Punto por punto, qué dice la ley con la que el Gobierno busca impulsar la industria y producción de cannabis

Lo pensó Manuel Belgrano cuando volvió al Virreinato del Río de la Plata después de educarse durante años en España. Y esa idea la volcó en un documento escrito en 1797, un memorándum que resaltaba los provechos que podría traerle el cultivo de cáñamo al suelo de lo que luego sería la Patria. Lo intentaron, antes que él, varios de los conquistadores ibéricos. Y luego, en el siglo XX, retomó la idea un empresario belga radicado en el pueblo bonaerense de Jáuregui, hasta que la dictadura arrasó con sus cultivos en 1977. Finalmente, mucho tiempo después, y justo en el día del cumpleaños del prócer de la Bandera, el Gobierno nacional presentó ayer miércoles un anteproyecto de ley que busca impulsar la incipiente industria del cannabis y posicionar al país entre las potencias productoras de los derivados de esta planta milenaria y controvertida.

El documento, de ocho páginas, ya circula entre legisladores y funcionarios y está pronto a meterse en las oficinas de los despachos de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso, que una vez ingresado en Mesa de Entradas tendrá 180 días para su tratamiento.

La intención del Poder Ejecutivo es que esta legislación se debata y se apruebe este año y que la rueda productiva comience a girar. La fila de inversores privados, emprendedores, organizaciones civiles, comerciantes, investigadores, intermediarios y, por supuesto, consumidores, es larga.

En Casa Rosada miran lo que pasó en otros países y proyectan un futuro venturoso para el país. Según cálculos “conservadores” del equipo de trabajo de Kulfas, estiman que para 2025 se podrían haber generado en Argentina 10.000 nuevos empleos (con un 20% estimado de trabajadores calificados en investigación, desarrollo e innovación), US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación por año.

“La presente ley tiene como objeto establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial regulada”, son las primeras líneas de un proyecto que el ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, comenzó a pensar apenas asumió en 2019 y elaboró durante todo 2020 dentro del Consejo para el Cambio Estructural, un área de esa cartera que planifica políticas productivas. Incluyó el aporte de científicos del Conicet, organizaciones cannábicas, empresarios interesados en invertir en el sector y legisladoras de ambas cámaras.

El corazón del anteproyecto, al que tuvo acceso Infobae, es la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Será el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta, del cannabis y de sus productos derivados.

Durante la presentación que hizo el Gobierno en el Museo del Bicentenario con los y las titulares de los ministerios de Salud, Desarrollo Productivo, Ciencia y Tecnología y Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con las autoridades del Consejo Económico y Social, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, apoyó expresamente la iniciativa pero pidió que la Agencia tenga representación y autonomía en las provincias, lo que seguramente será un aspecto de debate en la discusión legislativa. “Para que no se tomen decisiones desde una oficina en Buenos Aires”, ironizó el dirigente puntano.

La Agencia tendrá como función regular y reglamentar la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, plantas, materia verde y el resto de derivados. En relación con las semillas, la ARICCAME trabajará en conjunto con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que emitirá resoluciones especiales para el registro de genéticas de producción local. Hasta ahora, la única forma de conseguir semillas era por importación, lo que dificultaba mucho la investigación y el desarrollo también por entorpecimiento de la ley de drogas, que considera a la semilla, increíblemente, un estupefaciente.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que Argentina se convierta en un líder regional en el negocio del cannabis industrial, confiado en las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas del país. Con el cannabis y sus semillas se elaboran infinidad de productos desde hace cientos de años. Se espera que con esta regulación el mercado local reciba la llegada de ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, alimentos fabricados a base de esta planta. Pero también que se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva. Según detalla el anteproyecto de ley, la Agencia reglamentará y controlará el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución y trazabilidad.

El artículo 5 establece que la ARICCAME será conducida por un Directorio de hasta cinco integrantes con rango de Secretario de Estado. El hombre o mujer que tenga la tarea de encabezar la Agencia será propuesto o propuesta por los ministerios ya mencionados sumada la cartera de Seguridad. Este nuevo organismo tendrá su propia partida asignada en el Presupuesto Nacional y además sus recursos provendrán del cobro de tasas y fiscalización de los productores, desarrolladores y resto de actores de la nueva industria.

Además la Agencia ejercerá el control y seguimiento de las licencias y autorizaciones y las normas de buenas prácticas de plantación y cultivo, con sujeción a estándares y certificaciones de calidad. En el otorgamiento de las autorizaciones, contemplará “muy especialmente” las solicitudes orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas “atendiendo, asimismo, la inclusión de la perspectiva de género y diversidad en su otorgamiento”.

“Nuestro país tiene claras ventajas comparativas para el desarrollo del cannabis medicinal e industrial. Producto de su condición agroindustrial, Argentina cuenta con importantes capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola (incluyendo el desarrollo genético de semillas, un eslabón clave en la cadena del cannabis). Asimismo, cuenta con propicias condiciones climáticas y de suelo, y posee una extensa red de laboratorios nacionales (públicos y privados) y transnacionales que se han mostrado interesados en investigar las propiedades y aplicaciones del cannabis”, dice el anteproyecto en su presentación al Congreso.

En el país ya marchan proyectos legislativos e iniciativas en 22 provincias y 80 municipios. El caso más conocido -porque fue el primero en arrancar- es el de Cannava, la empresa estatal jujeña creada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, y comandada por su hijo Gastón. También existen otros emprendimientos 100% públicos, como los que llevan adelante las provincias de Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La Rioja o la Municipalidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), iniciativas como las de la agrupación cannábica Ciencia Sativa en conjunto con el INTA Río Negro; o totalmente privadas, como las de la Droguería ABP o Pampa Hemp.

La premisa de insertar pequeños productores y las cooperativas en la industria del cannabis es clara en el anteproyecto de ley: permite para este grupo que haya trámites especiales en las autorizaciones, tasas sociales para el acceso, apoyos técnicos, entre otras formas de acompañamiento.

La reglamentación de la legislación prevé un programa especial de adecuación a los emprendimientos de las organizaciones cannábicas sin fines de lucro que en estos años desarrollaron conocimientos y experiencias en los usos terapéuticos de la planta.

En la presentación del miércoles en el Museo del Bicentenario se dejó claro que esta nueva ley será un complemento para la 27350 que regula el uso medicinal, pero que no se metía con la producción de aceites, cremas, comprimidos, aerosoles o tinturas que tienen aplicación terapéutica.

“Un marco normativo que regule la producción, industrialización y comercialización de productos derivados del cannabis con fines terapéuticos contribuirá a desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad”, sostiene el Poder Ejecutivo en el mensaje que antecede el articulado del anteproyecto.

La idea presentada por el Gobierno busca fomentar la producción en las provincias y que la industria cannábica reemplace rubros estancados, como el tabacalero: “Por su alta adaptabilidad ambiental, el cáñamo puede ser la solución para la reconversión de sectores productivos hacia actividades más amigables con el medio ambiente y más rentables económicamente, y una oportunidad de crecimiento para zonas aún no desarrolladas en materia agroindustrial”.

El Poder Ejecutivo apunta a que el desarrollo del sector genere en inversiones, genere puestos de trabajo calificados en todas las regiones del país; en la generación de divisas genuinas vía exportaciones; y en la mejora al acceso a la salud de la población.

En 1797 Belgrano ya veía en la producción de cannabis una perspectiva de género y una salida laboral para los sectores más postergados. “Un recurso para que trabajen tantos infelices, y principalmente del sexo femenino, sexo, en este país, desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades (…) expuestos a la prostitución (…) a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de pan”.

“Son increíbles los beneficios que proporciona a un país un nuevo cultivo provechoso. Esta rama de comercio vendrá a ser algún día una de las más interesantes del país”. No lo dijo Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, ni lo dijo el Presidente Alberto Fernández. Lo dijo Manuel Belgrano, hace 224 años.

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