El kirchnerismo prioriza el Presupuesto y el impuesto a la riqueza y posterga la reforma judicial para noviembre

Sergio Massa viajó a Misiones con el ministro de Obras Públicas Mario Meoni y aprovechó a consolidar su vínculo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad del Frente Renovador de la Concordia misionero. Toda la semana estuvo hablando con otros gobernadores con el objetivo de consensuar y apurar el Presupuesto Nacional. El oficialismo pretende sacar rápido la media sanción como un gesto de fortalecimiento hacia el Presidente de la Nación y su gestión. En paralelo se votará el Aporte Solidario y Extraordinario. Hasta que no se voten las dos medias sanciones el Frente de Todos no pondrá en agenda la reforma judicial en las comisiones.

Esta semana el juez Enrique Lavié Pico falló a favor del oficialismo. Su rechazo al amparo de Juntos por el Cambio liberó a Massa de la exigencia de convocar a una sesión con mayor presencialidad como reclamó la principal oposición. La cuestión es que además hay un acuerdo político, firmado después de la polémica sesión del 1 de septiembre, aún cuando Lavié Pico la avaló y consideró que se puede sesionar en forma remota sin que se prive a los diputados de su derecho a cumplir con su rol legislativo. Si Diputados accede al pedido de radicales, macristas y los ‘lilitos’ de la Coalición Cívica, tal vez sería necesario buscar un espacio más amplio para la próxima sesión. No parece la intención del Frente de Todos que en ese caso debería dejar el recinto a la oposición: sería como un partido donde la visita juegue de local.

Además está pendiente la apelación que Juntos por el Cambio redactó en tiempo récord y presentó a la Justicia a mitad de semana. Hasta que no se defina esa situación, el oficialismo no pondrá en riesgo ni el Presupuesto Nacional, la ley de leyes, ni tampoco el Aporte Solidario Extraordinario que es el proyecto de ley más importante presentado por Máximo Kirchner en coautoría con Carlos Heller. El cooperativista, presidente de la comisión de Presupuesto, recibió tantos rechazos como apoyos en la última semana: referentes del campo llamaron a cerrar cuentas en la entidad crediticia que preside.

En ese esquema los presidentes de las comisiones por las que pasará la llamada reforma judicial, la “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias”, ya recibieron la indicación de que deberán esperar.

La lista de posibles disertantes es larga, más o menos como lo fue en el Senado. Pero en Diputados Massa, al conversar con los jefes de los bloques de todos los partidos, se comprometió a que cada expositor disponga de más tiempo para explicar su postura. Unos 60 juristas, especialistas, abogados, fiscales, defensores, representantes de organizaciones, ya están anotados. Si se cumple, el plan el debate en plenario de comisiones no llevará menos de un mes y medio lo que deja a la ley al borde del cierre de las sesiones ordinarias.

Tres son las comisiones que trabajarán el tema: Asuntos Constitucionales, que preside del santacruceño Pablo González; Justicia, comisión que preside Rodolfo Tailhade, y Presupuesto y Hacienda que preside Heller. La comisión cabecera será la del ex vicegobernador de Santa Cruz González aunque los tres presidentes representan más al kirchnerismo que al resto de los sectores que conforman la alianza gobernante.

El oficialismo repite, como lo hizo en en la cámara alta, que aceptará cambios a favor del consenso. En la votación del Senado incluso incorporó tantas modificaciones sobre el filo de la votación que sólo la lectura de las mismas demandó más de diez minutos en el recinto. Y disparó el enojo de la oposición que a pesar de votar en contra reclamó por los cambios acordados con senadores y gobernadores. Si se repite la negociación y se incorporan más cambios, la ley debería volver al Senado donde el oficialismo, con mayoría holgada, no tendría problemas en volver a aprobarla.

El propio Presidente de la Nación aseguró que no tenía apuro en sancionar la ley. Y sobre los cambios admitió que la sanción girada del Senado a Diputados es muy distinta a su proyecto original.

Juntos por el Cambio, insistirá con que esta reforma, que podría definirse en una votación muy ajustada, deberá tratarse en forma presencial. Más allá de la desconfianza política habitual, en un virtual empate si hubiera legisladores con problemas de conexión, la definición sería conflictiva.

Entre las voces más disconformes el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (UCR), aseguró que la ley es “inconstitucional” porque "propone cubrir los 23 juzgados con subrogantes, es decir, estructura una justicia provisional, sin independencia, que por eso mismo será permeable a las presiones del poder político”. Menna es uno de los diputados de Juntos por el Cambio que redactó la apelación judicial contra el fallo de Lavié Pico.

Si el plan de atar la reforma judicial al Presupuesto y el Aporte Solidario se apura, en noviembre la reforma podría llegar al recinto. Antes el oficialismo necesita garantizarse los votos de una mayoría que no tiene. Si bien para el aporte solidario, el llamado impuesto a la riqueza, consiguió las adhesiones suficientes, no será tan fácil hacerlo para avanzar sobre la reforma de la Justicia. El Gobierno tiene cada vez menos margen de errar de estrategia. Massa tampoco arriesgará su invicto.

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