El Gobierno le otorgó la “personería social” a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y está a un paso de la sindicalización

“Fue un camino arduo, de unidad; por suerte contamos con el Papa Francisco quién reconoció que todos somos trabajadores, y debemos tener los mismos derechos. Hoy tenemos un gobierno que llama a fortalecer a los movimientos populares, que nos abre el Consejo Económico y Social. Vamos hacia la formalización de todas nuestras ramas, y luego a sumarnos a la CGT. Eso es lo que queremos”.

Con esas palabras, Esteban “Gringo” Castro, el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), celebró la firma de la resolución que establece la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, y la personería social.

A partir del acto administrativo formalizado en el ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, la UTEP dio su primer primer paso hacia su formalización jurídica como sindicato, un hecho que genera discusiones entre los principales líderes de la CGT ya que, si los más de dos millones de trabajadores que se desempeñan en la economía popular se anotasen en el registro recién formado, esa organización, que nació después de importantes movilizaciones y reclamos piqueteros, se podría trasformar en la organización sindical más importante del país.

Hace dos semanas Infobae adelantó de manera exclusiva que el gobierno de Alberto Fernández estaba decidido a avanzar en el reconocimiento a la organización liderada por Castro, pero que contiene a más dirigentes sociales de peso como Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, los principales referentes del Movimiento Evita; el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Daniel Menéndez, también funcionario y Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie, entre otros.

En la UTEP están contenidos trabajadores de distinta naturaleza enrolados en más de 200 actividades divididas en ramas y subramas de la economía popular que incluyen, por ejemplo, a cartoneros, horticultores, feriantes y vendedores ambulantes.

Desde el Ministerio de Trabajo explicaron que lo que se le otorgó a la UTEP es la “personería social” y no “personería gremial” porque “no tienen, por citar un caso, un patrón directo”, como los recicladores urbanos, o los cartoneros.

Es decir, se circunscribe a trabajadores independientes que se desempeñan en unidades económicas que, por su modalidad organizativa y el segmento socioeconómico en el que se desarrollan, se los puede denominar “populares”. Principalmente los que se desarrollan de manera individual, aunque también al trabajo asociado, como las cooperativas de trabajo.

Durante el encuentro, el ministro de Trabajo sostuvo: “Lo que hemos hecho es rearmar una regulación existente de modo tal que estos movimientos sociales puedan tener un esquema de representación formalizado, puedan formalizar su organización con sus estatutos, con sus sistemas electorales, con todo un régimen similar a los que tienen las asociaciones sindicales, pero respetando la naturaleza de lo que representan”. Agregó que es necesario reconocer “estas otras formas de trabajo, que se van a insertar en el sistema productivo de otros modos, pero que también merecen el reconocimiento y la protección del Estado.”

A su turno, Cafiero cuestionó la estigmatización de los trabajadores del sector con el mote de “piqueteros” y analizó los problemas actuales para integrar al mercado laboral al sector que compone la UTEP. “Este es un día histórico, es un día donde logramos dar un paso más en la formalización de los representantes de la economía popular, pero sobre todas las cosas, es un paso más en la formalización de la economía popular, que es una economía que está creciendo, y que viene dando respuesta donde el mercado no la ha dado”, afirmó.

El antecedente anterior de una “personería social” fue dictado el 9 de diciembre de 2015 por el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada. Lo hizo 24 horas antes de abandonar el cargo, ya que al otro día, Mauricio Macri juraba como presidente de la Nación, en lugar de Cristina Fernández de Kirchner.

Fue a favor de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuyo principal exponente era Grabois.

En su momento, el propio Grabois explicó el alcance de la resolución de Tomada: “Después de 30 años el Estado acepta que no se trata de ‘efectores sociales’, ‘microemprendedores’, ‘beneficiarios’, ‘titulares de derecho’, ‘subocupados’ o “desocupados’, sino de trabajadores”.

El 19 de febrero pasado, durante el lanzamiento del Consejo Económico y Social encabezado por Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner, desde donde llamó a “hacer una sociedad más justa”, Castro estuvo sentado en la primera línea de sillas en el escenario, al igual que el cotitular de la CGT, Héctor Daer, uno de los líderes sindicales.

La creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, era un reclamo de largo aliento por las organizaciones sociales.

Según informaron a Infobae funcionarios allegados a Moroni, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo “y permitirá la constitución de asociaciones entre trabajadores y trabajadoras que ejerzan su labor en la Economía Popular entendidos como aquellos que se desempeñen de manera individual o colectiva, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, entre otros”.

En este sentido, “brinda un marco jurídico que les permite ejercer su representación colectiva, canalizando en un ámbito de legalidad las peticiones e iniciativas para el desarrollo de la actividad”.

Castro es un dirigente surgido del Movimiento Evita, pero, a diferencia de Pérsico y Navarro, hasta ahora no accedió a un cargo en la administración pública; mantiene un vínculo muy estrecho con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y es esposo de la actual intendente de Moreno, Mariel Fernández, quien llegó a ese cargo desde la misma organización social.

“Queremos estar dentro de la CGT, lo dijimos siempre. Es importante que este sector, que está cada vez más organizado, esté dentro de la central más grande”, le dijo a este medio el Secretario General de la UTEP y abundó: “Este reconocimiento del Estado es un nuevo paradigma para los trabajadores que se encuentran excluidos de derechos, sin convenio colectivos de trabajo. El ministro Moroni nos reconoce como una nueva forma sindical de aquellos que no tienen un patrón visible y nunca había tenido respuesta. Es un paso más hacia la potenciación de la economía popular en su relación con el Estado. Impusimos la idea de personaría social. Ahora nos preocupa unir a todo el sector. Lo novedoso es que somos un sindicato con el aspecto reivindicativo y comunitario”.

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