El edificio de Tribunales de la calle Talcahuano (foto NA)
El edificio de Tribunales de la calle Talcahuano (foto NA)

La Corte Suprema de Justicia tenía todo listo para retornar a las actividades junto a las cámaras nacionales y federales, pero finalmente dio marcha atrás y decidió mantener la feria judicial, que ya lleva más de 100 días.

La dispuesto por el máximo tribunal despertó críticas de abogados y constitucionalistas, que advirtieron por las consecuencias de tal decisión, a la que calificaron como “inadmisible”. Algunos de los cuestionamientos partieron desde el colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la organización más representativa de los litigantes porteños.

Jorge Rizzo, ex presidente del CPACF y una de la voces más destacadas ligada a esa organización, resumió lo que sucede con una frase contundente: “La situación de los abogados y su falta de ingresos es inadmisible. No pueden más”. Recuerda que el Colegio presentó “un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los abogados puedan volver a sus estudios y trabajar”. El amparo quedó radicado en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de la juez Rita Ailán.

La posición del CPACF se mantiene firme en cuanto a la necesidad de retomar la actividad de los tribunales. Así lo manifestó Rizzo en una columna publicada días atrás: “La pandemia es una amenaza vigente a la salud de todos, tanto para los justiciables como para los abogados, peritos, periodistas, público en general e integrantes del Poder Judicial, por todo ello no se nos cruza la afiebrada idea de volver al trabajo en idénticos términos que antes del 20 de marzo, pero es imperioso que se proceda a ordenar la prosecución de las causas en trámite, ahora si en su totalidad, y con la libertad absoluta para iniciar y sustanciar causas de cualquier índole”. El abogado y periodista ratificò: “A fines de junio sigue vigente nuestro pedido. Incluso propusimos un protocolo de seguridad e higiene para retomar las tareas que no fue escuchado”.

La abogada Laura Calógero –que fue vicepresidenta del CPACF- agregó una mirada crítica sobre el sistema informático del Poder Judicial que repercute en el día a día durante la pandemia. “Lo esencial es que lo abogados puedan acceder a sus estudios para llevar adelante el trabajo remoto y que el Poder Judicial invierta en un sistema de gestión judicial eficiente y a la altura de los requerimientos que exige. Nos hemos dado cuenta en medio de la pandemia que el sistema Lex 100 no funciona para el tráfico que tiene la justicia ordinaria y federal de la Capital Federal. No alcanza, es un enlatado que se compró hace unos 10 años que cuando se compró ya era obsoleto”.

Y agregó: “En enero pasado, en plena feria de verano el sistema colapsó. Ante esta circunstancia no es que el trabajo remoto sea imposible. Se podría hacer si el software que tiene el Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura sirviera. Años de desinversión nos muestran esta otra cara de la pandemia. El error de la Corte fue haber firmado varias acordadas en las que sugería o daba ideas a las cámaras que trataran de trabajar remotamente. Era muy liviano. Debieron ordenar que se habilite la feria en todos los expedientes en los que fuera necesario. No había que dejar librado al criterio de las cámaras lo urgente o no urgente porque funcionan como cuando están de feria. Lo que había que hacer era que la Corte diera una orden clara precisa y concisa de atender todos los casos que llegaran de acuerdo a las posibilidades tecnológicas. Como fueron tan tibios se logró poco. La Corte dictó una feria por cuestiones de salud pública pero no dio órdenes claras y precisas para que las cámaras tramitaran todo lo posible. Y las cámaras se quedaron en un lugar más cómodo. Hubo desinversión en el sistema. Estamos en 2020 y queremos hacer funcionar la justicia como en 1910”.

Por su parte, el constitucionalista santafesino Domingo Rondina responsabilizó al Poder Judicial por la extensión de la feria extraordinaria, pero también al Poder Ejecutivo. Para Rondina, “el Estado, en su versión más clásica, tiene servicios mínimos que asegurar. El principal tiene que ver con el orden que emerge de la Justicia. Ese servicio básico esencial ha sido prestado desde los albores del Estado. Luego hay discusiones sobre si tiene que sostener con mayor o menor intensidad la salud, la educación, la economía cuando tambalea, etc. Pero el orden y la Justicia hacen a la base de sustentación de la sociedad. Y la obligación de dar ese servicio está en cabeza del Estado gobernado desde el Ejecutivo”.

En esa línea, Rondina sostuvo que “durante años se fue consolidando un enorme poder de la Corte como cabeza del Poder Judicial.Ese poder se cimentó sosteniendo que la independencia dependía de que al servicio de justicia lo organice su cabeza y eso es mentira: la independencia del Poder Judicial depende de la libertad para adoptar decisiones jurisdiccionales, en las causas sometidas a su decisión no es independiente porque diga si funciona o no funciona, los días hábiles e inhábiles toda esa organización le corresponde al Congreso/Legislatura a través de las leyes procesales y al Ejecutivo que brinda los recursos humanos y de infraestructura para el funcionamiento del Poder Judicial. ¿O acaso la Corte podría disponer que durante un año no se reciben causas porque hay demasiado atrasado?. La Corte no puede suspender por sí sola la prestación del servicio de Justicia, es responsabilidad del Ejecutivo asegurar su funcionamiento, por lo tanto, más allá del reproche que debemos hacer a las Cortes, hay un gran reproche que formular a los Ejecutivos que se desentendieron de la organización del servicio de justicia permanente que toda comunidad necesita, y más aún en situaciones de catástrofe como la que estamos atravesando”.

Una imagen de los miembros de la Corte Suprema
Una imagen de los miembros de la Corte Suprema

En tanto el constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que “La extensión de la feria es irrazonable, no contempla las soluciones que habilita la digitalización, afecta el sistema de derechos y destruye el trabajo de los abogados. La Corte Suprema sigue ahogándose en el modo analógico del siglo XX mientras que los derechos, las personas y los abogados hacen rato que piensan, actúan y peticionan en el modo digital del siglo XXI. Esta diferencia cada día se nota más y afecta el sistema de derechos y el trabajo de los abogados y abogadas. El COVID-19 desnudó este desfasaje brutalmente y la Corte Suprema de Justicia sigue encorsetada en esa lógica sin poder articular respuestas racionales y tecnológicamente necesarias”.

Por su parte, el constitucionalista Diego Armesto consideró que “es necesario entender que el Poder Judicial de la Nación es un órgano creado por nuestra Carta Fundamental que funciona como el contrapeso a los atropellos de los otros poderes del Estado, cumpliendo así una función esencial de equilibrio entre poderes. Y en esta instancia resulta fundamental para el sano funcionamiento de la República y la tríada de poderes. Sobre la feria judicial, en definitiva debemos analizar desde la grave situación que vive el mundo y Argentina no es ajena. En tal sentido, tenemos un desafío por delante, se debe buscar un equilibrio entre la tutela al derecho a salud, y el acceso a la justicia y la garantía del control judicial de la actividad estatal. Debemos dar respuestas al ciudadano de a pie, tratando de encontrar los mecanismos tecnológicos y aprovechando el avance de los mismos, para encontrar respuestas al reclamo de la sociedad”.

Otra visión desde adentro mismo del problema la dio Sonia de Elizalde, abogada de familia que durante la pandemia tuvo que seguir tramitando casos de que necesitaban resolución urgente, algo que se vio dificultado por la feria extraordinaria. Al respecto, De Elizalde cuestionó la extensión de la feria, a la que calificó como “inadmisible”.

“Especialmente teniendo en cuenta el perjuicio que esto le provoca al simple ciudadano, que debe acceder a la administración de justicia para resolver sus conflictos, los cuales no siempre cumplen con los requisitos de urgencia requeridos para la habilitación judicial (“levantamiento de feria”) en el actual contexto”, explicó.

Y agregó: “El tiempo transcurrido ya debió haber resultado más que suficiente para resolver los problemas técnicos que se pudieron haber presentado al comienzo de la cuarentena obligatoria, no debiendo el usuario del sistema de justicia seguir resultando el más perjudicado. En el ámbito del derecho de familia los ejemplos surgen a borbotones, desde el simple padre no conviviente que ve impedido el contacto con su hijo porque la madre no lo permite, como la madre que no recibe la cuota alimentaria por parte del alimentante o la simple situación de dos progenitores que no pueden ponerse de acuerdo a qué colegio secundario debe concurrir su hijo/a o los herederos que pretenden vender el inmueble del acervo hereditario, para lo cual requieren de la declaratoria de herederos. Todos ellos deben acudir a la justicia para que les habiliten el caso, debiendo someterse a la decisión del magistrado en turno para su admisibilidad, y eso pone en juego el acceso a la justicia”.

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