“No cuenten conmigo”. Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar la Procuración General, le envió un mensaje al gobierno nacional. En diálogos reservados, adelantó que no está dispuesto a asumir el cargo si el oficialismo impone su postulación desconociendo las mayorías exigidas por ley o través de algún ardid parlamentario.
El magistrado les explicó este miércoles su posición a sus colaboradores más cercanos en una reunión virtual. “En estas condiciones, no cuenten conmigo, yo no acepto que se elija al procurador con mayoría simple, modificando el formato tradicional de elección”, precisó.
Y sentenció: “Prefiero ir a la votación y no conseguir los dos tercios antes que perder mi dignidad”.
Con el trámite trabado en el Congreso y ante la imposibilidad de obtener los votos necesarios, el oficialismo dejó trascender en los últimos días que está buscando alternativas para avanzar igual con la nominación de su candidato. Una de esas opciones se debatió en el seno de la comisión Beraldi, creada por el Ejecutivo para legitimar una eventual reforma de la Corte Suprema y otros cambios sensibles en el Poder Judicial.
Actualmente, la ley prevé que el jefe de los fiscales debe ser designado con el voto de los dos tercios de los senadores presentes, por eso a los juristas elegidos por Fernández y Cristina Kirchner para integrar el comité de expertos se les ocurrió una modificación legislativa que aceleraría el trámite: que el procurador sea elegido por mayoría simple.
La confesión de Rafecas no sorprendió a sus interlocutores, que conocen el apego a la norma y a las instituciones del juez. Tampoco les llamaron la atención las críticas que expresó a la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo y la férrea defensa que realizó del procurador interino, Eduardo Casal, quien actualmente es víctima de los ataques del kirchnerismo duro, que busca por distintos carriles forzar su renuncia.
“Me cuesta entender el esfuerzo que están haciendo para reformar la Justicia con un proyecto que atrasa 50 años. Yo creo que sería más útil avanzar rápidamente hacia el sistema acusatorio, que funcionó muy bien en las provincias donde se hicieron las primeras pruebas, y terminó convenciendo incluso a quienes planteaban algunas resistencias”, analizó.
“Atacar a Casal es un disparate; están atacando a todos los integrantes del Ministerio Público y a los fiscales. Me solidarizo con él”, contó.
La decisión del magistrado de no aceptar el cargo en las condiciones que pretende promover el Gobierno ya trascendió en los pasillos de Comodoro Py, el edificio judicial donde se tramitan las causas que preocupan y ocupan al poder político. Esta mañana, en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi, Carlos Rívolo, presidente de la asociación de fiscales, dijo que le había llegado un trascendido.
“Lo que ha trascendido es que el doctor Rafecas habría dicho que con esa condición no cuenten con él; no asumiría en esa condición. Y es algo lógico, porque en caso de avanzar con la designación, vas a debilitar la institución a la que tenés que dar la responsabilidad de las investigaciones en un contexto donde el sistema acusatorio debe ser fortalecido, no debilitado”, evaluó.
El gobierno nacional dejó en claro esta semana que está dispuesto a avanzar con la reforma del Poder Judicial y con la destitución de jueces que fueron trasladados durante la gestión de Juntos por el Cambio, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Así quedó evidenciado esta semana.
La multitudinaria movilización del lunes y el fallo de una jueza no fueron obstáculo para el oficialismo, que aceleró el trámite por la reforma y avanzó con el desplazamiento de los 10 magistrados apuntados por la Casa Rosada. Alberto Fernández selló la estrategia con una frase en un acto público: “No nos van a doblegar los que gritan; los que gritan no suelen tener razón”.
Una vez publicada esta nota, Rafecas ratificó en sus redes sociales que continúa firme su aspiración de asumir al frente de la Procuración siempre y cuando la comisión mantenga la exigencia de que todo candidato “sea avalado con mayoría especial de dos tercios” en el Senado.
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