
La reducción de 95,613 estudiantes en el sistema público costarricense desde 2019 derivó en el cierre de 16 centros educativos para el ciclo actual, según confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP). El fenómeno responde a la caída sostenida de la matrícula, que según las autoridades, obedece principalmente a la baja natalidad.
Durante el presente curso lectivo, el sistema educativo registra menos de 946,000 alumnos, una cifra que refleja un descenso de 130,000 estudiantes respecto a la matrícula documentada en 2021. El MEP sostiene que esta tendencia no es nueva y que en los últimos 12 años ya se habían cerrado 200 centros educativos por causas similares.
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El cierre de los planteles, una medida que afecta principalmente a las zonas norte y sur del país, se vincula con la estrategia oficial de reestructuración escolar. El objetivo declarado es reorganizar la oferta educativa con grupos más pequeños, reubicación de docentes y concentración de servicios, y no simplemente reducir costos. Así lo explicó el ministro Leonardo Sánchez, quien subrayó: “Menos estudiantes representan una oportunidad para hacer una educación más personalizada y reforzar ciertas cosas”, según declaró a El Observador.

El proceso de cierre se distribuye entre 15 centros que estaban en trámite ante la Comisión de Regulación de la Oferta Educativa y uno adicional, la Escuela Pueblo Nuevo en Puriscal, cuyo cierre oficial fue aprobado y regirá a partir del 1.º de febrero de 2026.
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El impacto en las escuelas rurales y la justificación del MEP
Buena parte de los centros afectados son escuelas unidocentes ubicadas en zonas rurales, donde a menudo un solo docente atiende a menos de una decena de estudiantes. Sánchez puntualizó que existen casos en los que solo un alumno asiste a la escuela, lo que limita tanto el desarrollo pedagógico como el acceso a instalaciones y actividades complementarias.
El ministro detalló que las escuelas unidocentes suelen carecer de infraestructura para deportes, arte, bibliotecas, computación o inglés, y que los niños enfrentan restricciones sociales y académicas por la falta de compañeros y diversidad docente. “Necesito tener estudiantes con los cuales interactuar. Necesito tener más docentes para tener variabilidad de conocimiento”, afirmó.
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En relación con el cierre de estos centros, las autoridades educativas enfatizan que la decisión no implica negar inscripciones ni despidos de personal. Por el contrario, el personal docente será reubicado en otras instituciones, en un proceso que el propio Sánchez describió como gradual y progresivo: “Yo no despido personas, yo las reubico. Se reubican ahí y el docente también va a trabajar en un ambiente digno, con todas las condiciones”.
Plan de unificación y nuevos modelos escolares
Como parte de la respuesta institucional, el MEP impulsa la concentración de servicios en nuevos centros educativos que agrupan a estudiantes de varias comunidades, conocidos como “megacentros”. El modelo, que ya se aplica en México de Upala, integra desde preescolar hasta secundaria en un mismo complejo y contempla el financiamiento del transporte escolar para garantizar la asistencia de los alumnos.
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Sánchez reconoció que la propuesta enfrenta resistencia por parte de sectores políticos y comunidades, quienes argumentan el arraigo local de las escuelas cerradas. No obstante, defendió el modelo señalando el cambio de preferencia de las familias en zonas donde ya se implementó: ahora, los padres optan por el centro unificado debido a la calidad de la infraestructura y la diversidad de oportunidades educativas.
La experiencia en México de Upala, donde antes funcionaban varias escuelas unidocentes en condiciones precarias, muestra —según el ministro— que la movilidad estudiantil en zonas rurales puede cubrir distancias de hasta siete u ocho kilómetros. Según El Observador, el caso de Limoncito sigue una lógica similar, con la construcción de un centro ampliado que reemplaza varias escuelas pequeñas.
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El ciclo lectivo actual comenzó el 23 de febrero y en estos días las escuelas y colegios se preparan para el receso de medio año. El MEP insiste en que la reducción de matrícula, lejos de ser un síntoma de abandono estatal, constituye la oportunidad de reestructurar un sistema que, con menos estudiantes, puede aspirar a una educación más personalizada y a instalaciones mejor equipadas.
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