
Tras varias horas de tensión, violencia y reclamos, el pasado 25 de abril un comité de líderes de los pabellones de la cárcel de Villa Devoto, jueces, integrantes del Servicio Penitenciario y entidades de derechos humanos lograron llegar a un acuerdo para terminar con el salvaje motín que un grupo de presos había comenzado una horas antes en ese penal.
Los detenidos consiguieron que los funcionarios prometieran revisar la situación procesal de "la población en riesgo sanitario (mayores de 60 años y enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria), personas en término de libertad condicional y asistida, aquellos que tenían salidas transitorias otorgadas, condenados no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”.

El objetivo de quienes comenzaron la revuelta es que a todos aquellos privados de su libertad alojados en este lugar y que cumplan con los requisitos antes mencionados, puedan acceder a la prisión domiciliaria o a otros medios para evitar contagiarse de coronavirus.

“Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando. No pedimos escaparnos, no queremos que nos maten, pedimos salud y el derecho a la vida. No queremos que nos encierren para morir como ratas, no queremos morir”, explicaba a Inbofae Carlos Ojeda, uno de los condenados que cumple su pena en este establecimiento, mientras todavía estaban los disturbios y el acuerdo estaba lejos de alcanzarse.

Para organizar el motín, los reos utilizaron los teléfonos celulares que las autoridades les habían entregado para que pudieran comunicarse con sus familiares, ya que las visitas presenciales habían quedado suspendidas a raíz de la pandemia.

Los incidentes duraron todo un día. En esas horas, los canales de televisión mostraban las imágenes de los presos subidos a lo alto del penal de Devoto, amotinados, arrancando las chapas del techo, lanzando colchones incendiados al patio, manipulando bengalas de humo y batiendo cuchillos caseros atados a palos de escoba como si fuesen lanzas.

Luego de un tiempo de tensión, el comité interdisciplinario acordó que se revisará la situación procesal de los detenidos más sensibles, los grupos de riesgo frente al coronavirus. No se pactaron libertades ni salidas inmediatas. Hubo, sí, un compromiso a analizar la situación luego de la violencia que dejó a 11 penitenciarios con quemaduras y a seis detenidos internados.

Posteriormente, fueron incluidos los grupos de mujeres con niños y embarazadas, extranjeros con trámite de expulsión y personas que fueron condenadas bajo régimen penal de menores en violación a a los derechos humanos.

Luego del diálogo entre las partes, terminó el motín, pero quedaron los destrozos: paredes rotas, ambientes completamente desordenados, elementos quemados y tirados en el suelo, además de una grave situación edilicia en general, como se puede observar en las fotos exclusivas de este medio.

Este domingo, en tanto, fuentes del Servicio Penitenciaro Federal confirmaron la existencia de dos casos de detenidos infectados de COVID-19 en el penal. Uno de ellos, Nicolás Cardozo, es el joven que cayó desde uno de los techos de la cárcel durante los disturbios. El segundo infectado, Roberto Fontana, estaba pronto a recuperar su libertad. Ambos se encuentran internados en distintos hospitales.

“Estuvimos con personal del Ministerio de Salud. Nos dijeron que el virus ya entró al penal. A partir de esto se van a tomar las medidas necesarias para que no nos sigamos contagiando. Cada persona que tenga algún síntoma será aislado acá mismo en Devoto. La verdad que todo esto son muy malas noticias”, dijo a Infobae uno de los referentes de los pabellones, que estuvo presente en la reciente reunión con las autoridades penitenciarias.

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