El Gobierno les volvió a otorgar ayuda financiera a las obras sociales de los sindicatos

Por segundo mes consecutivo, el Gobierno le otorgó “un apoyo financiero de excepción” a las obras sociales de los sindicatos para compensar la “caída en la recaudación” que sufrieron, en este caso, durante mayo. La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 1086/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Al igual que ocurrió la vez anterior, el dinero para ayudar a estas entidades saldrá de un Fondo de Emergencia y Asistencia que fue creado durante la gestión de Cambiemos y que no había sido usado nunca antes de la pandemia.

El documento, que lleva la firma del ministro de Salud, Ginés González García, autoriza a la Superintendencia de Servicios de Salud a utilizar esos recursos para que se les “otorgue un apoyo financiero de excepción para los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación” durante mayo de 2020, con relación a los ingresos que tuvieron en marzo de este mismo año.

Según las autoridades nacionales, esta iniciativa tiene como objetivo “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

En la Resolución se precisó que el monto total de esta asistencia “será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones” durante ambos meses, de acuerdo con la información que tenga la AFIP al respecto.

Además, se aclaró que este apoyo “no exime a los empleadores o sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (RS) de abonar los aportes y contribuciones a que se encuentren obligados en virtud de la normativa que les resulte aplicable”.

Por su parte, las obras sociales de los sindicatos “deberán destinar la totalidad de los fondos recibidos” por el Gobierno “a la prestación de servicios de atención de la salud a sus beneficiarios”.

Por otra parte, también se detalló que el dinero provendrá del mencionado Fondo de Emergencia y Asistencia, el cual estaba destinado al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes de Seguridad Social.

Se trata de una idea del entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, que por pedido de la CGT logró que por primera vez se dispusiera una partida especial para financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias”, los programas de prevención aprobados por las autoridades, la adquisición de equipamiento tecnológico y de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los proyectos de fortalecimiento institucional de las obras sociales.

Este Fondo fue creado en agosto de 2016 mediante el Decreto 908, y el dinero que el Gobierno destinó originariamente para ese fin, de unos 4.500 millones de pesos, fue creciendo por los intereses financieros y una parte del mismo ahora se usa para un caso de epidemia, tal como fue concebido.

Esta misma medida ya se había tomado el mes pasado, cuando el Poder Ejecutivo utilizó estos recursos para asistir con $1.200 millones a estos Agentes del Seguro de Salud y así compensar las pérdidas que hasta ese momento habían tenido por la caída de las recaudaciones en abril, cuando recién comenzaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Entre los considerandos, las autoridades nacionales señalaron que “la merma en la actividad productiva”, consecuencia de esta cuarentena, “se ve reflejada asimismo en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados” a las mencionadas obras sociales.

Para el Gobierno, esta situación “amenaza la cadena de pagos del Sistema de Salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”.

Por esta razón, consideró “necesario adoptar medidas adecuadas con el objeto de prevenir tales efectos y garantizar el adecuado servicio de los sanatorios, clínicas y demás prestadores de salud”.

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