Dólar futuro: Cristina Kirchner y Axel Kicillof pidieron ante Casación su sobreseimiento y el cierre de la causa

Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron este martes la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de no avalar los sobreseimientos solicitados por otras defensas en la causa de dólar futuro, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Ni la vicepresidenta ni el gobernador bonaerense habían pedido esa declaración de inocencia cuando apareció la pericia que estableció que no había habido perjuicio para el Estado y el planteo fue realizado por los ex directores del Banco Central que están procesados.

Pero la decisión del TOF 1 –por dos votos a uno– de rechazar el pedido y avanzar hacia el juicio oral llevó a que Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron ahora ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión. Insistieron en que si llegó a haber algún perjuicio para el Estado por los contratos de dólar futuro fue consecuencia de “una política económica y monetaria adoptada” durante el gobierno de Mauricio Macri y reclamaron ser sobreseídos.

Además, dispararon sobre uno de los fundamentos de los jueces José Michilini y Ricardo Basílico cuando afirmaron que en el planteo no estaban incluidas todas las defensas dando a entender que querían ir a juicio. “Los magistrados infirieron que las defensas que no suscribimos la presentación que dio origen a esta incidencia nos opusimos a su progreso y que de alguna manera preferimos acudir al debate oral, en el que se recibirá la prueba ofrecida por las partes. Ello, aparentemente, sellaría la suerte del planteo. Nada más alejado de la realidad”, afirmó el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, en el escrito al que accedió Infobae.

En estos términos, Beraldi afirmó: “En caso de no hacerse lugar al inmediato sobreseimiento que fuera reclamado por las defensas -en favor de todos los sujetos pasivamente legitimados, dada la naturaleza del planteo- la definición de la situación procesal de mi representada y de los restantes imputados seguirá dilatándose en el tiempo por un extenso e innecesario período, que puede prolongarse por varios años más”.

Con esta presentación, será ahora la Cámara de Casación Penal la que defina si se avanza o no con la causa de dólar futuro. La llave la tiene la Sala 1, integrada por los jueces Ana María Figueroa Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Se trata de la Sala desde donde se esperan definiciones importantes en materia procesal: también analiza el planteo contra los arrepentidos en la causa de los cuadernos y los planteos para que el caso del espionaje que se abrió en Lomas de Zamora tramite en Comodoro Py 2002.

El caso

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

El caso fue instruido por el juez Claudio Bonadio, quien aseguró que hubo una maniobra que generó pérdidas al BCRA que alcanzaban aproximadamente USD 17.000 millones. El 13 de mayo de 2016 Bonadio procesó a CFK por administración infiel en perjuicio de la administración pública, junto al ex ministro de Economía y ahora gobernador bonaerense Axel Kicillof y los entonces directores del Banco Central de la República Argentina: Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También fueron procesados los directores de la Comisión Nacional de Valores Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar en la maniobra.

Cuando el caso fue elevado a juicio oral, recién ahí se hizo lugar a la pericia contable que solicitó la defensa del hoy director del BCRA Miguel Angel Pesce, a cargo de la abogada Andrea Casaux, quien planteó que a su cliente se lo estaban acusando de “un perjuicio para el erario de la administración pública que no fue verificado y sólo se basa en valoraciones de testigos y afirmaciones de quienes no resultan idóneos para determinarlo”.

El resultado de la pericia llegó recién en agosto pasado y determinó que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo para ser utilizado por el BCRA como “herramienta de control la estabilidad monetaria y cambiaria del país”, que no se verificó vulneración a la normativa que rige las operaciones a término en los años 2015 y 2016 y que los balances de 2015 y 2015 arrojan que no hubo pérdidas para Estado Nacional: “Las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Con eso, las defensas de los ex directores del BCRA reclamaron su sobreseimiento. El juez Adrián Grümberg estuvo de acuerdo pero los jueces Michilini y Basílico no y fijaron una audiencia para fines de noviembre con vistas a analizar la prueba nueva. El juez Grumberg terminó excusándose de seguir interviniendo al sostener que no iba a cambiar su postura por entender que no había delito y se sorteó a la jueza Gabriela López Iñiguez para reemplazarlo.

Sin embargo, aparecieron las defensas de CFK y Kicillof que hasta ahora habían mantenido silencio, y reclamaron que, en Casación, se dicte su sobreseimiento, de acuerdo a los escritos a los que accedió Infobae. Se fundan en el artículo 361 del Código Procesal Penal que establece que “cuando por nuevas pruebas” aparezca “una causa extintiva de la acción penal y para comprobarlo no sea necesario el debate”, el tribunal “dictará de oficio o a pedido de parte el sobreseimiento”.

Los argumentos de la vicepresidenta

Según sostuvo la defensa de la vicepresidenta, la resolución del TOF de rechazar los sobreseimientos “constituye un acto infundado, desprovisto de motivación lógica, fáctica y jurídica”, reviste “una inusitada gravedad institucional y excede holgadamente los intereses que represento, dada la naturaleza de los hechos enjuiciados, los actores involucrados y sus implicancias, que afectan de modo directo a la comunidad toda al verse afectada la ‘buena marcha de las instituciones’”

Beraldi también afirmó que aquí se continúa “el trámite del proceso aún cuando se encuentra debidamente acreditada la inexistencia del delito imputado” y se vulnera “el principio de inocencia y el derecho ser a ser juzgado en un plazo razonable”. “Desde un punto de vista procedimental, para denegar el sobreseimiento reclamado se violentaron las formas esenciales que hacen al juicio, pues arbitrariamente se omitió dar intervención a mi parte del planteo deducido y luego, sin fundamento alguno, se infirió una presunta voluntad contraria a la procedencia de la petición, la cual jamás existió”, afirmó el defensor de CFK.

En nombre de Cristina Kirchner, el escrito sostuvo que “la pericia contable practicada durante la instrucción suplementaria -medida de prueba deliberadamente denegada en la instancia anterior- corrobora, fuera de toda posible discusión, la absoluta falsedad de la acusación y la manifiesta inexistencia de delito”. E insistió en que, tal como se demostró en la pericia, “la operatoria investigada en este proceso se pactaba y liquidaba en pesos; por ende, no comprometió las reservas en moneda extranjera del BCRA y jamás irrogó perjuicio alguno en términos de pérdida de divisas”.

“En los ejercicios investigados, los balances del BCRA arrojaron resultados positivos en pesos. Es decir, la política macroeconómica adoptada por las autoridades del organismo rector durante aquel período no generó pérdidas -como sesgadamente y falazmente se indica en el requerimiento de elevación a juicio- sino antes bien ganancias para la entidad -se sostuvo-. En otras palabras, las operaciones de futuros que se llevaron a cabo a lo largo del período aquí investigado permitieron mantener las reservas del BCRA y resguardar debidamente sus activos en pesos. Ello ratifica que no se administró de manera infiel o abusiva el patrimonio de la entidad y que tampoco se configuró el perjuicio típico requerido por la figura invocada en el requerimiento de elevación a juicio”.

Beraldi añadió que “a lo largo de la etapa instructoria, al igual que en el requerimiento de elevación a juicio, persistentemente se insistió en que las operaciones de dólar futuro que son cuestionadas en autos fueron realizadas a valores inferiores a los de mercado -ya se ha visto que no es así”. También se quejó porque “a efectos de alimentar esta enorme falacia y dotarla de impacto ante la opinión pública se afirmó que estas transacciones se realizaron a precios ‘ficticios’, sugiriéndose que los contratos debían basarse en la cotización de los mercados ilegales”. Pero, añadió, “la pericia practicada durante la instrucción suplementaria descartó de plano y de manera contundente esta falacia”.

“La presunta mayor onerosidad de los contratos de dólar futuro fue consecuencia de una política económica y monetaria adoptada” durante el gobierno de Mauricio Macri, afirmó CFK. Y por lo tanto, dijo Beraldi, cuestionó el voto de los jueces Michilini y Basílico al sostener que “no existe ningún obstáculo procesal que impida disponer un sobreseimiento a esta altura del proceso y que se impone dictar, sin mayor dilación, un pronunciamiento desvinculatorio respecto a todos los imputados, sin necesidad alguna de transitar el debate oral”.

En otro escrito, la defensa de Axel Kicillof también reclamó el inmediato sobreseimiento. “Un Tribunal jamás podría, válidamente, rechazar una petición que favorece de manera definitiva a todos los imputados bajo la excusa de que se resguardan los derechos y garantías de algunos de ellos que están en la misma situación. En el caso, nunca un juicio oral y público permitiría obtener algo más beneficioso que una rápida declaración de inocencia, tal como la que fuera peticionada en este incidente y resuelta favorablemente por el voto en minoría del Dr. Grünberg”.

A criterio del abogado Guillermo Acuña Anzorena, que representa al gobernador, el criterio de Michilini y Basílico “se basó no solo en un procedimiento irregular sancionado con nulidad, sino también en un argumento que, lisa y llanamente, afecta los derechos y garantías constitucionales que ese fallo dice pretender resguardar”.

“El voto de la mayoría utilizó argumentos aparentes e interpretaciones arbitrarias en perjuicio del justiciable, vedó definitivamente la posibilidad de que mi representado acceda al beneficio del sobreseimiento planteado en autos por las otras defensas, conculcando garantías de raigambre constitucional, como el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y la necesidad de que los pronunciamientos obedezcan a decisiones debidamente fundadas”, añadió. Será ahora la Casación la que deba determinar si el caso avanza o no hacia juicio oral.

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