A pesar de que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Catamarca recomendó no realizar la sesión legislativa por los contagios de coronavirus que sacaron a la provincia de ser la única en el país que continuaba sin casos confirmados, el gobernador peronista Raúl Jalil logró aprobar en la Legislatura -inesperadamente y sobre tablas- la anulación del Consejo de la Magistratura y el proyecto para incrementar de cinco a siete el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia del distrito.
“Aprovechó que la sociedad civil está distraída por los problemas sanitarios y económicos para realizar esta maniobra de cooptación del poder judicial. Catamarca es la única provincia que se está animando a consolidar una especie de autocracia que nos debe avergonzar y solo puede ser calificado de golpe institucional sin precedentes”, dijo el diputado Francisco Monti (UCR), titular del interbloque de Juntos por el Cambio.
Monti agregó que “el gobernador Jalil tiene un mandato de desarrollar nuestra provincia, no fue elegido para esto” y pronosticó que “los ciudadanos de Catamarca van a castigar este avance sobre la institucionalidad que se está consagrando en esta sesión”.
El alerta sonó en la ciudad de Buenos Aires e inmediatamente se conocieron los pronunciamientos de los principales partidos de la coalición opositora y todavía falta que Jalil promulgue la ley que ya tiene aprobación en ambas cámaras y designe a los jueces, que la oposición teme que sean a dedo. De todos modos, ante el revuelo que se armó en la opinión pública, la asesora general de Gobierno, Fernanda Avila, aseguró que será por concurso.
Es que, con la firma de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y Eduardo Machiavelli, el PRO denunció el avance del gobierno de Catamarca sobre la justicia, al votar en trámite express la anulación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de los miembros de la Corte de Justicia de la provincia. Y destacó que “nuestros principios partidarios nos obligan a oponernos a estas acciones y atajos, los cuales aprovechándose burdamente de una pandemia, atentan contra instituciones republicanas consagradas constitucionalmente”.
En igual sentido se pronunció la junta nacional de la Coalición Cívica ARI: calificó al hecho como un “golpe a la independencia del poder judicial de Catamarca”, y “un acto de avasallamiento institucional que se llevó a cabo en un contexto de pandemia, con una sociedad preocupada y atemorizada por su salud y la economía”.
Por su lado, el dirigente del PRO, Carlos Molina, le dirigió una carta pública al gobernador donde le dijo que “lo que haga con la justicia va a marcar su gobierno. Cuando el pueblo da mayorías absolutas para gobernar a representantes que no tienen convicciones republicanas firmes, y los sistemas de contrapeso institucionales pueden ser modificados sin que necesiten de mayorías agravadas, lo primero que pierde el pueblo que lo votó es la justicia. Y cuando ya no hay justicia independiente se pierde la libertad, la igualdad ante la ley, comienza el deterioro institucional, la sociedad descree de quién tiene que ser el fiel de la balanza y comienza el gobierno de las mafias, de los carteles y de los poderosos”.
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