Interpol Argentina le envió un informe al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi respecto de las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes en la causa del atentado a la AMIA en el que ratificó que sólo el juez Rodolfo Canicoba Corral podía solicitar que se dieran de baja y que las mismas siempre estuvieron “plenamente vigentes”.
La documentación fue entregada el pasado jueves al Juzgado Federal de Martínez de Giorgi en Comodoro Py, en donde se tramita el expediente por presunto encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el atentado de parte de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el ministro de Desarrollo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.
Entre la información suministrada por la División Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina se destaca un mensaje enviado desde Buenos Aires a la Secretaría General de Interpol, en la ciudad francesa de Lyon, en diciembre de 2013 en el que se explicitaba que la única persona con potestad para solicitar la baja de las órdenes de captura internacional era Canicoba Corral.
Esta ratificación de Interpol va en línea con lo que sostiene la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien el fiscal Alberto Nisman acusó de pactar el levantamiento de las órdenes de captura para favorecer a los iraníes con la firma del Memorándum.
Según la presentación que hizo Nisman pocas horas antes de que lo encontraran muerto con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, el Memorándum de Entendimiento con Irán tenía, entre otros objetivos, hacer caer los pedidos de captura de los iraníes acusados de ser responsables del ataque terrorista.
“Sólo el Juzgado Federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, tiene potestad para levantar las órdenes de captura con alertas rojas y por lo tanto esas alertas rojas están plenamente vigentes contra los prófugos de nacionalidad iraní”, señala el radiograma incluido en el informe de 12 páginas que recibió Martínez de Giorgi.
El informe de Interpol fue presentado en la causa en respuesta a un requerimiento formulado por dos querellantes de la causa de Memorándum.
También se incorporó una notificación de la sección argentina a la Secretaría General de Interpol en 2008, mediante la cual se dejaba constancia de que el fiscal Alberto Nisman aceptaba “con beneplácito futuras reuniones con Irán” para buscar un acuerdo para que los sospechosos declaren en la causa AMIA.
En enero de este año, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, recibió a las autoridades de la AMIA y les manifestó el compromiso del gobierno de Alberto Fernández de mantener en vigor el pedido de alertas rojas de Interpol a los cinco iraníes acusados de perpetrar el ataque a la mutual judía.
Se trata de Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural y cercano al piquetero kirchnerista Luis D’Elía; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; y Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina.
Hasta el momento, el técnico informático Diego Lagomarsino es el único procesado en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman. Se lo considera partícipe necesario del crimen porque entregó el arma de la cual salió el disparo que terminó con la vida del fiscal que investigaba el ataque a la AMIA.
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