Las promesas de inversiones en energía que apuran al Gobierno a sancionar una normativa clave

La semana pasada hubo una reunión en la que dos altos integrantes del Gobierno en la que conversaron sobre una iniciativa que interesa sobremanera al presidente Javier Milei. Se trata del proyecto de Régimen de Zona Fría, una iniciativa que no solo se compone por el capítulo que retrotrae los descuentos plenos en diferentes áreas geográficas, sino que tiene otro menos mencionado: compensa las deudas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica a cambio de que renuncien a los juicios que mantienen con el Estado.

“En el sector de las distribuidoras eléctricas hay como 10 empresas listas para salir a colocar deuda para hacer inversiones, pero tienen sin resolver las deudas con el Estado por congelamientos de tarifas. Con esa ley se ordenarían y podrían salir a mercado”, afirma una figura importante del ecosistema político nacional. Ese fue uno de los motivos que generó la conversación entre dos integrantes del Ejecutivo y que apuntaba a la aceleración de las gestiones para su aprobación.

El esquema ya tiene media sanción en Diputados desde mayo pasado y espera aprobación en el Senado, ámbito liderado por Patricia Bullrich. Este consiste en una compensación cruzada: el Estado calcularía cuánto dejaron de percibir las distribuidoras eléctricas durante los años de emergencia tarifaria, cuando no se respetaron las actualizaciones previstas en sus contratos. Ese crédito reconocido no se pagaría en efectivo, sino que se usaría para saldar las deudas que esas mismas empresas tienen con Cammesa por la compra de energía, a cambio de que renuncien a todos sus reclamos judiciales y administrativos. Solo podrán acceder las distribuidoras que ya firmaron acuerdos de regularización con Cammesa; las que no pagan ni negociaron quedan excluidas.

En la Casa Rosada buscan que la medida avance para que el activo regulatorio se ordene y que las empresas puedan sanear sus balances, tomar crédito e incrementar sus inversiones en el sector. Esto es observado de forma transversal por los empresarios sectoriales, no solo porque las compañías pueden salir a buscar fondeo externo, sino porque implica una señal positiva para sus accionistas.

Infobae consultó a Edenor y a Edesur —las principales compañías alcanzadas por este esquema—, así como a la cámara empresarial que engloba al resto de las distribuidoras eléctricas, pero en todos los casos se optó por no realizar comentarios al respecto.

“Son juicios largos y en general los ganan los privados, por lo que le implicarían plata al Estado. Lo que estamos haciendo es ahorrar plata y tiempo a cambio de que ellos desistan esos juicios. Hay que hacer el cálculo de efectivamente lo que se les debe y eso se les va a reconocer en los pagos que ellos le van a hacer a Cammesa. Se van a descontar. Eso va a hacer que puedan tomar crédito y puedan endeudarse”, explican fuentes gubernamentales. La Subsecretaría de Energía Eléctrica sería la encargada de calcular los montos y definir la metodología, sin intervención del Congreso ni de ningún organismo independiente.

El Gobierno sostiene que le conviene porque en algunos casos la deuda del Estado con las distribuidoras sería menor a lo que ellas deben a Cammesa, de modo que la compensación cerraría el conflicto sin costo neto para el fisco. Esto es seguido de cerca por la Secretaría de Hacienda, comandada por Carlos Guberman, que debe estar atenta a los movimientos de compensación de los subsidios eléctricos.

Datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) de junio de 2026 muestran que el total de los subsidios económicos registró una variación interanual positiva del 76,0% ajustada por IPC, asociada al desempeño de los orientados al sector energético.

“El comportamiento de los subsidios al sector energético se explica, principalmente, por la evolución de las transferencias a Cammesa, que durante junio recibió $521.351 millones, frente a los $35.555 millones transferidos en igual mes de 2025”, detalla el informe de ASAP.

Uno de los objetivos del Gobierno para lograr la sanción en el Senado es acercar posiciones con los gobernadores. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó en Posadas del Consejo Regional del Norte Grande, donde les dijo a nueve mandatarios provinciales que el Ejecutivo avanza con su propio proyecto de zonas cálidas, visto con buenos ojos por esas provincias. Con ese acuerdo de fondo, en la Casa Rosada esperan que varios de ellos aporten adhesiones para lograr la aprobación de la modificación del Régimen de Zona Fría en su totalidad.

El proyecto propone recortar los subsidios al gas que la ley de 2021 (27.637) había extendido a zonas templadas y frías de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Si el Senado lo aprueba, esas regiones perderían el beneficio automático por criterio geográfico: solo seguirían accediendo al subsidio los hogares que acrediten ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales (equivalentes a $4,4 millones mensuales), más casos especiales como veteranos de Malvinas o beneficiarios del ReNaBaP. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna, los subsidios se mantendrían sin cambios.

“Zona Fría es importante por el agujero fiscal que genera la aberración que hizo Máximo Kirchner, que incrementó la cantidad de usuarios de 800.000 a un total de 4.000.000. El Estado tiene que poner plata adicional porque no llega a recaudar por el esquema de compensaciones actuales”, explican voceros del Gobierno.

El subsidio patagónico compensa a los usuarios residenciales de la Patagonia. Todos los usuarios de gas del país, sean o no beneficiarios del subsidio, tienen un aporte en factura. Esos montos son tomados por las empresas —que actúan como agentes de recaudación— y los colocan en un fondo fiduciario que el Banco Nación administra para compensar la parte que el usuario no abona.

En el sector afirman que ese esquema de eficiencia se perdió con la ampliación realizada cinco años atrás: “Tenés un exceso de consumo, porque la señal de precio te lleva a la baja. Se empieza a evidenciar un sobreconsumo y parecería que ya no es suficiente el aporte que hacen los usuarios para poder compensar eso”. Aun así, sostienen que el gesto definitivo que esperan para generar previsibilidad en el sector y poder buscar crédito para invertir son las extensiones de las licencias.

“Enargas ya dio su consentimiento para la extensión de la licencia y ahora estamos en alguna instancia del Estado para que eso se promulgue. Eso sí le da previsibilidad, no necesariamente la ley de zonas frías”, agregan desde una de las compañías más importantes del sector. La confirmación de la extensión de la licencia ya le fue otorgada a Transportadora de Gas del Sur (TGS) y es lo que aguardan el resto de las distribuidoras.