El Gobierno relativiza la vigencia del fallo de la Corte y apuesta a una ley del Congreso para resolver las disputas sobre el manejo de la pandemia

Después de criticar públicamente la decisión de la Corte Suprema sobre la educación presencial en la Ciudad, el Gobierno relativiza la vigencia del fallo que avaló la posición del gobierno porteño en desmedro de la Nación. Las máximas autoridades de la Casa Rosada consideran que la determinación del Máximo Tribunal se aplica exclusivamente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que venció el viernes, y que por lo tanto no rige para el decreto que se publicó en el Boletín Oficial el sábado.

Además, señalan que hay “concurrencia” de parte de las provincias como exige la Corte para que las restricciones sean aplicables en todo el territorio nacional. En ese sentido, cuestionan al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque “desacata” las medidas nacionales para paliar la pandemia de coronavirus. Por ahora no harán presentaciones ante la Justicia. En cambio, apostarán a que se apruebe en el Congreso Nacional una ley que, como anunció el viernes Alberto Fernández, fije parámetros epidemiológicos para sistematizar la implementación de políticas restrictivas contra los contagios.

Ayer por la tarde, en sendas declaraciones públicas vociferadas casi al unísono por redes y en discursos oficiales, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Justicia, Martín Soria salieron a cuestionar con dureza el fallo de la Corte. La Vicepresidenta comparó el dictamen con un “golpe”, mientras que el Presidente lo consideró una muestra de “decrepitud”.

Hacia la noche, después de varias conversaciones internas, altas fuentes de la Casa Rosada aseguraron que arribaron a la conclusión de que el fallo del Máximo Tribunal se aplica exclusivamente sobre el DNU del 16 de abril, que venció el viernes pasado. Desde la perspectiva del Gobierno, como el Presidente dictó un nuevo decreto el sábado, la decisión de la Corte no tiene vigencia para las actuales restricciones. “No aporta nada”, deslizó un alto funcionario sobre el fallo. En ese sentido, aseguró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “desobedece” la ley nacional.

“La Ciudad se tiene que ajustar a derecho”, expresaron las fuentes con respecto al nuevo DNU, que rige hasta el 21 de mayo. Aseguraron que todas las medidas fueron “consensuadas” con los distritos; y cuestionaron a la dirigencia porteña de Juntos por el Cambio por “judicializar la política y politizar la Justicia”, una acción que consideraron “dañina” para el sistema institucional. Sobre el fallo, que respondió a una presentación del gobierno de la Ciudad para mantener la educación presencial en su territorio y que buscó declarar la norma inconstitucional, remarcaron que “nunca estuvo bajo cuestionamiento” la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Para defender su postura, además, señalaron el apartado del fallo de la Corte donde el juez Ricardo Lorenzetti, al enfatizar sobre el derecho a la educación, sostiene que “el Estado Nacional sólo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias”. El Gobierno cree que, con las firmas de la mayoría de las provincias en el Consejo Federal de Educación que se celebró el martes por la tarde -encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta- “existe la concurrencia que exige la Corte”. “En ese sentido, la Ciudad también está desobedeciendo”, expresaron las fuentes. Y remarcaron que en el nuevo decreto “ni siquiera se menciona al AMBA”, sino que se fijan criterios epidemiológicos según grados de peligrosidad de los contagios en cada distrito.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, festejó el fallo, aunque con cautela para mantener en los mejores términos posibles la relación con la Nación. Desde la sede de Uspallata ya anunciaron que las escuelas en la Ciudad continuarán abiertas. A diferencia de la Nación, consideran que el fallo de la Corte rige como precedente para todos los DNU relativos a las medidas sanitarias que se publicarán. Se basan también en los dictámenes que emitieron, la semana pasada, las cámaras porteña y federal número 4 y 6; y en la determinación de la Procuración General de la Nación, que conduce de forma interina Eduardo Casal, que dictaminó el jueves pasado que el decreto 241 del Presidente es inconstitucional.

Por ahora, desde la Casa Rosada aseguraron que se abstendrán de presentar nuevas medidas ante la Justicia. En cambio, “continuarán” apelando al “diálogo” con la oposición, a pesar de que consideran que “desacata” la decisión nacional. En este marco, apuestan a que se apruebe en el Congreso una ley que fije parámetros epidemiológicos para activar y desactivar medidas sanitarias en todas las jurisdicciones del país y brinde facultades en ese sentido al Presidente y a los gobernadores. La letra del proyecto está en redacción desde la semana pasada en la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce Vilma Ibarra. En el Gobierno, apurados por el vencimiento del nuevo DNU, quieren despacharla al Poder Legislativo esta semana, o, a más tardar, la próxima. Quieren evitar reveses en la aplicación de las próximas medidas, que según la evolución de la pandemia, podrían continuar en la línea de las actuales.

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