La Cámara de Casación Penal fijó audiencia para tratar el habeas corpus presentado por Luis Naidenoff contra las medidas de aislamiento dispuestas en Formosa

El senador de Juntos por el Cambio sostuvo que en los centros gubernamentales no se respetan las condiciones de privacidad, intimidad, higiene y salubridad, ni las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación frente al coronavirus

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Luis Naidenoff
Luis Naidenoff, senador de Juntos por el Cambio por Formosa

Mariano Borinsky, presidente de la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, fijó audiencia de informes para el miércoles 25 de enero a las 13 para el estudio del habeas corpus colectivo interpuesto por el senador Luis Naidenoff en favor de las personas alojadas en centros de aislamiento frente el coronavirus que funcionan en la provincia de Formosa, tales como el Estado Cincuentenario.

En su presentación, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que en los mencionados centros gubernamentales de aislamiento no se respetan mínimamente las condiciones de privacidad, intimidad, higiene y salubridad, ni las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma, invocó que los derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente se ven afectados, a la vez que consideró que el accionar del estado provincial infringe el artículo 205 del Código Penal, referido a la propagación de la pandemia.

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Asimismo, Naidenoff afirmó que las medidas de aislamiento obligan a cientos de personas a convivir sin respetar su privacidad e intimidad y en condiciones precarias, compartiendo el mismo espacio físico, tanto los portadores del COVID-19 como los casos sospechosos sin diagnóstico definitivo.

Disturbios en el Centro de Atención Sanitaria de Formosa
Naidenoff denunció que en los centros de aislamiento no se cumplen con las medidas de prevención recomendadas por el ministerio de Salud

Formosa es una de las provincias que ha tomado medidas más estrictas para combatir la pandemia del COVID-19. A fines del año pasado la situación de los varados, que no podían ingresar al territorio gobernado por Gildo Insfrán por ser potenciales portadores del virus, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, la provincia quedó en el ojo de la tormenta por el regreso a Fase 1 en algunos departamentos, las denuncias por hacinamiento en los centros de atención sanitaria y la imposibilidad de las personas asintomáticas o con síntomas leves de cumplir con el confinamiento en sus domicilios.

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Ante esta situación, Naidenoff, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, presentó el habeas corpus colectivo y correctivo en el Juzgado Federal de la provincia para pedir que el Estado se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas con COVID-19 positivo o que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado y que se disponga el aislamiento en domicilios particulares. También solicitó que se corrijan las condiciones en las que se cumple el confinamiento en los centros de aislamiento, particularmente en el montado en el Estadio Cincuentenario.

En diálogo con Infobae, el senador radical señaló que el gobierno de Insfrán está “absolutamente convencido” de que la única manera de controlar o mitigar los efectos del virus es bajo el control y la presencia estatal, y que descree de la responsabilidad individual de los formoseños. Según su testimonio, hay un Estado “policíaco que te asfixia” a tal punto que “nadie se va a querer hisopar por temor a quedar privado de su libertad”.

En realidad son centros de privación de la libertad, donde hay tratos crueles e inhumanos. Es la única provincia en la que los laboratorios privados no están habilitados para hacer el PCR y hay un control asfixiante. El Gobierno reconoció hoy por primera vez que en la ciudad capital hay una circulación viral de baja intensidad, pero volvió a prorrogar la Fase 1. Nunca tuvo la capacidad de conciliar con inteligencia el andamiaje económico y el sanitario”, completó Naidenoff.

El legislador formoseño también estuvo presente en el momento de la liberación de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían sido detenidas en la puerta de una escuela de la capital provincial cuando reclamaban por las condiciones inhumanas en las que viven las personas que llevan a cabo allí la cuarentena obligatoria.

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