Sindicatos y movimientos sociales presentarán esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que fue lanzado hace diez días. Será el primero de los encuentros para buscar respaldos a la propuesta, contactos que tendrán un broche final con el presidente Alberto Fernández.
Con este plan, auspiciado por la Iglesia, sus impulsores buscan “crear 4 millones de puestos de trabajo, repoblar la Argentina con nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal, entregar tierras a comunidades agrarias, encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.
La iniciativa surgió del dirigente Juan Grabois, que calificó la propuesta como el “Plan Marshall criollo”, en alusión al programa mediante el cual Estados Unidos procuró la recuperación económica de Europa tras la Segunda Guerra Mundial a través del otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.
Durante el encuentro con Massa, que tendrá lugar a las 15.30 en la oficina del titular de Diputados, los sindicalistas y dirigentes sociales le explicarán que, con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos, gracias a este plan se podrían “crear 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.
Está previsto que concurran los sindicalistas Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), y los dirigentes sociales Grabois, Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Luciano Alvarez (Corriente Clasista y Combativa), además del economista Agustín D’Attellis, quien aportó ideas para el financiamiento del plan.
Este economista, en realidad, forma parte de los equipos técnicos que armaron entre sindicatos y movimientos sociales para pulir los detalles del programa y tratar de que cada punto incluido tenga viabilidad.
De todas formas, el Plan es considerado un “anteproyecto” porque se busca que durante encuentros similares al que mantendrán con Massa puedan mejorarse algunos aspectos del contenido y facilitar su puesta en marcha. También están previstas reuniones con otros dirigentes políticos, empresarios que puedan contribuir al financiamiento y un cierre de la ronda de contactos con Alberto Fernández, a quien Grabois le anticipó su idea en mayo, durante una audiencia en la Quinta de Olivos, mientras otros dirigentes sociales hablaron del tema con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La propuesta de sindicatos y movimientos sociales contempla una inversión inicial de $750.000 millones anuales y, según sus organizadores, “parte de la inversión se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”. El resto se financiará “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado”.
Entre los puntos que incluye la propuesta también figura la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.
Esta integración entre sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta ahora, en realidad, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran tener un empleo formal. Los movimientos sociales quieren incluso integrarse a la CGT a través de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero la dirigencia gremial hasta ahora se resiste.
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