
Como ya estaba previsto que sucediera, el Gobierno nacional anunció este martes que pagará en cuotas el aguinaldo correspondiente al mes de junio de todos los empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 547/2020.
Según explicaron las autoridades, esta decisión es consecuencia de “las restricciones fiscales imperantes” en la Argentina, las cuales fueron agravadas “por la pandemia″ del coronavirus.
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El documento, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros, establece una nueva modalidad para “el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario” de este año para “la totalidad de los trabajadores dependientes del Sector Público Nacional, cualquiera sea el régimen aplicable a la relación de empleo”.
De esta manera, se confirmó que “dentro del plazo legal previsto”, el Gobierno entregará “por dicho concepto hasta la suma de $40.000 brutos”, mientras que el “excedente de dicho valor, se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020″.
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No obstante, si el valor de estos últimos pagos “resulta inferior a mil pesos, deberá ajustarse el número de cuotas hasta alcanzar un valor próximo a esa suma”.
Por otra parte, en el Decreto se aclaró que esta norma alcanza a todos los empleados estatales, “incluyendo también al Sector Público Nacional Financiero, Bancario y No Bancario”.
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Entre los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la evolución y dinámica de la pandemia han tenido un alto impacto en el funcionamiento de la economía y la sociedad”.
En este sentido, las autoridades remarcaron que “en atención a las restricciones fiscales imperantes” en el país y a “su agravamiento” por el la crisis sanitaria que causó el coronavirus, “se estima necesario establecer una modalidad de pago de la primera mitad del sueldo anual complementario” para el personal, con el objetivo de mitigar “su efecto financiero en el Tesoro Nacional”.
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De esta manera, y tal como había adelantado Infobae días atrás, los trabajadores del sector público nacional cuyo aguinaldo sea de hasta 40.000 pesos brutos cobrarán el 100 % del aguinaldo, pero quienes deban recibir uno superior tendrán esa misma cifra en los tiempos legales y el resto lo percibirán fraccionado en cuotas. La cantidad de pagos dependerá de cuánto sea ese excedente.
Estimaciones dispares
Según los cálculos oficiales, del total de los agentes de la administración pública nacional (APN), el 63% percibirá el aguinaldo completo en julio (cerca de 270.000 empleados). En las empresas públicas o de propiedad mixta, ese mismo porcentaje alcanza al 38 por ciento.
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Sólo un 11% de los agentes de la administración pública nacional percibirán menos de un 60% del aguinaldo al contado, aseguró el Gobierno, que destacó que este conjunto de trabajadoras y trabajadores percibe remuneraciones brutas superiores a los 140.000 pesos.
Sin embargo, si se toman los datos del último Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al empleo en el Poder Ejecutivo Nacional al 31 de octubre de 2019 y se ajusta los salarios por el índice del Indec para el sector público surge que sobre una nómina de 439.000 trabajadores, actualmente perciben más de $80.000, y devengan un aguinaldo superior a $40.000 es de sólo 23% en el Poder Ejecutivo; y sube a más de 93% en los otros entes del sector público no financiero, y en empresas y sociedades del Estado.
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Mientras que en términos de relevancia sobre la cuenta de masa salarial la incidencia de la medida comprende al 57% en el primer caso y más del 95% en el resto de la administración pública.
Esta medida afecta también a los empleados del Banco Central, el Banco Nación, la AFIP, el PAMI, el Incaa, la Unidad Especial de Transmisión Yacyretá, la Comisión Nacional Antidopaje y el Instituto Nacional de la Música (Inamu), entre otros.
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Esta decisión había molestado a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que la semana pasada rechazó la medida del Gobierno, la consideró “una muy mala señal en un escenario tan complejo” y pidió que se deje sin efecto.
“Los trabajadores y las trabajadoras estatales mantienen en pie la administración pública nacional y respaldan las políticas del Gobierno en uno de los momentos más graves de la historia argentina”, destacó el sindicato en un comunicado de prensa.
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