
Cuatro de los seis yacimientos de oro y plata del Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz, se mantienen totalmente paralizados desde el domingo pasado por un paro sorpresivo dispuesto por los trabajadores mineros, que reclaman un aumento salarial del 22%.
La medida de fuerza, que afecta a los yacimientos metalíferos de Minera Cruz, Cerro Moro, Cerro Negro y Don Nicolás, fue dispuesta por la Asociación Minera de Santa Cruz y, según aseguraron las empresas del sector, causó un “desastre en las minas, violando todos los protocolos sanitarios vigentes y dañando severamente los cambios de turno y el incipiente retorno progresivo de la actividad”.
Los trabajadores ya habían obtenido en abril pasado un 11% de aumento salarial y en las últimas semanas se habían retomado las negociaciones para analizar un incremento dentro de las paritarias, pese a que se habían otorgado bonos excepcionales del 20% para quienes estuvieron trabajando en el contexto de la emergencia actual. Sin embargo, destacaron empresarios del sector “durante los meses de abril y mayo no hubo producción, no hubo ventas ni se pudo exportar”.
En junio, las empresas mineras de Santa Cruz invirtieron en la adaptación de las operaciones a estrictos protocolos de seguridad, en el que incorporaron tecnología y testeos y se adaptaron los campamentos y la logística.

De todas formas, la actividad minera en Santa Cruz apenas llega hoy al 50/60% de la actividad normal, por lo que hay personal que no cumple tareas y al que se le paga el 100% de los salarios, pese a que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) firmó con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que conduce Héctor Laplace, un acuerdo similar al que alcanzaron la UIA y la CGT para suspender personal a cambio de una reducción salarial del 25% del sueldo neto.
El sector empresarial consideró que la medida de fuerza es “ilegal” porque no fue dispuesta por la AOMA nacional sino por la filial Santa Cruz del sindicato y pidió la intervención del Ministerio de Trabajo en el conflicto. Este martes, a las 12, se realizará una audiencia entre las partes en la Ciudad de Buenos Aires para intentar una solución que permita levantar el paro.
Anoche no se descartaba que la cartera laboral declarara este mediodía la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a retrotraer la situación al momento previo al conflicto para permitir que negocien y también les prohíbe que tomen cualquier decisión que complique las tratativas.

Por su parte, Rubén Alfaro, dirigente de la AOMA Santa Cruz, dijo al diario La Opinión Austral que “se encuentran garantizadas las guardias mínimas” y sostuvo: “Seguimos esperando que las operadoras reflexionen, tomen consciencia de que se trata del sector productivo de mayor peso en la provincia y respondan con la misma predisposición y buena voluntad que demostraron los trabajadores al retomar las actividades en un contexto marcado por la pandemia mundial”.
El estricto protocolo de seguridad con el que volvieron a trabajar en los yacimientos incluye la provisión de elementos de seguridad, controles de temperatura en los ingresos y transporte proporcionado por los empleadores, que también se hacen cargo del viaje en avión para que algunos trabajadores que viven lejos del lugar puedan llegar a las minas de oro y plata (en general, son los que cumplen tareas durante 14 días consecutivos y descansan los siguientes 14 días).
Según destacaron en CAEM, “las medidas de seguridad fueron acordadas con asociaciones sindicales, empresas del sector, cadena de abastecimiento y autoridades de aplicación, a fin de prevenir y administrar el avance de la pandemia en los sitios mineros, acorde a las medidas dictadas por los organismos nacionales e internacionales”.
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