Tras una intensa negociación entre cuatro miembros de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz correrá traslado hoy al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que fije la posición del Estado Nacional en relación a la acción declarativa de inconstitucionalidad y la medida cautelar presentada por la Ciudad de Buenos Aires para evitar que se suspendan las clases presenciales por 15 días frente al avance de la segunda ola del COVID-19.
El acto procesal marca una decisión política del tribunal, que decidió darle impulso al tratamiento de la cautelar presentada por la Ciudad de Buenos Aires, que el fin de semana logró que la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falle a favor de la continuidad de las clases presenciales a pesar del DNU firmado por Alberto Fernández y los 21 ministros del Gabinete Nacional.
La crisis institucional que enfrenta en la justicia federal a Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta tuvo una derivación política inesperada: Zannini ahora exhibe su poder real a plena luz del día, recordando su influencia pasada cuando era la firma legal que protegió a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner durante sus años en la Casa Rosada.
La respuesta que escribirá el Procurador ante el traslado formal de la Corte no es un secreto de Estado. Alberto Fernández y Zannini consideran que el alto tribunal no es competencia original para la Ciudad de Buenos Aires y que Rodríguez Larreta debió presentar su cautelar en la primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal para después llegar a través de las distintas apelaciones o el Per Saltum hasta la Corte.
El Presidente y su procurador del Tesoro conocen los argumentos jurídicos presentados por Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y la disidencia de Rosenkrantz para sostener que Rodríguez Larreta puede ir en competencia original a la Corte -Gobierno de la Ciudad c/ Córdoba-, pero optaron por elogiar la posición doctrinaria de Elena Highton de Nolasco que se ajusta a su estrategia procesal.
Alberto Fernández y Zannini conversaron sobre esta jurisprudencia clave para la preservación del DNU y su ataque legal ejecutado desde la Ciudad, y acordaron dar la batalla a sabiendas que perderán cuatro a uno al momento de resolver la competencia original del máximo tribunal. No les importa: el jefe de Estado y su consiglieri necesitan tiempo para que el DNU no caiga en la Corte y la suspensión de las clases tenga posibilidades de continuar vigente hasta fin de mes.
Zannini cumple la hoja de ruta diseñada ayer junto a Alberto Fernández y hoy se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para pedir una inhibitoria que anule la decisión de la Cámara porteña que ordenó a la Ciudad garantizar las clases presenciales en la Capital. Ese movimiento desconoce la competencia originaria de la Corte y avanza contra el triunfo político-jurídico de Rodriguez Larreta.
La causa fue sorteada y quedó en manos del juez Esteban Furnari, que ahora se encuentra en un laberinto procesal: Si acepta el escrito de Zannini, dejará descolocada a la Corte Suprema que está dando traslado a la Procuración del Tesoro. Y si rechaza y no concede la inhibitoria, obliga que Zannini concurra en apelación a la Cámara Federal.
En este lógica procesal, la Ciudad lleva la mejor parte. Las clases presenciales continúan vigentes y no habría razones para que los gremios docentes continúen en paro. Los sindicatos cercanos a la Casa Rosada no pueden alegar que están violando las disposiciones del Código Penal -hay un fallo vigente- ni presentar razones sanitarias frente a los datos formales que presentó el Gobierno porteño.
Rozenkrantz y Lorenzetti sostienen que la Corte puede sesionar el viernes próximo para resolver un caso que puso en crisis la educación porteña y aceleró las diferencias entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Maqueda y Rosatti, en cambio, consideran que aún es prematuro establecer un cónclave para decidir la viabilidad del amparo presentado por la Ciudad.
Es probable que mañana haya una reunión de Acuerdos -vía zoom- para ajustar la agenda de funcionamiento en este expediente, a la espera de la respuesta de Zannini como Procurador del Tesoro. Si el juez Furnari no decide en la presentación del Poder Ejecutivo, y las partes finalmente aguardan la decisión del alto tribunal, las clases presenciales continuarán a pesar de los cuestionamientos públicos y reservados de Alberto Fernández.
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