Alivio en el sindicalismo: el Gobierno otorgó una “ayuda financiera de excepción” para las obras sociales

El Gobierno finalmente concretó el salvataje de los sindicatos y de las obras sociales: esta mañana salió publicado en el Boletín Oficial la resolución 941/2020 del Ministerio de Salud, por la cual se establece “la ayuda financiera de excepción” para los agentes del Seguro de Salud destinada a compensar la caída en la recaudación del mes de abril, con relación a marzo, para “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

Finalmente, el auxilio no llegó mediante un DNU con recursos del Tesoro Nacional, como se esperaba, sino a través de una resolución que permitirá destinar 1.200 millones de pesos del llamado Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno macrista y que nunca había sido utilizado. Se trata de una idea del entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, designado por Mauricio Macri en 2015 por pedido de la CGT, que logró que por primera vez se dispusiera una partida especial para financiar "la asistencia en casos de epidemias o emergencias, los programas de prevención aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, la adquisición de equipamiento tecnológico, la adquisición y/o remodelación de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales”.

El Fondo de Emergencia y Asistencia fue creado en agosto de 2016 mediante el decreto 908, y el dinero que el Gobierno destinó originariamente para ese fin, de unos 4.500 millones de pesos, fue creciendo por los intereses financieros y una parte ahora se usará para un caso de epidemia, tal como fue concebido. Su utilización, anticipada por Infobae el 17 de marzo, era el as en la manga del sindicalismo en caso de que el Gobierno no encontrara de dónde sacar plata para compensar la drástica caída en la recaudación de las obras sociales por el parate que ocasionó la cuarentena.

De todas formas, la CGT había pedido 45.000 millones en tres cuotas para cubrir la caída en los aportes para las obras sociales. La cifra parecía exagerada, pero, según los sindicalistas, estaba en sintonía con la recaudación del sistema de seguridad social: en el mes de febrero ingresaron aportes a las obras sociales por unos 34.000 millones de pesos. Y la reducción que se produjo por la parálisis de la actividad debido al aislamiento osciló entre el 50% y el 70% de su nivel habitual.

La flamante resolución 941 dispone en su artículo 2° que el monto del apoyo financiero “será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 23.660 (de obras sociales) y aportes del artículo 39 de la Ley Nº 24.977 (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes) durante el mes de marzo de 2020, y la recaudación percibida durante el mes de abril de 2020, de conformidad con la información que brinde la AFIP”.

Esto significa que el dinero se repartirá a cada obra social en función de la baja en la recaudación que figura oficialmente en los registros de la AFIP: “Si una obra social tiene certificada una caída del 70%, recibirá una compensación por ese porcentaje, y si alguna no tuvo ninguna alteración, no recibirá nada”, les había prometido a los sindicalistas el ministro de Salud, Ginés González García, cuando el 23 de abril, en una videollamada, habló de una ayuda adicional para las obras sociales mediante un DNU.

De esa forma, el criterio de distribución de los fondos será transparente y automático en la medida en que figure en los registros de la AFIP, con lo cual se evitará cualquier polémica sobre manejos discrecionales para el reparto del dinero, como sucede desde hace dos meses con el reparto de las partidas del Fondo de Redistribución que el Estado les debe a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad. En marzo y abril se devolvieron 2.800 millones y 4.000 millones, respectivamente.

En el caso de la ayuda adicional que dispuso la resolución 941, esa plata servirá para pagar no sólo el sueldo a los empleados de las obras sociales, sino también todos los gastos que tengan vinculados con las clínicas, los sanatorios, los medicamentos y los gastos normales, incluso los salarios de los médicos y los enfermeros en el caso de los que posean efectores propios.

En el artículo 3°, la resolución establece que “el apoyo financiero no exime a los empleadores o sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes de abonar los aportes y contribuciones a que se encuentren obligados en virtud de la normativa que les resulte aplicable”, mientras que el artículo 4° afirma que “los agentes del Seguro de Salud deberán destinar la totalidad de los fondos recibidos (...) a la prestación de servicios de atención de la salud a sus beneficiarios”.

A partir del avance del coronavirus, la cuarentena obligatoria paralizó prácticamente la actividad económica en muchos sectores, por lo que los sindicatos y las obras sociales dejaron de cobrar gran parte de los aportes legales para financiar esas estructuras. La Federación de Empleados de Comercio, la más numerosa del país, recaudaba mensualmente 2.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales y obra social, y esa cifra cayó un 40%, mientras mantiene un plantel de 4.000 trabajadores del sindicato en todo el país y una cifra similar que se desempeña en la obra social, OSECAC, que tiene más de dos millones de beneficiarios.

Las obras sociales le brindan prestaciones médicas a 14 millones de personas en toda la Argentina y el Gobierno apuró la asistencia financiera del sistema sindical de salud porque, según se estima, será clave para atender el mayor número de pacientes que habrá en el país cuando se produzca el pico de casos de coronavirus.

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