Juntos por el Cambio pedirá que una comitiva de diputados viaje a Formosa para constatar las denuncias por violación de derechos humanos

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pedirá al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para que se constituya una comitiva de legisladores que viaje a la provincia de Formosa. El objetivo es corroborar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que estaría cometiendo el gobernador Gildo Insfrán en el marco de las medidas sanitarias implementadas durante la la pandemia.

La decisión fue resuelta hoy por la mesa opositora de la Cámara baja, de la que participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, el vicepresidente primero de la Cámara baja Omar De Marchi, el presidente del bloque de la CC-ARI Juan Manuel López y los diputados nacionales Silvia Lospennato (PRO), Brenda Austin (UCR), Álvaro González (PRO) y Miguel Bazze (UCR).

Según los diputados nacionales, en Formosa se produce una “grave situación” con las personas que viven confinadas en los centros de aislamiento de prevención del COVID-19, donde se producen “múltiples violaciones a los derechos humanos”. Los casos más graves, destacaron los legisladores, involucran a “menores de edad encerrados, quienes conviven hacinados compartiendo camas con familiares y baños con adultos que no son de sus propias familias”.

Ayer, los miembros de Juntos por el Cambio de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión recibieron las denuncias de las dos concejalas que fueron detenidas por hacer públicos los presuntos abusos de autoridad. También se recopilaron testimonios de periodistas formoseños “a los que se les cercenan sus libertades y se los intimida para que no informen, así como los de otros ciudadanos que contaron sus experiencias”.

“Los testimonios dan cuenta de situaciones que remiten a las épocas más oscuras de nuestro país: traslados nocturnos de personas a centros de alojamiento, seguimientos y causas penales contra las personas que expresan una opinión disidente en medios de comunicación o redes sociales, censura, denegación de la tramitación de hábeas corpus, personas que son sometidas a aislamiento por COVID durante más de 20 días pese a haber dado negativo en los test, impedimento de derecho de circulación y libre tránsito, detención ilegal de opositores”, enumeraron los legisladores.

Además, adelantaron que incorporarán estos casos a las presentaciones ya cursadas ante el Poder Judicial, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que lidera la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

“También se los pondrá a disposición de las organizaciones nacionales de DDHH, a los que se insta a visitar los centros de aislamiento de la provincia de Formosa para constatar las denuncias y acompañar los reclamos judiciales”, puntualizaron.

Ante las denuncias recibidas, la bancada de Juntos por el Cambio “resolvió solicitar la inmediata reunión” en Formosa de las comisiones de Derechos Humanos, que preside el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, y de Libertad de Expresión, a cargo del opositor Waldo Wolff, y solicitará al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, a que “arbitre los medios para que los legisladores puedan ingresar a la provincia y que se respeten los fueros parlamentarios de los miembros de la delegación”.

En tanto, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) le pidió hoy informes al gobierno de Gildo Insfrán sobre la situación de los centros de aislamiento en esa provincia, a raíz de una denuncia que ingresó ayer a la Procuración con la firma de un grupo de diputados de la Coalición Cívica. Según pudo saber Infobae, el organismo del Ministerio Público inició una investigación preliminar (IP) para determinar si se cometieron delitos.

Pedido por presencialidad

El bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio insistió también que se tomen las medidas necesarias para garantizar en todo el país el retorno a la presencialidad “con protocolos sanitarios adecuados, para resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad”.

“Volver a las aulas expresa el compromiso de poner a la educación en el centro de la escena. El Gobierno Nacional debe garantizar la presencia de los alumnos en las aulas y acompañar a las jurisdicciones provinciales con los recursos y medidas necesarias para ello. Una hoja de ruta clara es imprescindible para que las familias y la comunidad educativa conozcan, a poco de comenzar el año escolar, en qué condiciones empezarán las clases”, señalaron a través de un comunicado.

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