El ministro de Justicia bonaerense aseguró que "no hay un plan para liberar detenidos” durante la pandemia de coronavirus

En medio de las críticas recibidas desde diversos sectores por los planes para liberar presos durante la pandemia de coronavirus, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, negó que exista un plan del gobierno bonaerense para excarcelar detenidos.

“Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”, expresó Alak a través de su cuenta de Twitter.

Las palabras del ministro provincial llegaron luego de varias revueltas en unidades penitenciarias de la provincia y después de que la legisladora provincial de Juntos por el Cambio Felicitas Beccar Varela denunciase que el Gobierno tiene un plan para liberar a los presos para formar “patrullas que amenacen a jueces” y expropien el capital.

En un audio de WhatsApp que se viralizó, Beccar Varela sostuvo que los recientes motines que se levantaron en cárceles son parte de ese supuesto acuerdo. “Los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital”. “Te van amenazando, no es joda”, alertó y trazó un paralelismo con Cuba que “tenía militarizados a todos los jóvenes”.

Alak lo desmitió e indicó que “los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales”.

Es por eso que, subrayó el funcionario de Axel Kicillof, “el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad”.

Los sucesos ocurridos en la cárcel federal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, impulsaron el avance de las excarcelaciones. Tras varias horas de tensión, violencia y reclamos, un comité de líderes de los pabellones de ese penal, jueces, integrantes del Servicio Penitenciario y entidades de derechos humanos lograron llegar a un acuerdo para terminar con el salvaje motín.

Los detenidos consiguieron que los funcionarios prometieran revisar la situación procesal de "la población en riesgo sanitario (mayores de 60 años y enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria), personas en término de libertad condicional y asistida, aquellos que tenían salidas transitorias otorgadas, condenados no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”.

Un hábeas corpus colectivo que habilitó el juez de Casación Bonaerense, Víctor Violini, y que fue presentado a comienzos de abril por cerca de 19 defensores oficiales determinó que las liberaciones durante la pandemia podrán producirse siempre que los reclusos estén acusados o condenados por delitos no violentos o leves, con penas de hasta seis años de cárcel.

Según el criterio de los impulsores del hábeas corpus, un total de “1.500 a 2.000 detenidos” estaban en en condiciones de ser liberados de las cárceles bonaerenses, comisarías e instituto de menores. La expectativa fue recortada poco después. Hasta comienzos de abril se contaban cerca de 400 excarcelaciones, de acuerdo a las cifras de la Justicia provincial.

En relación al tema, desde la bancada de diputados de Juntos por el Cambio solicitaron con carácter de “urgente” que sea Alak citado para que en la Cámara baja brinde explicaciones sobre las gestiones en curso en relación a los internos de las unidades penales.

“La situación de las cárceles en la Provincia requiere de la atención de todos, pero la solución no puede ser abrir las puertas de los penales sin buscar otras alternativas”, anticipó el sector que conduce el legislador bonarense Maximiliano Abad. “La pandemia del Covid-19 no puede convertirse en una excusa para excarcelar a presos con causas por delitos contra la vida, la integridad sexual, de género, con uso de armas, de corrupción, entre otros, y sin un mínimo de control ni atención a la delicada situación de las víctimas”, advirtieron en el escrito.

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