Elisa Carrió, junto al bloque de diputados nacionales y la junta ejecutiva nacional de la Coalición Cívica, repudió el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe las reuniones sociales en todo el territorio nacional, incluso en provincias y municipios que se encuentran en fase 5.
“Estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria”, indicó el comunicado que firmó la ex diputada nacional. Allí se agregó: “Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo. Con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho”.
El comunicado sostuvo que el Gobierno pretende plantear “una falsa dicotomía entre vida y muerte”. También se expresó la necesidad de “poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades.
El DNU, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial, estableció -como principal medida- la prohibición de la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez (10) personas. Luego se indicó que los encuentros deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a dos (2) metros, y en lugares con ventilación adecuadas.
Tras las críticas de la oposición, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, respaldó la decisión: “En el AMBA y la Ciudad nunca estuvieron autorizadas desde el 20 de marzo, las reuniones sociales, y no han sido solicitadas excepciones por las autoridades porteñas ni de la provincia de Buenos Aires para realizar esas reuniones”.
La semana pasada, Carrió cuestionó a los asesores que escogió el presidente Alberto Fernández para llevar a cabo la reforma judicial: “Han sido defensores de la corporación política, ha habido dos grandes defensores de los delitos”.
El comunicado completo
El gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado del DNU N° 641/20 estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, previsto en el Artículo 29° de la Constitución Argentina
La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo.
Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires.
Además, el DNU es inconstitucional y de nulidad absoluta ya que abarca materia penal, expresamente prohibida por nuestra Constitución. Con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho.
El Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos de que esa no es la salida.
La actual situación nos obliga a entender que debemos ir aprendiendo a convivir con el virus, como están haciendo otros países y ciudades del mundo; poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades. La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco.
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