“Es lógico que cada uno pague lo que debe”, remarcó la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, en una nueva embestida de la administración de Axel Kicillof a los propietarios de los countries que hay en su distrito.
Según datos de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), un 25% de los barrios cerrados existentes “no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes”. Esto significa una pérdida de 1.500 millones de pesos al año para el fisco bonaerense.
La ministra García, que también es la encargada de la creación de un mapa de tierras en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, destacó que hay countries, clubes de campo y barrios cerrados que no pagan impuestos desde hace 20 años por no tener presentado el total de la documentación.
“Por vía satelital y chequeo con los municipios, tenemos relevados alrededor de 1.100 barrios. Hemos modificado una reglamentación y 97 pueden ponerse en norma. Hay una gran cantidad ya regularizada”, dijo la ministra al ser entrevistada en Radio Provincia.
“Hay 350 barrios convalidados, 602 fuera de norma –esto es que son barrios loteados que por diferentes razones no pudieron poner en regla– y además se anotaron 97 emprendimientos en el Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados”, dijo García.
Con respecto a los datos de ARBA, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, había dicho durante el fin de semana que “no había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”.
Las declaraciones de Kicillof se realizaron en medio de polémica de tierras en Guernica y a la espera de una orden judicial que dictamine el desalojo de las tierras fiscales mientras el gobierno trabaja contra reloj para la reubicación de esas 2.500 familias.
Para garantizar un desalojo pacífico, las organizaciones de izquierda insisten en un proyecto de urbanización basado fundamentalmente en la Ley 14.449, que establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios deben ceder el 10% del área para la construcción de viviendas populares.
En ese sentido, le propusieron al gobierno de Kicillof que los 17 countries que hay en Guernica entreguen 30 hectáreas, que serían unos 1.400 lotes aproximadamente. Pero la iniciativa es resistida por el Gobierno y continúan las negociaciones con los delegados de los cuatro barrios que componen la usurpación.
Para Lucas Maciel, el hombre que participó de las marchas anticuarentena en Tigre y armó un partido político que representa los intereses de los barrios privados, la postura que fijó el gobernador “es una nueva persecución” que se suma a las que ya venían soportando cuando salieron a las calles a reclamar por una “cuarentena inteligente” y fueron intimidados por la policía.
“Ahora nos encontramos con que el gobernador dice semejante disparate. Si algo aprendí es que el lenguaje no es inocente y menos de la boca del gobernador de la provincia más importante del país y ex ministro de economía de la Nación. Con estos dichos los vecinos de los barrios cerrados nos sentimos discriminados, perseguidos, calumniados e insultados”, precisó a Infobae Maciel, uno de los fundadores de Barrios Unidos.
“Hemos construido nuestras casas sobre lotes que hemos pagado con nuestro sacrificio, somos titulares de nuestras tierras, legales poseedores de nuestros inmuebles pero sobre todo somos gente de bien, que lamentablemente hemos tenido que decidir vivir en un barrio privado, privado de todos los servicios que debería brindar un Estado para una clase media que paga impuestos y tasas por servicios que no recibe”, aseguró Maciel en alusión a que en algunos municipios los propietarios de barrios cerrados aportan mas del 40% de la recaudación de la tasa municipal.
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