Los intendentes peronistas de Buenos Aires repudiaron la toma de tierras y pidieron que el Estado intervenga

En medio del creciente conflicto con la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, los intendentes peronistas de la tercera sección electoral se reunieron en el municipio de Presidente Perón para establecer una posición conjunta frente a la problemática. Coincidieron en expresar “preocupación y repudio” y dijeron que no pueden tener “una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos”.

“El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, indicaron en comunicado que emitieron en la tarde del miércoles.

Los jefes comunales se comunicaron con el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y anticiparon que también lo harán con el Departamento Judicial de La Plata, que actúa en el caso de la toma de terrenos en Guernica. Además, le solicitaron al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, una reunión de trabajo para tratar este tema y coordinar acciones en conjunto. También indicaron que se van a reunir con los diputados y senadores provinciales con el fin de analizar la legislación actual y saber con que herramientas cuentan para enfrentar el problema.

En el encuentro estuvieron Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan Patricio Mussi (Berazategui), entre otros.

“Entendemos que la crisis sanitaria que el mundo está atravesando ha expuesto también la crisis social y la desigualdad que hoy en día miles de argentinos y argentinas aún siguen padeciendo. Por esta razón, tenemos que trabajar todos juntos sobre qué modelo de sociedad queremos”, indicaron los intendentes.

En esa misma línea, destacaron que “la urbanización debe ser una política de Estado” y que “es necesario trabajar en coordinación entre Nación, provincia y los municipios para facilitar el acceso al hábitat con viviendas dignas para el conjunto de la sociedad”. “Desde el Estado Nacional y el Estado provincial se tiene que establecer una política clara para el desarrollo urbano, el hábitat y la construcción de viviendas para las familias que aún no cuentan con un lugar digno donde vivir”, advirtieron.

En el encuentro coincidieron en que deben a esa necesidad de viviendas “con programas y políticas públicas que reviertan esta situación”. En ese sentido, explicaron que “la urbanización de los barrios populares no puede quedar en una consigna, tenemos que discutir seriamente cómo se va a financiar la política de vivienda”.

Además, en el comunicado, defendieron el proyecto de ley para un impuesto a las grandes fortunas. “Para construir una sociedad mas justa es necesario discutir la distribución del riqueza en la Argentina y el proyecto de ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas es un paso en este sentido, sobre el cual debemos seguir profundizando”, sostuvieron.

“No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un limite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, expresaron en el final del comunicado.

En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se usurparon predios donde se iban a construir barrios cerrados –como en Guernica y en Presidente Perón– y hasta complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o paralizadas, como el denominado barrio ACUMAR, en González Catán.

Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.

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