La Cámara de La Plata resolvió este martes ordenar el desalojo de la toma que miles de vecinos realizaron en tierras de Guernica, Presidente Perón, y que es una de las más grandes del país. Se ordenó “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”, indica la resolución.
Según sostienen, “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”. Además, los jueces informan que “para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren”.
Los magistrados resaltan que solo se debe acudir al uso de la fuerza “en lo que resulte indispensable y en la menor medida posible" y destacan que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.
Más de mil personas se instalaron con carpas y chozas en cerca de 100 hectáreas, dividas en dos terrenos. La gente comenzó a instalarse a partir del 20 de julio y poco a poco la zona se pobló con estructuras muy precarias. En total, viven cerca de 2.500 familias.
En los terrenos hay casillas construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Algunos vecinos intentan hacer llegar la luz y ayudan a otros a que esos pequeños refugios se mantengan en pie. Movimientos que se hacen sin policía a la vista y con los intendentes buscando encontrar una salida para que no avancen las usurpaciones.
Las personas que usurparon los terrenos son asesoradas y representadas por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en causas populares.
En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se usurparon predios donde se iban a construir barrios cerrados –como en Guernica– y hasta complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o con un freno en la construcción, como el denominado barrio ACUMAR, en González Catán.
Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.
La Cámara de La Plata informó también que “deberá notificarse al Asesor de Menores e Incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19”.
“Esta cautelar deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, sostienen en la resolución.
Además marcaron que el “juez garante deberá ordenar se proceda a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma de los lotes, a fin de priorizar el derecho a la salud de todos los intervinientes, como así también de quienes pudieren participar de las diligencias”.
El fiscal que lleva la causa había solicitado la “orden de lanzamiento y restitución del inmueble a los damnificados” al tener acreditado que desde el 21 de julio habían ingresado a los terrenos cerca de 200 personas, previo violentar los alambrados perimetrales de las propiedades, y luego de efectuar amenazas contra vecinos y propietarios.
“La actividad continuó en los días siguientes, el ingreso de más personas en horarios diurnos y nocturnos, siendo que para el día 26 de julio de 2020, se encontraban en el predio en cuestión la totalidad de 1.776 personas mayores de edad, que instalaron una serie de carpas y construcciones precarias con la intención apropiarse por la fuerza de dichos terrenos”, indicó el fiscal.
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