Una vez más el Gobierno Nacional volvió a otorgar por decreto ayuda financiera a las obras sociales para mitigar el impacto de la crisis económica que profundizó la pandemia de COVID-19 a lo largo del 2020. Esta nueva asistencia se da mientras la CGT se encuentra en estado de alerta ante las versiones sobre una reforma del sistema de salud impulsada por el kirchnerismo.
A través de la Resolución 163/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud otorgó “un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación al mes de marzo de 2020″. Como en las anteriores oportunidades, el objetivo es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.
En los considerando el Gobierno justificó que a raíz de las medidas de aislamiento y distanciamiento “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo”. En este marco, la merma productiva “se ve reflejada asimismo en la recaudación tributaria, y consecuentemente, en los recursos destinados a los Agentes de Salud”.
“La situación descripta amenaza la cadena de pagos del Sistema de Salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”, agregó el texto oficial. Por ello, el Poder Ejecutivo continúa asistiendo financieramente a las obras sociales con la mira puesta en “garantizar el adecuado servicio de los sanatorios, clínicas y demás prestadores de salud”.
El Ministerio de Salud volverá a destinar recursos a los Agentes del Seguro de Salud que permitan “compensar la disminución de la recaudación de sus recursos habituales como consecuencia de la emergencia sanitaria”, sostiene la resolución.
En su artículo 2, la norma establece que el monto del apoyo financiero para cada Agente será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones durante marzo de 2020 y la recaudación percibida durante el último mes. Según precisó el Gobierno, la diferencia total entre todas las obras sociales supera los 220 millones de pesos.
Al igual que ocurrió a lo largo del 2020, el dinero saldrá de un Fondo de Emergencia y Asistencia creado en 2016, destinado al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes de Seguridad Social.
Este fondo fue creado por pedido de la CGT para financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias”, programas de prevención aprobados por las autoridades, la adquisición de equipamiento tecnológico y de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los proyectos de fortalecimiento institucional de las obras sociales. El dinero que el Gobierno destinó originariamente para ese fin, alrededor de 4.500 millones de pesos, fue creciendo por los intereses financieros y una parte del mismo ahora se usa para un caso de epidemia, tal como fue concebido. En esta ocasión, el monto a cubrir es de $227.705.825.
La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Eugenio Zanarini, avanzó con la presente resolución mientras la CGT continúa en alerta ante las versiones de que el Estado podría apropiarse de los fondos de las obras sociales.
El temor de la central obrera surgió luego de un acto que protagonizó Cristina Kirchner en La Plata el pasado 18 de diciembre. Allí la vicepresidenta afirmó que “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”. Luego el Gobierno anunció un incremento del 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga, que poco después fue dejado sin efecto. Este gesto que interpretado por la CGT y empresarios como una señal de avance del kirchnerismo sobre el sistema de salud para que el Estado tome control de las obras sociales. Ningún miembro del oficialismo desmintió públicamente la existencia de ese plan.
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