Más autoridades de mesa y vacunación de todo el personal: los reclamos y propuestas que la Justicia le planteó al Gobierno para las elecciones

Las fechas electorales en el primer año de comicios en pandemia en la Argentina están en duda y serán determinadas por las negociaciones políticas que se encuentran en curso, tanto entre el Gobierno y la oposición, como al interior del oficialismo. Mientras tanto, adelantándose a la escasez de vacunas, la Justicia Electoral hizo una serie de reclamos y propuestas a la Casa Rosada con respecto a la inoculación del personal electoral y el presupuesto para disponer de mayor cantidad de recursos humanos, así como para la compra de elementos de protección.

Tanto en el ámbito judicial como gubernamental analizan los diversos escenarios en los que podrían celebrarse las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el marco del riesgo de coronavirus, con sus costos y consecuencias.

El jueves hubo una reunión virtual entre los 24 jueces electorales del país –uno por provincia más la ciudad de Buenos Aires– y la Cámara Nacional Electoral. Los magistrados se mostraron preocupados y consideraron que la celebración de los comicios en la pandemia requiere, obligatoriamente, que se destinen gastos extraordinarios para la adquisición de equipos de protección para las autoridades; que se incremente la cantidad de escuelas y autoridades de mesa; y que se designen ad-hoc delegados dedicados específicamente al monitoreo e implementación de los protocolos anti-Covid.

A mediados de enero, la Cámara Electoral le había pedido al Gobierno que el personal electoral sea incluido entre los grupos prioritarios para la vacunación. Esta semana, todos los jueces coincidieron en la necesidad de que el personal abocado a la elección esté vacunado, pero por ahora no hubo un reclamo general oficial al Gobierno. Solo la jueza electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, dijo que pedirá al gobierno nacional, a través de un oficio, que vacune a los 20 empleados de su juzgado que tienen que trabajar en el armado de las urnas. Se trata de una instancia clave del calendario electoral, que debe llevarse a cabo en julio.

La vacunación, coinciden tanto las autoridades electorales como gubernamentales, no alcanzará a la totalidad de la población antes de las elecciones. En la Justicia hay preocupación, y desde el Ministerio del Interior, que conduce el camporista Eduardo “Wado” De Pedro aseguraron que no están previstos, por el momento, cambios en el esquema de vacunación, o presupuestario, o de autoridades de mesa. Según dijeron a Infobae desde esa cartera, aguardaban la opinión del Ministerio de Salud para tomar cualquier decisión.

La vacunación del personal electoral fue uno de los temas que la semana pasada los jueces de la Cámara Electoral le plantearon a la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo y la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, respondieron a la Justicia Electoral que los integrantes de las fuerzas de seguridad abocados a los comicios ya están contemplados como sector de prioridad para la vacuna. Sobre el resto del personal -las autoridades de mesa, los fiscales de los partidos y un delegado especial por centro de votación para controlar el cumplimiento de los protocolos– aseguraron que dependerá del esquema que organice el Ministerio de Salud. Desde la cartera que dirige Ginés González García informaron a este medio, ante una consulta, que están trabajando en el tema, pero aún no hay definiciones.

“¿Qué postura podrían tomar si el personal no es vacunado?”, le preguntó Infobae a una fuente judicial. “De eso no se habló”, fue la respuesta.

En la reunión de jueces se planteó también una preocupación por la convocatoria a las autoridades de mesa. La escasez de agentes es un problema recurrente en las elecciones, que este año puede agravarse por el coronavirus. “A la reticencia habitual se puede sumar que muchos de los sorteados planteen que son población de riesgo. También puede ocurrir que pocos días antes de la elección sean diagnosticados con Covid-19, o hayan tenido un contacto estrecho y no puedan presentarse”, previeron, con preocupación.

Ante ese escenario, algunos magistrados propusieron que el Gobierno le facilite a la Justicia Electoral el listado de las personas que ya fueron vacunadas para convocarlas como autoridades de mesa. Además, pidieron que se abone un viático lo suficientemente alto como para entusiasmar a los ciudadanos a cumplir con la tarea, aunque no se mencionaron montos específicos. En los comicios presidenciales de 2019, cada autoridad cobró 1.900 pesos. Otra posibilidad que se maneja como opción es pedir que la votación se organice por horarios según el número de DNI.

Por la pandemia, la Justicia Electoral llevará al mínimo las actividades presenciales y trabajará con la digitalización de todos los trámites. Por ejemplo, ya se decidió que las capacitaciones a las autoridades de mesa y los fiscales se realicen a través de las plataformas virtuales. Lo mismo ocurrirá en el caso de las audiencias que los jueces de cada distrito deben mantener junto a los apoderados de los partidos políticos para llevar a cabo distintas tareas, por ejemplo, el análisis de boletas.

Las primarias podrían suspenderse, superponerse con las generales, o postergarse. La primera opción, que ambicionan los gobernadores y el Presidente, es la menos viable; la segunda es una propuesta del kirchnerismo que recibió fuertes críticas que la comparan con la Ley de Lemas; mientras que la tercera parece, por el momento, la propuesta oficial más viable para negociar. La oposición se mostró dispuesta a escuchar esa posibilidad, y el camporismo la ve con buenos ojos. Mientras las fuerzas políticas dialogan y negocian salidas, la Justicia Electoral y el Ministerio del Interior, analizan los distintos escenarios de la elección en pandemia. Aunque mientras se acerca el comienzo del calendario electoral, por ahora no hay respuestas concretas a las demandas de la Justicia Electoral.

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