La Corte Suprema resolverá si la Justicia Federal o la de Formosa investiga las denuncias por violaciones a los derechos humanos

La Corte Suprema de Justicia deberá intervenir para definir la competencia en el hábeas corpus iniciado por el senador de la UCR Luis Naidenoff en favor de las personas alojadas en centros de aislamiento que funcionan en Formosa como estrategia provincial para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Así lo resolvió la jueza de feria a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 del Poder Judicial provincial, María Belén López Mace, quien remitió el caso al máximo tribunal para que “resuelva la contienda positiva de competencia” que se produjo luego de que la justicia formoseña pidió la inhibitoria del expediente al considerar que no le corresponde intervenir a la justicia federal en el tema, en una postura contradictoria con la adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal.

De esta forma, los ministros de la Corte tendrán en sus manos una causa de fuerte voltaje político y que es motivo de enfrentamientos entre el gobierno nacional y la oposición. El mismo tribunal le había ordenado en noviembre pasado al gobernador Gildo Insfrán que permitiera el ingreso de personas que querían entrar a Formosa pero estaban retenidas en los accesos al territorio.

Para la dirigencia de Juntos por el Cambio, la decisión judicial que llevará el caso a la Corte “es un planteo dilatorio”, pero “dejará en evidencia una disputa de poder porque la justicia provincial ya había desestimado todos los hábeas corpus” vinculados con los centros de aislamiento y ahora existirá una posibilidad de que el máximo tribunal permita que finalmente se investiguen en el fuero federal las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Formosa.

En su presentación, Naidenoff afirmó que en los centros de aislamiento no se respetan mínimamente las condiciones de privacidad, intimidad, higiene y salubridad, ni las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma, invocó que se ven afectados derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente, a la vez que consideró que la acción del Estado provincial infringe el artículo 205 del Código Penal, referido a la propagación de la pandemia.

Asimismo, el legislador dijo que las medidas de aislamiento obligan a cientos de personas a convivir sin respetar su privacidad e intimidad y en condiciones precarias, compartiendo el mismo espacio físico, tanto los portadores del COVID-19 como los casos sospechosos sin diagnóstico definitivo.

Luego de la presentación del hábeas corpus, la Cámara de Casación Federal había determinado que fuese la justicia federal y no la provincial la que interviniera en el hábeas corpus. Así lo decidió luego de que la jueza federal de Formosa declarara su incompetencia para hacerse cargo del caso.

Casación había resuelto que el caso quedara a cargo de la justicia federal, en contra de lo que opinó el fiscal ante esa cámara, Raúl Pleé, para quien el caso debía continuar en el Poder Judicial formoseño.

El criterio adoptado por la Cámara de Casación fue que el juzgado federal era competente para tratar el hábeas corpus porque ante una situación de pandemia son los Estados nacionales los que fijan las pautas por cumplirse en materia sanitaria y las provincias actúan como poder delegante, por lo cual no le correspondía considerar el caso a la justicia formoseña.

Cuando el expediente volvió al juzgado provincial de origen, que debía resolver sobre la presentación de Naidenoff, el gobierno formoseño planteó ante el Superior Tribunal la inhibición del juzgado federal porque consideró que el asunto era competencia de la justicia local, y allí se desató el conflicto de poderes: el máximo tribunal provincial desconoció la resolución de la Cámara de Casación Federal.

La jueza López Mace solicitó el viernes pasado a la Fiscalía de Estado formoseña que en 24 horas entregue un “informe pormenorizado” sobre las personas incluidas en el hábeas corpus que había sido presentado por Naidenoff.

Y en las últimas horas, finalmente, se conoció el fallo en el cual se afirma que “atento a lo solicitado por la jueza de feria a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 del Poder Judicial de la Provincia, y considerando los argumentos expuestos por la misma, a modo de colaboración y teniendo en miras la celeridad que debe primar en este proceso, remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el presente incidente a efectos que se resuelva la contienda positiva de competencia trabada en autos”.

En una solicitada difundida este fin de semana, sectores de la política, la cultura y la educación manifestaron su repudio a lo que está sucediendo en esa provincia y advirtieron que “permitir que se violen impunemente los derechos humanos atrasa” ya que “trae recuerdos de un país sin retorno que los argentinos nos juramentamos dejar definitivamente atrás en 1983″. “Que no confundan barbijo con bozal ni desesperación por vacunarse con vacunas adquiridas a cualquier precio, sin transparencia y desprovistas de especificaciones técnicas suficientes”, dijeron.

Amnistía Internacional pidió que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación condene las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Formosa y que agote todos los medios a su alcance para revertir la grave situación a partir de las medidas desproporcionadas para combatir la pandemia provocada por el COVID-19 en la provincia.

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