El ex intendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Enrique Prado, fue detenido el 18 de noviembre acusado de un multimillonario robo de caños que se iban a utilizar para un gasoducto en el noroeste argentino. La cifra ronda los 3,5 millones de dólares.
En las últimas horas sumó una nueva causa. Ampliaron su imputación por supuesta malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Prado debe explicarle a la justicia salteño cómo manejó el dinero que le fue girado durante la pandemia.
El pedido de ampliación se dio luego de que el 6 de noviembre el funcionario de la intervención municipal, Diego Argarañaz, aportara documentación que expone a Prado por no informar el destino de 24 millones de pesos que había recibido entre el 11 y el 31 de diciembre 2019.
Argarañaz también adjuntó documentación vinculada a las partidas de COVID-19 que recibió el ex intendente desde mayo por un total de $9.564.216,79.
El pedido del fiscal Armando Cazón precisa que el ex jefe comunal debe clarificar el destino de esos 24 millones de pesos que estaban destinados al programa Aguaray Trabaja. También deberá clarificar el gasto de $388.253.301,04.
El ex intendente debe demostrar ante la justicia local en que utilizó esos fondos, además de gastos estimados en 7,5 millones de pesos para combustible. Los datos surgen de los informes trimestrales de gastos que el propio Prado remitió al Concejo Deliberante.
La audiencia de ampliación de declaración, que estaba prevista para este lunes, se pospuso al miércoles, para las 10 de la mañana. Se realizará por videoconferencia desde el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, donde se encuentra detenido con prisión preventiva, debido a que el juez Gustavo Montoya consideró que su libertad podría entorpecer la investigación.
Prado, que llegó a la intendencia como candidato del Partido de la Victoria (Frente de Todos), aseguró que su defensa la llevará adelante el famoso abogado Fernando Burlando.
El fiscal inició de oficio la investigación penal a partir de las declaraciones públicas del comisionado interventor de Aguaray, Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado por Prado. Tuvo en cuenta distintas publicaciones entre las que se precisa que el ex intendente recibió un municipio sin deudas y en la actualidad, diez meses después, tiene un déficit de 19 millones de pesos.
El 16 de octubre la Cámara de Senadores de Salta aprobó la intervención del municipio de Aguaray, luego de que se imputara a Prado por el robo de los caños del Gasoducto. En ese momento el intendente fue destituido.
Desde febrero la Justicia Federal investiga la causa en la que están imputados el jefe comunal, su secretario de Hacienda y varios empresarios, acusados de “fraude a la administración pública”.
En la causa en la que se investiga el robo en el gasoducto del NEA ya son diez los imputados. En tanto, se recuperaron 260 caños que equivalen a 34 kilómetros de la obra. Para el fiscal la principal hipótesis apunta a que el intendente Prado permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito por parte de distintos actores implicados, -entre ellos, el secretario de Hacienda municipal y empresarios-.
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