La CGT se entusiasmó este jueves con la noticia de que la semana próxima mantendrá una reunión con el gabinete socioeconómico para avanzar en su idea de definir medidas dirigidas a reactivar la economía cuando se levante la cuarentena.
Allí, la dirigencia sindical quiere llevar una serie de propuestas orientadas a poner en marcha al sector industrial, la construcción y el comercio, tres de los sectores más castigados por los efectos del aislamiento en la economía y en el empleo.
Será una suerte de reunión ampliada de la que mantuvo la central obrera el 28 de mayo con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en la que se dio el primer paso para empezar a discutir el día después de la cuarentena.
La novedad fue uno de los ejes de la reunión que mantuvo la mesa chica de la central obrera, en la Federación de Sanidad, donde también se hizo un repaso del impacto de la crisis económica en la recaudación de las obras sociales y se acordó que la semana próxima convocarán a una reunión del consejo directivo ampliado para debatir algunos de los temas que más preocupan, como los datos desalentadores de la economía, las propuestas sindicales para superar la crisis y la postura sobre el teletrabajo.
En realidad, la expectativa pasaba por tener esta semana una reunión con Alberto Fernández luego de que el propio Presidente, durante la conferencia de prensa en la que anunció la nueva etapa de la cuarentena, dijo que tenía previsto ver a la CGT.
Los dirigentes gremiales le propusieron al Gobierno que se creara un “comité post pandemia”, al que también se sumarían distintos sectores empresariales, con el fin de debatir medidas concretas para reactivar la economía, pero solicitaron que no tuviera muchos integrantes para evitar discusiones extensas y así consensuar medidas de manera más rápida.
La CGT ya habló la semana pasada sobre este mismo tema con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en la Casa Rosada, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso de la Nación.
Moroni busca analizar con la CGT los cambios que se proyectan en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), ya que el Gobierno comenzó esta semana a estudiar la posibilidad de convertir en un préstamo ese subsidio que se paga desde abril a las empresas en crisis para que puedan pagar el 50% de los sueldos.
Mientras tanto, los jefes cegetistas se proponen intensificar sus contactos con los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para tratar de alcanzar acuerdos mínimos en temas vinculados con el empleo y los salarios. Uno de los puntos que ya analizaron informalmente es el medio aguinaldo de junio, cuyo pago se complicará en muchas empresas debido al parate económico.
Las primeras señales sobre el aguinaldo fueron desalentadoras para la dirigencia cegetista. En Mendoza se anunció que se pagará a los estatales de manera escalonada, primero a los sueldos más bajos y en último término a los funcionarios de salarios más altos, mientras que el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, advirtió que los negocios del sector están “en una situación difícil” y que intentarán pagarlo “en cuotas”. “Puede ser que cierren 40.000 comercios por la crisis”, dijo.
Hace 48 horas, Moroni dijo que el Gobierno “no está pensando en nada que signifique prorrogar o diferir” el pago del medio aguinaldo de junio y destacó que “la norma es la que está vigente”.
Acerca de la posibilidad de que la UIA y la CGT logren un acuerdo marco sobre el pago del aguinaldo similar al que firmaron por las suspensiones, el ministro dijo: “No es un tema que esté pensando el Gobierno si hay acuerdos generales o parciales por empresa”, dijo, y cuando se le preguntó si la cartera a su cargo podría convalidar un convenio de esas características, señaló: “Hay que verlo. No es un tema para plantear con carácter general”.
El problema es que el programa ATP no se destinaría en junio al pago de los aguinaldos, pero sí a abonar la mitad de los sueldos de las empresas que estén en apuros por la profundización de la crisis económica.
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