Juntos por el Cambio reclamó que la Justicia impulse la denuncia contra el senador Montenegro

La oposición emitió un comunicado tras la investigación de Infobae que reveló una red de cooperativas truchas que cobraron al menos 90 millones en subsidios del Estado provincial. En diciembre, la PROCELAC hizo una denuncia por lavado contra el senador y otras personas

Gerardo Montenegro es senador desde 2013.
Gerardo Montenegro es senador desde 2013.

La UCR y el PRO de Santiago del Estero reclamaron hoy que la Justicia federal impulse la denuncia penal contra el senador Gerardo Montenegro, luego de que Infobae revelara un escándalo de corrupción que lo tiene como protagonista.

Según una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Montenegro está detrás de una red de cooperativas que cobraron más de $90 millones en subsidios del gobierno provincial. Con ese dinero no se hicieron obras. Tampoco se dio trabajo. La denuncia sostiene que el dinero terminó en la compra de autos, camionetas y hasta propiedades.

Desde diciembre del año pasado, la denuncia descansa en el despacho de la fiscal Indiana Garzón, una de las candidatas que impulsa el kirchnerismo duro para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General.

Juntos por el Cambio pidió hoy a través de un comunicado que Garzón impulse la causa. “Le pedimos, Sra. Fiscal General Indiana Garzón, que no mire para otro lado, que haga su trabajo tal como se comprometió al momento de jurar. Hoy toda la provincia se merece la verdad”, arranca ese comunicado, que menciona la investigación de Infobae.

Y agrega: “Es de profunda gravedad institucional que, ante la contundencia de las pruebas en la causa que involucra el delito de lavado de dinero y que tiene como protagonista al senador nacional oficialista Gerardo Montenegro, la Justicia federal de Santiago del Estero no haya dado un mínimo impulso a la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”.

Garzón (57) es fiscal ante los Tribunales Orales de Santiago del Estero y desde hace un tiempo subroga la Fiscalía Federal 2, donde quedó radicada la denuncia por lavado contra Montenegro. Como ocurre en otras provincias, su carrera no se puede explicar sin mirar al poder político. Al actual gobernador Gerardo Zamora lo conoce desde que estudiaban juntos en la Universidad Católica de Santiago del Estero. También es cercana al embajador en Rusia, Eduardo Zuain.

Además de la fiscal federal, interviene en el expediente el juez federal 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, un ex miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri.

La denuncia y las pruebas

Montenegro está sospechado de manejar una red de cooperativas. Una de ellas, llamada “Consumo y Crédito Solidaridad Limitada”, está íntimamente vinculada a su mujer, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura en los registros públicos como secretario. En 2017, cobró subsidios de la Contaduría General de Santiago del Estero por $4.320.000. Y en 2018 sumó otros $7.745.00. Según la investigación de la UIF, nunca presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo regulador.

Otra cooperativa investigada por la UIF se llama “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. En apenas tres meses, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, recibió $2.940.000 repartidos en seis cheques del gobierno de Santiago del Estero.

En la denuncia judicial de la PROCELAC también aparecen mencionadas las cooperativas “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y hasta una que se llama “Cambalache”.

Detrás de esa red de cooperativas hay empleados del Senado, del gremio UPCN, donde Montenegro es secretario general desde 1998, y hasta de la provincia de Santiago del Estero. Muchos de ellos compraron autos de lujo.

En el caso de Montenegro, Infobae reveló que hasta compró una casa en un barrio privado de Miami.

La operación inmobiliaria se concretó el 26 de noviembre del 2019 a través de la sociedad JM SILVER GROUP LLC, propiedad de la mujer y del hijastro de Montenegro. Según los registros públicos, pagaron USD 306 mil por una casa ubicada en el barrio cerrado denominado “Via Ventura 2”, a solo 15 minutos del Aventura Mall.

Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, que acaba de llegar a la final de la Liga Nacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).

Desde que Infobae reveló el escándalo, Montenegro solo hizo un posteo en Facebook para decir que no había sido notificado de la denuncia. En Santiago del Estero aseguran que tiene blindaje político por su cercanía con la Gobernación y con empresarios de medios.

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