido el trámite para definir la extradición del diputado del Parlasur y ex asesor de Mauricio Macri, hasta que se defina su solicitud para ser considerado un refugiado político. Esa decisión fue tomada por la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo. En la misma resolución determinó que Rodríguez Simón debe “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder”, mientras que se dispuso el cierre de fronteras para él “con carácter de urgente”.
La defensa de Rodríguez Simón aportó al expediente radicado en la Justicia uruguaya “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”. Según explicaron fuentes cercanas al caso, la sola petición ya le otorgaría el estatus legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido.
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El CORE es un organismo de siete miembros, encabezado por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ese organismo deberá expedirse dentro los 90 días sobre si es pertinente otorgar el refugio. Durante esos tres meses el ex funcionario no puede ser extraditado.
La jueza Servini pidió la captura de Rodríguez Simón en una causa iniciada por el empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Juntos por el Cambio y además encarcelarlos. Servini había citado a indagatoria a Rodríguez Simón para interrogarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio en los que actuó como operador judicial del macrismo.
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Desde su exilio uruguayo, “Pepín” hizo declaraciones a varios medios en las que aseguró que López, dueño de C5N, en conjunto con Servini y con aval del Gobierno, montó una persecución judicial en su contra cuyo objetivo es meterlo preso. “Alberto Fernández estaba en la nómina de Indalo [el grupo empresario de López] hasta antes de ser presidente”, dijo con la intención de defenderse y de explicar por qué se fue del país.
En mayo pasado Servini ordenó la captura de Rodríguez Simón. En la misma resolución se ordenó además un congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.
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