El Gobierno le confirmó a la CGT que habrá un DNU para brindar una millonaria ayuda al sistema de obras sociales

Luego del pedido urgente que formuló la CGT, el Gobierno ya está redactando el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establecerá una multimillonaria asistencia adicional para las obras sociales, que están en una severa crisis por la caída de la recaudación (de entre un 50% a un 70%) que provoca la paralización de la actividad económica por la cuarentena.

Aún no está definido el monto del auxilio estatal, pero la central obrera solicita 45.000 millones de pesos en tres cuotas de 15.000 millones cada una. La cifra reclamada es muy importante, pero, según los sindicalistas, está en sintonía con la recaudación del sistema de seguridad social: en el mes de febrero ingresaron aportes a las obras sociales por unos 34.000 millones de pesos.

La confirmación de la ayuda para las obras sociales fue realizada este miércoles por el ministro de Salud, Ginés González García, durante una videollamada con los dirigentes del consejo directivo de la CGT, de la que sorpresivamente pidió participar para comunicarles la novedad de que se está elaborando el DNU para instrumentar los pagos adicionales.

La dirigencia cegetista quedó conforme cuando el titular de Salud les leyó el primer artículo del borrador del DNU: allí se establece “un apoyo financiero de excepción destinado a mitigar el impacto en la caída de la recaudación de los agentes del seguro de salud y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, y el pago en tiempo y forma oportuna a los servicios y prestadores privados”.

Una vez que terminó de leer, el ministro recibió el agradecimiento (que se hizo extensivo al Presidente) por parte del cotitular de la CGT Héctor Daer y de José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, el dirigente que más conoce del sistema de obras sociales.

Según les aseguró el ministro a los representantes de la CGT, la ayuda adicional del Estado para las obras sociales sería aportada por la Tesorería Nacional, a través del Ministerio de Economía, y se haría efectiva en los meses de mayo, junio y julio para compensar la caída de la recaudación de abril, mayo y junio, ya que se liquida a mes vencido.

Ginés González García explicó que los fondos que fijará el DNU se repartirán a cada obra social en función de la baja en la recaudación que figura oficialmente en los registros de la AFIP: “Si una obra social tiene certificada una caída del 70%, recibirá una compensación por ese porcentaje, y si alguna no tuvo ninguna alteración, no recibirá nada”, les prometió.

Las partidas adicionales que establecerá el Gobierno servirán para pagar no sólo el sueldo a los empleados de las obras sociales, sino también todos los gastos que tengan vinculados con las clínicas, los sanatorios, los medicamentos y los gastos normales, incluso los salarios de los médicos y los enfermeros en el caso de los que posean efectores propios.

Los sindicalistas mantuvieron un contacto virtual para analizar los resultados de la videoconferencia realizada el martes entre la CGT, la UIA y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, en donde hablaron sobre el Decreto 376, que un sistema de asistencia salarial para las empresas y una reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.

Una de las cuestiones que le planteó la CGT a Moroni fue justamente algo que no está incluido en el Decreto 376: quién se hará cargo de abonar los aportes sindicales y los correspondientes a las obras sociales. El ministro de Trabajo les aseguró que el total de los aportes para la seguridad social lo tienen que hacer las empresas, como hasta ahora.

Desde que avanzó la pandemia, la central obrera había logrado que el Gobierno destrabara el pago de 4.800 millones de pesos que les debía a las obras sociales (sobre un total retenido de 15.000 millones de pesos) en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad. A fines de marzo, la Superintendencia de Servicios de Salud les pagó 2.800 millones de pesos a las obras sociales y se espera que antes de que termine abril les pagará otros 4.000 millones.

Esos depósitos del llamado Fondo de Redistribución están retenidos desde hace años por distintos gobiernos y corresponden a aportes provenientes de los trabajadores por prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado, ya pagadas por las obras sociales.

Los sindicalistas se quejan de que otro de los problemas que tienen las obras sociales es la atención médica de los monotributistas, que aportan $1.041 por mes para tener la cobertura de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), mientras que a un empleado en relación de dependencia se le descuenta casi el doble para el sistema de salud.

A partir del avance del coronavirus, la cuarentena obligatoria paralizó prácticamente la actividad económica en muchos sectores, por lo que los sindicatos y las obras sociales dejaron de cobrar gran parte de los aportes legales para financiar esas estructuras.

Se estima que hay una caída de la recaudación que oscila entre un 50% y un 70%, por lo que los sindicalistas están en apuros para poder pagar los sueldos y los gastos de mantenimiento de los sindicatos y de las obras sociales. Hay gremios que mantienen estructuras muy importantes, como, por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio, la más numerosa del país, que recaudaba mensualmente 2.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales y obra social, y ahora esa cifra cayó un 40%, mientras sigue manteniendo un plantel de 4.000 trabajadores del sindicato en todo el país y una cifra similar que se desempeña en la obra social, OSECAC, que tiene más de dos millones de beneficiarios.

Las obras sociales le brindan prestaciones médicas a 14 millones de personas en toda la Argentina y el Gobierno apura la asistencia financiera del sistema sindical de salud porque será clave para atender el mayor número de pacientes que habrá en el país cuando se produzca el pico de casos de coronavirus.

La CGT difundió un comunicado de tono crítico el jueves pasado, luego de una reunión de unos 20 dirigentes por videollamada, en el que señaló que "resulta imperativo garantizar el financiamiento adecuado de las obras sociales para garantizar la atención de todos los trabajadores”.

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