Coronavirus y política: el Gobierno distorsiona el valor de los derechos humanos para defender a Gildo Insfrán

La larga y agotadora secuencia del coronavirus viene escribiendo desde hace rato en Formosa el capítulo seguramente más crudo de la falta de límites a las restricciones sociales e individuales para enfrentar la pandemia. Ahora, acaba de sumar otras líneas de alto impacto. El oficialismo cerró filas en la defensa de Gildo Insfrán pero la visita del funcionario Horacio Pietragalla Corti agregó la mayor exposición conocida hasta ahora de la sectarización y distorsión del valor de los derechos humanos. Por debajo, además, el jefe formoseño mostró un tejido interno que excede a Olivos y que remite antes a Cristina Kirchner.

El secretario de Derechos Humanos sintetizó en buena medida ese cuadro. Pietragalla responde sin intermediarios a la ex presidente y fue al mismo tiempo la voz más calificada del Gobierno para respaldar al gobernador. La actuación del funcionario superó por mucho la defensa hecha por el propio PJ, que descalificó las denuncias sobre la situación formoseña como una “feroz campaña” desatada por la oposición.

Las señales alarmantes sobre el manejo de Insfrán arrancaron en los primeros momentos de la cuarentena y se extendieron hasta ahora. Las imágenes de formoseños varados en la frontera, difundidas por los medios, sumaron crónicas sobre arbitrariedades en distintas ciudades de la provincia con testimonios que circularon básicamente por las redes. En el último mes, tomó dimensión política con las denuncias directas de la oposición -local y nacional- sobre las condiciones impuestas en los centros de “asistencia sanitaria” y arbitrariedades en el confinamiento de personas en esos sitios de aislamiento.

La primera reacción del Gobierno fue el silencio. La conducción del PJ hizo un primer pronunciamiento, calificando como ejemplo sanitario la política del gobernador. Un documento que trascendió la formalidad, porque reconoció a Insfrán en un lugar nacional poco vistoso pero de fuerte peso en el entramado interno.

Isnfrán lleva veinticinco años en el poder local. Es el titular del Congreso Nacional del PJ, bastante más que un cargo formal cuando debe alinearse la estructura partidaria en función de alianzas o con autoridades en discusión. Maneja como jefe indiscutido su provincia y aporta a la campaña más que votos. Estableció una relación directa con CFK antes incluso del armado que coronó a Alberto Fernández. Y un hombre suyo, José Mayans, conduce el bloque oficialista en la Cámara dominada por la ex presidente.

La primera señal potente de defensa, ya no sólo una declaración de apoyo irrestricto de la conducción partidaria, surgió precisamente de esa alianza y entonces involucró al Gobierno. Hasta el momento, eso es lo que expresó el viaje de Pietragalla a la provincia.

Era esperada la negación del cuadro local, que según denuncias registradas incluso por Amnistía Internacional fue acondicionado previamente con “traslados y liberaciones repentinas”. Una manera de “responder” a las denuncias opositores sobre hacinamiento y condiciones “inhumanas” en los centros de aislamiento en la capital provincial. Allí estuvo centrada la visita del funcionario, que en boca de opositores escuchó además descripciones dramáticas sobre algunas comunidades indígenas.

Pietragalla fue frontal en sus declaraciones a los medios una vez concluida su misión. No tuvo un discurso muy elaborado, lo cual hizo más evidente el modo en que forzó el tema. Dijo que no registró violaciones “sistemáticas” de los derechos humanos, que no se han producido secuestros, que no se cometieron delitos de lesa humanidad y que las condiciones de los centros de aislamiento son buenas. En síntesis, y luego de referir a la “excepcionalidad” de la época y a las “restricciones” de libertades individuales en todo el mundo, dijo que no podría hablarse de dictadura.

En otras palabras, puso la respuesta en términos extremos que adjudicó de hecho a las denuncias. Y mostró una matriz conocida y sectaria, además de un giro de intencionalidad ajustada al cálculo político. En esa línea, el tema de los derechos humanos remite al pasado hasta como vara para medir el presente. Y en este caso, las violaciones a derechos esenciales quedarían convertidas en datos menores o anecdóticos frente a las atrocidades de la dictadura. El confinamiento obligatorio y arbitrario con ribetes policiales no sería un problema. Y la violencia institucional, tampoco.

De todos modos, la cuestión no parece cerrada. Es probable que exista alguna recomendación, medida, a la provincia. Las críticas sobre la visita del funcionario que hizo en las última horas Amnistía Internacional tendrían algún impacto. Y Juntos por el Cambio enviará la semana próxima un grupo de tres o cuatro legisladores a Formosa. La exposición del secretario de Derechos Humanos tal vez cierre el círculo interno, pero no el debate.

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